Tiene toda la razón la comunidad del área Quintero-Puchuncaví para estar indignada y radicalizar su protesta. Es demasiado. Se trata de una zona castigada que carga sobre sus espaldas -sus habitantes, seres humanos- actividades peligrosas que atentan contra aguas, suelos y aire y, en último término, afectan la salud de las personas.
No es una novedad, es una larga historia con penosos episodios que se repiten, como el caso concreto del derrame de hidrocarburos ocurrido el fin de semana pasado en la bahía de Quintero, dejando huellas y daños en el fondo marino con proyecciones hasta ahora no bien determinadas.
En concreto, se trata de una falla en el proceso de entrega de combustible, aceite decantado, desde el terminal de Enap al buque tanque "Ikaros", con matrícula en Nassau, producto de exportación destinado a Centroamérica.
La empresa estatal propietaria del terminal, Enap, ha iniciado una investigación interna para establecer responsabilidades y, a la vez, suspendió de sus funciones al jefe de esa instalación marítima. También han emprendido investigaciones organismos públicos vinculados a la materia, en tanto la Municipalidad de Quintero emprende acciones judiciales.
Lo anterior corresponde que se haga; sin embargo, no ataca el problema de fondo: la falta de visión de la autoridad que a lo largo de años ha ido permitiendo que se superpongan en una zona reducida -el área Quintero-Puchuncaví- actividades peligrosas para las personas y el medio ambiente. Puede que cada una de esas actividades productivas, todas importantes y necesarias para el país, tengan medidas preventivas. Pero la suma de ellas, la congestión, crea un ámbito peligroso.
Han faltado aquí normas regulatorias para el uso del suelo, costa y fondo marino, fijando límites que eviten la congestión actual con los resultados conocidos. La reacción frente a este nuevo ataque al medio ambiente no se puede quedar sólo en sumarios, medidas preventivas y golpes en el pecho hasta de rango ministerial. Tampoco se puede caer nuevamente en un "pescado de frito" de mitigación donde se han esfumado recursos públicos.
Hay que acotar el daño y compensar a los afectados. Eso es insoslayable. Pero también hay que acotar el área que ya no acepta nuevas cargas y, si es necesario, buscar nuevas ubicaciones para las actividades que en forma reiterada golpean el sector, a sus habitantes y a sus actividades.
En el fondo, hay que establecer una política de equidad en que las cargas ambientales sean compartidas y no recaigan, por comodidad o economía, en un solo lugar, como es el caso del maltratado sector Quintero-Puchuncaví.