La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori calificó ayer de "guerra sucia" a una información difundida el domingo sobre una investigación que realiza el Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) al congresista reelegido y secretario general de su partido, Joaquín Ramírez.

"Tengo que ser suspicaz con esta denuncia... creo que es parte de una guerra sucia, que no es casualidad", expresó Fujimori desde la región sureña del Cuzco, donde ha cumplido actividades de campaña durante los últimos días.

Un reportaje del programa periodístico Cuarto Poder, de la cadena local América Televisión, recogió el domingo el testimonio de un piloto comercial peruano que reside en los Estados Unidos, quien aseguró que grabó unas conversaciones con Ramírez que dieron pie a la investigación.

Según el testigo, en una de las grabaciones Ramírez le dijo que recibió US$ 15 millones de Keiko Fujimori para financiar su campaña del 2011, que finalmente perdió ante el actual Presidente Ollanta Humala.

La DEA aseguró ayer en un comunicado que Fujimori no se encuentra actualmente bajo investigación ni ha sido nunca investigada por esta entidad de EE.UU., encargada de combatir el tráfico de drogas a nivel internacional.

El director de Investigación del canal estadounidense Univisión, Gerardo Reyes, negó intenciones políticas. "No tenemos compromiso con nadie. Nuestra primera función es contar la verdad, exponer hechos", remarcó Reyes a la radio peruana RPP.

5 de junio se realizará la segunda vuelta presidencial en Perú entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski.

44,1% de votos podría obtener Fujimori en los comicios, según un sondeo difundido por Ipsos el fin de semana.

Pamela De Vicenzi/Agencias

El Gobierno de Venezuela oficializó ayer la declaración del "Estado de Excepción y Emergencia Económica" por 60 días en todo el territorio, una norma con la que el Presidente de ese país, Nicolás Maduro, pretende hacer frente a supuestas amenazas a su administración, en medio de la presión opositora para convocar a un referendo revocatorio.

"Se declara el Estado de Excepción y Emergencia Económica (...) dadas las circunstancias de orden social, económico, político, natural y ecológico que afectan gravemente la economía nacional, el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación", señala el artículo 1 de la Gaceta Oficial difundida ayer.

Maduro anunció el viernes su decisión de decretar un estado de excepción que le diera "el poder suficiente" para, entre otros asuntos, hacer frente a un supuesto golpe de Estado que se planea desde el exterior en su contra, y en el que a su juicio estaría participando el ex Presidente colombiano Álvaro Uribe.

Esta norma da atribuciones "extraordinarias" a las autoridades para garantizar "incluso mediante la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana, con la participación de los Comité Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP) la correcta distribución" de productos de primera necesidad.

Además permite ordenar el desembolso de partidas extrapresupuestarias y se reitera la suspensión temporal de sanciones contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios.

La oposición venezolana afirmó que el referendo para cesar el mandato de Maduro dependerá de la "presión popular" que se ejerza sobre las autoridades.

Carlos Ocariz, vocero de la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para la solicitud del revocatorio, llamó a las autoridades a cargo de auditar las firmas recolectadas a "cumplir con su deber".

"Hay un Poder Electoral que, en teoría, es autónomo e independiente, a ese Poder Electoral es al que hay que obligar a que cumpla con su deber de ratificar el derecho del pueblo al referendo", sostuvo el también alcalde del municipio Sucre de Caracas al canal privado Globovisión.

Ocariz agregó que "la MUD ha anunciado que va a seguir presionando" al Consejo Nacional Electoral (CNE) a través de una alianza de partidos y con manifestaciones en las calles.

El edil recalcó que si bien las autoridades del Estado pueden manifestarse en contra del referendo revocatorio, dicha instancia "no depende de ellos, depende del pueblo".

"Depende del pueblo con la presión popular, depende del pueblo con la organización popular de manera pacífica para lograr que los poderes públicos funcionen", indicó.