Katherine Escalona M.

A raíz del conocido caso del Programa de Generación de Empleo y el caso de fraude en la Intendencia Regional 1 y 2, el fiscal regional, Pablo Gómez, determinó a fines del año 2014 poner en funcionamiento en Valparaíso la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) a cargo del fiscal Claudio Rebeco, experto en delitos económicos y delitos funcionarios, y el fiscal Patricio Toro quien trabajaba en el Ministerio Público de Viña del Mar en el mismo tipo de investigación.

La acción nace por el fenómeno de la corrupción en la zona, lo que significó - en su momento-, según explicó Rebeco, realizar las complejas investigaciones por parte de los persecutores, lo que generó, algún grado de distorsión en el trabajo operativo de la Fiscalía Local. Dada está situación, ahora las causas son trabajadas de forma directa por la URAC, unidad que mantiene - después de más de un año y medio de funcionamiento- alrededor de 50 investigaciones por corrupción y delitos económicos a nivel regional.

Casos comunales

De estos casos, por el grado de complejidad investigativa, los montos de dineros involucrados y la cantidad de personas que participan de algún tipo de delito, la URAC describe seis casos de mayor connotación. Sin embargo, entre estos destacan tres hechos ocurridos en diferentes comunas de la región: Putaendo, Nogales y Viña del Mar.

El caso más cuantioso en esta materia, por estar comprometida una suma de $4 mil millones, es el denominado caso de la empresa Pixels, que se adjudica una licitación para el mejoramiento del hospital Psiquiátrico Philippe Pinel de Putaendo, firmado en diciembre del 2013.

En este caso, la URAC detecta, en el transcurso de la investigación, que la citada empresa incorpora certificados de capital comprobado dando cuenta de una solvencia económica que no tenía, lo que les permitió obtener boletas de garantía por anticipo, dineros que fueron cobrados, dejando estas obras inconclusas. Además, se detectó que Pixels presentó boletas de garantía falsas.

En este hecho fueron formalizados, en septiembre del año pasado dueños de la empresa Matías Gómez Cousiño y Víctor Hurtado Cosmelli, por los delitos de estafas reiteradas y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso. Ambos quedaron con medidas cautelares.

Sin embargo, dado el avance de la investigación y nuevos datos en la carpeta investigativa, la Fiscalía determinó solicitar una formalización adicional de una nueva responsabilidad penal.

La URAC confirmó que tras los nuevos antecedentes se logró una ampliación del plazo investigativo porque la empresa habría presentado licitaciones a lo largo del país con prácticas similares por lo que se mantiene una coordinación nacional por este caso.

El segundo caso de connotación regional es la conocida causa penal que involucra a la Municipalidad de Nogales. En este hecho, la Fiscalía solicitó una audiencia de formalización que se llevará a cabo el 8 de junio, oportunidad en donde se presentarán antecedentes en contra de 3 funcionarios municipales; entre ellos, el alcalde, Óscar Cortés, por malversación de caudales públicos.

En el caso, la unidad especializada en corrupción detectó desvíos de dineros a partir de cuentas corrientes de la Municipalidad por un monto de $228 millones.

Mientras el tercer caso, por el número de personas defraudadas (más de 60) y la cantidad de lo recaudado, $800 millones, corresponde a la conocida estafa de los departamentos inexistentes que vendía de forma fraudulenta un exfuncionario del Departamento de Abastecimiento de la Municipalidad de Viña del Mar, Sebastián Rojas Salas.

En este caso, hace un par de semanas ya se formuló la acusación por parte del Ministerio Público en contra de cuatro imputados por lo que la Fiscalía está a la espera de la audiencia de preparación del juicio oral.

Para Sebastián Rojas Salas el persecutor pidió 12 años de cárcel por estafa reiterada y 3 años y un día por el delito de uso malicioso de instrumento mercantil, mientras que para Patricio Contreras fueron solicitados 8 años, para Polonia Contreras 4 años al igual que para Benigna, la funcionaria de la Notaría Veloso. Todos ellos habrían reforzado la estafa.

En este caso, la preparación de juicio - preliminarmente porque hay una solicitud de reapertura de una defensa - sería para el 9 de junio.

Casos regionales

Dentro de los casos regionales el primero que se mantiene en diligencia es la arista del caso a la Intendencia 2 donde está siendo investigado el exconsejero regional, Christian Urízar. En este hecho, la Fiscalía informó que ha concentrado esfuerzo para el desafuero del diputado, acción que está en etapa procesal pendiente ante la solicitud que realizó el abogado del parlamentario ante el Tribunal Electoral (Tricel).

Cabe recordar que en este caso, en un fallo dividido la Corte de Apelaciones rechazó la solicitud de desafuero por lo que el Ministerio Público apeló al igual que el Consejo de Defensa del Estado a la Corte Suprema.

La apelación fue declarada admisible, pero está suspendida por la solicitud de la defensa del diputado Urízar de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad por estimar que la norma del Código Procesal Penal, que declara procedente la apelación, sería inconstitucional porque contradice una norma interna.

Sin embargo, sobre este caso la URAC advirtió que "vamos a agotar todos los recursos para que en definitiva se nos permita llevar a juicio este caso que involucró al exconsejero regional Urízar porque efectivamente nosotros estimamos que hay hechos graves y nuestro interés es llevarlo a juicio".

La acusación que establece el Ministerio Público es este caso es por el delito de fraude al fisco cometido en el contexto de 10 proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que estiman que fueron sobrevalorados en su presentación y rendición lo que generó un perjuicio fiscal de cerca de los $60 millones.

