Alexis Paredes R.

Si bien concuerda con que la polémica surgida tras la alta tasa de libertades condicionales entregadas por comisiones de jueces con asiento en Cortes de Apelaciones, "debe ser zanjada por la ley", el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, calificó como "insuficiente" el proyecto presentado por un grupo transversal de parlamentarios, que establece que, en caso de que los reos tengan un informe desfavorable por parte de Gendarmería, no puedan acceder a este beneficio.

El ministro apuntó a la necesidad de implementar los Tribunales de Ejecución de Penas, con jueces exclusivamente abocados a revisar las sentencias que pesan sobre los internos, sin embargo reconoce que el alto costo de esta iniciativa es una de las barreras que impiden al Estado concretar la iniciativa. "La solución es que exista gente que haga un seguimiento de las penas hasta que se cumplan, puesto que las libertades condicionales son una forma de cumplimiento de las mismas", argumentó.

Dolmestch sostiene que la calidad de los informes técnicos de Gendarmería "deben ser mejorados", dejando la interrogante respecto a si la institución cuenta con la cantidad idónea de profesionales para trabajar en la elaboración de los informes, dando cuenta de "una falencia de medios" para dicho trabajo, que luego es parte de los antecedentes que se remiten a la Comisión de Libertad Condicional en las cortes.

La autoridad judicial calificó como "peligroso" que, en octubre próximo, cuando nuevamente sesionen las comisiones, "pueda existir una determinación que desequilibre la balanza respecto al cumplimiento de los requisitos objetivos que establece la ley para optar al beneficio de la libertad vigilada".

Durante la sesión de la comisión de Seguridad Ciudadana en la que el ministro participó como invitado, parlamentarios integrantes enfatizaron que si bien Gendarmería tiene un rol de custodio de los reos, su apreciación también debe ser considerada por la comisión que concede las libertades condicionales.

Parlamentarios

El diputado Guillermo Ceroni (PPD) resaltó que en las actuales condiciones de las cárceles de Chile, donde existen cerca de 50 mil internos, "es imposible estimar que las personas puedan estar rehabilitadas", dando cuenta que los requisitos que comprende el Decreto Ley 321, que data de 1925 y que contempla los requisitos que deben ser evaluados por la Comisión de Libertad Vigilada, no son parámetros acordes a la realidad actual.

Por tal motivo el presidente de la comisión, diputado Daniel Farcas (PPD), apuntó a mejorar la actual legislación, donde "sea vinculante el informe de Gendarmería en los casos donde se recomienda no dar el beneficio".

Doctrina jurídica

El ministro Dolmestch insistió que los fallos de la Comisión de Libertad Vigilada tienen un carácter jurisdiccional y no administrativo, por lo cual no existen medios de impugnación legal para las decisiones que toman los jueces.

"Debe haber un equilibrio entre los derechos que tienen las personas privadas de libertad para rehabilitarse y los deberes que tiene el Estado de facilitarles; también el equilibrio con la seguridad pública y eso solo puede ser a través de la ley", recalcó el presidente de la Suprema.

Respecto a las fórmulas que se buscan para reducir las facultades de la Comisión de Libertad Vigilada, Dolmestch fue categórico: "Para impugnar una decisión jurídica faltaría el requisito previo del agravio, quién tiene agravio con una decisión de esta naturaleza. Hay parlamentarios que dicen que es agraviada aún la persona que fue víctima del delito que ya está sancionado. Yo sostengo que no es tan simple aquello, o si no tendríamos un enemigo per se. Por algo ya lo condenaron".

"Consideramos que este proyectos es insuficiente todavía. Los tribunales de ejecución son una solución más radical, pero falta el financiamiento"

Hugo Dolmestch, Presidente de la Corte Suprema

"Nuestra propuesta es que cuando Gendarmería no recomienda que una persona salga en libertad, que eso sea vinculante"

Daniel Farcas, Comisión Seguridad Ciudadana

El de ayer fue un Concejo Municipal especial, pues fue el primer apronte entre los concejales y el alcalde Jorge Castro, tras la resolución que el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso estableció en su contra.

Con la satisfacción de no haber sido destituido de su cargo, y siendo solamente multado con el 15% de su sueldo, la máxima autoridad municipal porteña ingresó al municipio respaldado por el apoyo de sus simpatizantes, situación que generó un ambiente tenso entre Jorge Castro y los cuatro concejales que presentaron la acusación por notable abandono de deber y faltas graves a la probidad administrativa, quienes esperaban poder comentar el fallo del TER durante el desarrollo del Concejo.

Fue así como tras casi una hora y media, el alcalde cedió la palabra para que los ediles plantearan sus temas en la denominada Cuenta Presidente, espacio en donde la concejala Paula Quintana (PS), solicitó analizar la resolución del TER en contra de Castro, tema que finalmente fue negado por el alcalde porteño.

"Este es un tema importante para la ciudad, porque su alcalde está acusado por notable abandono de deberes, y aunque el alcalde ha tenido una impronta en los medios de comunicación distorsionando los contenidos, a mí me parecía que este espacio iba a ser la oportunidad para darle una lectura al fallo del TER, aprovechando el optimismo que el alcalde ha demostrado en el tema", puntualizó Quinta.

En esta línea, la concejala socialista agregó que presentarán una reposición ante el Tribunal Electoral Regional, y una apelación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

"Nosotros lo que buscamos es la destitución del alcalde, ese siempre ha sido nuestro objetivo y creemos que algunos puntos deben ser validados", finalizó Quintana.