José Luis Santa María Zañartu

Con la convicción de que para vivir en un ambiente de confianza, participación ciudadana y democracia, se requiere fortalecer el conocimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, es que el Consejo para la Transparencia inició la creación de Observatorios Regionales de Transparencia.

Esta iniciativa, que será liderada por una Universidad local, tiene por objetivo constituir grupos de ciudadanos que tendrán por misión verificar el nivel de cumplimiento de transparencia de las instituciones públicas regionales y de promoción del derecho a acceder a información pública por parte de las personas.

El proyecto busca que, desde dichos observatorios, se puedan impulsar mejores prácticas por parte de los organismos del Estado y, a su vez, las universidades puedan obtener insumos para el desarrollo de docencia, investigación y extensión en la temática, promoviendo así, la instauración de una cultura de la transparencia.

A su vez, la iniciativa contempla la entrega de capacitación a las casas de estudios para que puedan verificar el cumplimiento de transparencia de instituciones públicas regionales, cuyo beneficio directo será el de empoderar al grupo de observadores en el Derecho de Acceso a la Información y motivar la consecución de buenas prácticas de transparencia.

Los primeros pasos ya los dimos, mediante la firma de convenios, con las universidades de Talca y Católica de Temuco, a las que se sumará prontamente el plantel de Los Lagos, en Puerto Montt.

Con esta iniciativa esperamos generar cambios positivos en la gestión de transparencia de los organismos públicos en regiones, empoderar a la sociedad civil en su rol de control social basado en la transparencia, otorgar pertinencia regional al derecho de acceso a la información pública y propiciar la generación de redes en torno a esta materia.

Las expectativas con esta innovadora iniciativa es que los observatorios regionales, una vez consolidados, actúen con autonomía y en colaboración con el Consejo en el rol de promover la institucionalización de una cultura de transparencia en el país, garantizando el derecho de acceso a la información pública.

Iniciativas y herramientas innovadoras como éstas y otras que está desarrollando el Consejo para la Transparencia son una contribución que se hace cargo de la demanda ciudadana por avanzar en recuperar la confianza y credibilidad de las instituciones.

Después de dos semanas de conflicto, el ministro coordinador para la marea roja, Luis Felipe Céspedes, anunció ayer que comenzaron a normalizarse las actividades en las seis localidades de Chiloé que el sábado llegaron a un acuerdo con el Gobierno.

Tras reunirse con las Fuerzas Armadas y de Orden para coordinar el reabastecimiento de la Isla Grande, la autoridad informó que las clases se retomarán hoy en Castro, Dalcahue, Puqueldón, Quinchao, Queilén y Curaco de Vélez, al igual que los pagos del Instituto de Previsión Social (IPS).

"Estamos hablando del abastecimiento de alimentos, del funcionamiento de los servicios públicos, de provisión de alimentos y combustible. El objetivo de la reunión fue coordinar todas aquellas acciones que nos permitan restablecer el normal funcionamiento para el bienestar de la gente", explicó el titular de Economía.

El intendente de la Región de Los Lagos, Leonardo de la Prida, manifestó que la idea es que hoy se retomen las actividades escolares, interrumpidas por las manifestaciones y los bloqueos de caminos.

De la Prida informó, además, que se instruirá al IPS para que los pagos se realicen en las oficinas de la caja de compensación Los Héroes.

"Eso significa que casi cinco mil personas podrán hacer uso de ese beneficio a partir de este lunes", aseguró la autoridad regional. "Ellos pueden ir a cualquier sucursal y cobrar los dineros que le corresponden", agregó.

De la misma forma, explicó, se iniciará el pago del Bono de Invierno que entrega el Gobierno.

Hasta ayer habían llegado dos camiones con combustible a Castro, los que abastecerán a servicios públicos, ambulancias, Carabineros, Bomberos y los vecinos de las localidades.

"La idea es que se use en forma razonable. La idea no es que los estanques se llenen, sino que se haga un uso racional para que todos puedan acceder. La idea es volver a la normalidad", expresó el intendente.

El subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, reiteró la voluntad de seguir conversando para alcanzar acuerdos con los pescadores que aún se mantienen movilizados, como es el caso de los trabajadores de Ancud, quienes continúan con los cortes de caminos.

"Hay un proceso de diálogo con todos aquellos con los que aún no se alcanza un acuerdo. Persistiremos en este diálogo para acercar posiciones", dijo.

No obstante, el dirigente de los pescadores artesanales de Ancud Jaime González anunció que se retiraron de la mesa de diálogo con La Moneda. "Se cortaron las negociaciones (...) Las conversaciones en este minuto están cortadas", aseguró González a Emol, aunque no descartó que se puedan restablecer.

Según explicó, la decisión de salirse de la mesa obedece a que el bono del Gobierno, que actualmente es de $ 900 mil, no cubre a todos los afectados de la comuna.

"El Gobierno nos tiró un bono que no alcanza a ser el 12% de los pescadores artesanales afectados, de un universo de 4.637 inscritos en Sernapesca después de la marea roja. El bono es para el 12%, pero en realidad alcanza para el 8%", comentó.

El dirigente explicó que esta diferencia en la cobertura se debe a que los beneficios han sido entregados a quienes no le corresponde, como a algunos trabajadores de salmoneras o incluso de otras regiones de la zona austral del país. En el Ejecutivo han dicho, sin embargo, que los casos de entrega errónea del beneficio no superan el 0,08% del total.

En definitiva, los pescadores de Ancud piden un bono de término de conflicto de $ 300 mil, más cinco bonos mensuales por el mismo monto sin requisitos.

Pese al reclamo, el subsecretario Súnico advirtió que el monto del beneficio no aumentará.

"El monto del bono ya se ha suscrito con varias comunas y no habrá alteración en ese sentido", declaró Súnico.

No obstante, la autoridad de Gobierno indicó que "a lo que estamos disponibles, y así lo dijo la Presidenta de la República, es que utilicemos otros instrumentos que puedan ser más eficientes para resolver la situación de aquellos afectados como comunidades de pueblos originarios, donde hay elementos de Conadi que pueden colaborar".

"Hay zonas donde hay integración de actividades pesqueras con actividades agrícolas, y ahí existen instrumentos del Indap que pueden ayudar", detalló.

Hoy se espera que el municipio de Ancud acuda al Tercer Tribunal Ambiental, ubicado en Valdivia, con el fin de presentar una demanda contra la Armada y Sernapesca que pida investigar el vertimiento de toneladas de salmones en Los Lagos.