Si bien, los casos mencionados hay configuración de delito y montos defraudados, existen dos casos de importancia para la Fiscalía que aún están en proceso de investigación.

El primero de ellos es el caso del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) por el programa "Reencantate con Quintero Puchuncaví", donde un informe de Contraloría reveló sobrevaloración en los costos.

Tras esto, la Fiscalía sigue la investigación y amplió diligencias investigativas en torno a la revisión de cuentas bancarias. En este hecho, ya se efectúo la nueva declaración de Claudia Varas, representante de la empresa "Bendita Productora" para aclarar la presunta sobrevaloración de costo. Aún en el caso no hay configurado un delito ni hay formalizados debido a que faltan diligencias investigativas.

En la misma condición del caso Sernatur, se encuentra la investigación de la contratación de la empresa APG por parte de la seremi de Salud de Valparaíso.

Este hecho "está con varias diligencias investigativas en curso. Básicamente lo que nosotros investigamos a partir de la querella que formuló Yuri Arancibia y una querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado", dijo Rebeco.

Esto, por presuntos pagos mensuales que habría realizado la empresa APG a asesores del exseremi de salud, Jaime Jamett, acción que se puso en duda en las querellas presentadas.

En este caso, ya fue a declarar una de las involucradas mientras prontamente se citará a declarar al segundo asesor. Mientras el proceso no se complete, afirmó el MInisterio Público, no habrán formalizaciones o algún delito en el caso.

Coordinación

Dada la complejidad de los casos los fiscales Rebeco y Toro confirmaron que para las llevar a cabo las investigaciones existe una coordinación permanente con la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado y las policías.

"Junto a nosotros hay una serie de profesionales que nos entregan la información que requerimos para las investigaciones, son instituciones bastantes colaborativas. La colaboración de estos organismos incide en los tiempos de investigación y hay reuniones permanentes de coordinación", reconoció el fiscal Patricio Toro.

En base a esta estrategia, la Unidad acoge las investigaciones y realiza una coordinación permanente, considerando que ambos fiscales están prestando colaboración investigativa al fiscal regional en el caso SQM.

"Estamos apoyando al fiscal regional en SQM y estamos haciendo esfuerzos de coordinación con Contraloría, que de manera inédita, nos ha ayudado a coordinar algunas diligencias investigativas, además estamos con trabajo en coordinación con el Consejo de Defensa del Estado y también con algunos otros organismos, donde surge el hecho denunciado. El trabajo de las policías la Brigada de Delitos Económicos que se reforzó para apoyar a la URAC ha tenido buenos resultados", destacó Rebeco.

Cuando se recibe una denuncia en la unidad especializada, afirmaron los persecutores, "se trabaja en forma permanente con los funcionarios técnicos del servicio y los funcionarios policiales, quienes ven el caso y determinan, en conjunto, las diligencias a seguir".

"En una primera reunión, definimos para dónde puede ir esto y se construye la orden de investigar en conjunto", afirmó.

Imputados Y POLÍTICA

En relación a los delitos de corrupción, los fiscales de la URAC reconocieron que en el tiempo que llevan funcionando como unidad han podido dilucidar que los casos están estrechamente ligados a funcionarios públicos y personeros políticos desde Chile Vamos a la Nueva Mayoría.

"Normalmente lo que se investiga son adjudicaciones en el marco de procesos de licitación, lo que obliga siempre a estar atento a las bases que se presentaron al proceso; hay mucha información y documentación que llega a las carpetas que necesitan ser investigadas para ver si tienen relevancia penal", precisó Rebeco.

La complejidad "es la calidad de las personas investigadas que muchas veces son funcionarios públicos, autoridades o personeros políticos que no siempre están dispuestos a declarar y si lo hacen tampoco es posible contar de inmediato con toda la información", agregó.

Sin embargo, en el proceso de investigación hay pruebas indirectas que sí han logrado dar cuenta que la persona sí tenía conocimiento del ilícito y algún tipo de participación en el caso.

Rebeco explicó que la complejidad y hermetismo en la información que hay en este tipos de delitos están dados "en estructuras donde hay ciertas lealtades, operarios políticos que no están dispuestos a entregar información de quién está detrás del ilícito".

Ante esto, los esfuerzos son constantes y se amplían varias diligencias investigativas para poder ver si se configura algún tipo de delito o no.

En relación a los tiempos, además se estableció que la entidad tiene un plazo de investigación de dos años, lo que está establecido en la ley la misma que los faculta para separar investigaciones o juntar causas si lo estiman conveniente.

En las mesas de trabajo, dijo Rebeco, "queda delineada una ruta de investigación, sin embargo, esa ruta no es rígida porque suelen surgir antecendentes que nos pueden llevar a otra arista. Si no tiene vinculación con el hecho se genera otra carpeta investigativa, y eso está dentro de las facultades legales".

Y subrayó que hay "personas investigadas en todo el espectro político. Mientras nosotros investigamos funcionarios públicos en términos generales, es evidente la conexión que hay con ciertos actores políticos también y hemos tenido investigaciones en donde se ha tratado de dineros desviados para financiamiento de campañas, pero nuestras investigaciones han alcanzado personeros de todo el abanico político, desde de derecha a la Nueva Mayoría".

Por su parte, el fiscal Toro precisó que pese a que los funcionarios son investigados, lo que se presentan en los casos son hechos y denuncias constitutivas de algún tipo de delito de corrupción.

"Lo que nos presentan a través de las denuncias son hechos, primero determinamos si son o no constitutivos de delito, y si concluimos el delito y si estos resultas ser funcionarios públicos, se investiga. Se han vistos involucrados personeros y funcionarios públicos", concluyó.