Alexis Paredes R.

"La función fiscalizadora no sólo hay que cumplirla -sobre todo tratándose de temas de probidad- cuando se está a un lado de la calle y, cuando estamos al frente de la calle, guardamos silencio". Con esta frase el intendente Gabriel Aldoney respondió a la denuncia realizada por la consejera regional, Evelyn Mansilla (RN), ante eventuales delitos de fraude al Fisco y faltas a la probidad cometidas al interior del Gobierno Regional.

Dichos antecedentes fueron puestos a disposición de la Unidad Regional Anticorrupción y la Contraloría Regional y son parte de los informes realizados por el exauditor del Gore, Osvaldo Maldonado, que da cuenta de diversas anomalías en la adjudicación de proyectos de consultoría, así como también desorden administrativo y falta de rigurosidad en la asignación y rendición de fondos concursables con cargo al 6% del FNDR, con montos que superan los $ 1.700 millones.

Tras el retorno de sus vacaciones, Aldoney respondió a las acusaciones por un eventual Fraude 3 en la Intendencia Regional: "Lo que molesta a la ciudadanía es que cuando uno está en el Gobierno actúa de una manera (distinta) que cuando está en la oposición. Esta no es la actitud de muchos cuando fue el Fraude 2 a la Intendencia, en que se ocultaron informaciones, en que se trataron de evitar para que las investigaciones continuaran, etc.".

Junto con criticar cualquier tipo de aprovechamiento político en materia de probidad funcionaria, la autoridad regional enfatizó que "cualquier denuncia que tenga que ver con efectos que atenten con el cumplimiento de ciertos principios éticos o aspectos normativos que generen faltas a la probidad, de mi parte no van a tener ninguna excusa".

Aldoney afirmó que abordó el tema con el fiscal regional y el contralor (s), a quienes les manifestó que "cualquiera cuestión que ellos observen, que desde el punto de vista del Gobierno Regional, no se entreguen en forma oportuna y de manera completa los antecedentes que nos están pidiendo, se comuniquen directamente conmigo".

No obstante la gravedad de las denuncias realizadas por la consejera Mansilla, Aldoney aseveró que los informes entregados por el exauditor Maldonado no son concluyentes, ya que en ningún momento "señalan que el intendente tiene que tomar medidas porque aquí hay cuestiones que atentan contra la probidad y que aquí puede haber elementos que conduzcan al fraude".

Añade que, para el caso del informe sobre el 6 % del FNDR, se refiere a situaciones de "carácter administrativo, errores que puede cometer cualquiera y que no son aceptables tampoco, pero son probables errores administrativos. Ni siquiera insinúa de que el intendente haga un sumario al respecto".

En relación a la licitación de dos estudios territoriales y la asignación por trato directo de un estudio comunicacional, por un monto total de $ 172 millones, realizados a través de la División de Planificación y Desarrollo (Diplad), en los que el exauditor detecta eventuales irregularidades en la conformación de la comisión evaluadora, así como supuestas relaciones de amistad entre funcionarios de dicha repartición y las empresas adjudicatarias, junto a la existencia de "profesionales cruzados" entre las consultoras que ejecutan dichos trabajos, el intendente Aldoney aseveró que en ninguna parte de las conclusiones "el señor auditor, que fue suspendido de sus funciones, le recomienda al intendente que en función de estas dos adjudicaciones proceda a realizar un sumario". Agrega que el 4 de marzo pasado, Maldonado amplía el informe, incorporando en las conclusiones que "en las aristas Haza y empresa Signo Limitada se puede advertir una duda razonable respecto de los procesos licitatorios y de trato directo y a la relación que podría existir entre un miembro de la comisión evaluadora y algunos de los profesionales de las empresas mencionadas".

La autoridad cuestiona la calidad del informe realizado por el exauditor, enfatizando que "él hace una aseveración que, si leen el informe, en ninguna parte señala cuál es el parentesco y en función de qué él se basa para hacer una aseveración de este tipo".

Por tal motivo, argumentó, al asumir el nuevo jefe de la Diplad, Miguel Toledo, le solicitó que realizara un informe respecto a estos hechos, lo cual derivó en una investigación sumaria, la cual se elevó hace dos semanas a un sumario administrativo al interior del Gore.

La autoridad subrayó que las bases de las dos licitaciones cuestionadas fueron aprobadas durante la gestión de su antecesor, Ricardo Bravo, por lo cual seguirán con el sumario para aclarar dos aspectos: si el informe de adjudicación se ajustó a las bases de licitación y si existe un integrante de la comisión evaluadora que tuviese relación -parentesco o amistad- con alguien que se adjudicó los proyectos.

"Pediré que se aclare absolutamente este tema, no estoy para tapar nada en esta materia y tampoco estoy protegiendo a alguien"

Gabriel Aldoney, Intendente regional