Gobierno aplica Ley de Seguridad Interior del Estado y municipio anuncia querella criminal
INCIDENTES. Intendente afirmó que invocará esa legislación para perseguir las penas más severas, mientras desde la municipalidad adelantaron que buscarán las máximas condenas contra los causantes de la muerte, incendios y destrozos.
Una dura y enérgica condena generaron las autoridades locales y los propios convocantes de la marcha de ayer a los graves desmanes que terminaron con la vida del guardia municipal Eduardo Lara, provocaron el incendio de un edificio patrimonial y de dos locales comerciales, y generaron los severos destrozos en el mobiliario urbano, señaléticas y negocios ubicados en la avenida Pedro Montt. Los incidentes culminaron también con cuatro lesionados, entre ellos un bombero; y 37 detenidos, aunque según precisó el intendente Gabriel Aldoney, no hay certeza de que entre ellos estén los responsables de la muerte de Lara.
El jefe regional anunció que "dada la gravedad de los hechos, nosotros hemos tomado la decisión de solicitar la aplicación de la ley de Seguridad del Estado. Lo hacemos porque esto no solamente agrava las causas, sino porque permitirá que las investigaciones se hagan con la celeridad máxima y porque los procesos judiciales se enmarquen dentro de la máxima sanción que el sistema jurídico nos permite a nosotros como autoridades reaccionar frente a este hecho".
Desde el municipio, en tanto, la jefa del departamento jurídico, Jeanette Bruna, adelantó que interpondrán una querella criminal y perseguirán "a los responsables tanto directos como indirectos, no sólo al que tira la bomba, sino que a los autores intelectuales".
El intendente Aldoney precisó que Eduardo Lara falleció por asfixia y que el proceso de rescate fue dificultado por delincuentes que atacaron a bomberos mientras intentaban extinguir el incendio que en ese momento estaba situado en el primer piso, agregando que "también impidió que la ambulancia llegara más pronto al lugar, lo que probablemente hubiese facilitado o mejorado las posibilidades de que Eduardo no falleciera".
Consultado por las palabras del gobernador Jorge Dip, quien en la semana aseguró que estaban "preparados para cualquier evento", y tomando en cuenta que dicha promesa no se cumplió pues ayer Fuerzas Especiales no logró impedir que la turba dificultara el trabajo de bomberos y ambulancia, Aldoney sostuvo que "esa situación es la que vamos a tener que analizar una vez que concluyan los trabajos que la policía está haciendo al respecto. Yo le he pedido, tanto al general Barría como al prefecto de Investigaciones, que se concentren en la búsqueda de los antecedentes necesarios para poder dar inicio lo más pronto posible a la investigación del caso".Ante la consulta sobre la responsabilidad que le cabe a la autoridad gubernamental en las muertes de Eduardo Lara, Exequiel Borvarán y Diego Guzmán, y el grave estado en que quedó el estudiante Rodrigo Avilés, todos en Valparaíso en el último año, Aldoney afirmó que "nosotros como autoridad tenemos la obligación constitucional de garantizar la libre manifestación de las personas. Yo creo que aquí lo que hace falta es que los organizadores de esta manifestación también asuman la responsabilidad y condenen los hechos".
Precisamente una de las organizaciones que convocó a la marcha fue la CUT, cuyo presidente provincial de Valparaíso, Roberto Aravena, junto con entregar las condolencias a la familia del trabajador Eduardo Lara, señaló que "como Central Unitaria de Trabajadores, rechazamos profundamente estos actos de violencia contra una instalación privada y otra municipal. Exigiremos de los organismos competentes una investigación profunda sobre cómo funcionaron las medidas de seguridad durante la movilización que se realizó en Valparaíso".
Otra de las organizaciones que participó en la marcha fue el movimiento Izquierda Libertaria, que mediante una declaración pública señaló que "son completamente repudiables las acciones de una minoría que sin medir consecuencias atentan contra la vida y seguridad de cientos de manifestantes, así como la integridad de las y los trabajadores y ciudadanos que transitan por el centro de Valparaíso. Acciones de este tipo terminan justificando mediáticamente la represión y deslegitimando a las organizaciones sociales que se convocan para luchar por sus derechos".
A su vez, la Mesa de Izquierda de Valparaíso, que agrupa a seis organizaciones, como la UNE y la Izquierda Autónoma, afirmó que "condenamos y no alentamos el ejercicio de formas de violencia irracional que no responde a los intereses del pueblo y exigimos la realización de una investigación seria y acuciosa que dé con los verdaderos causantes de esta tragedia".
Asimismo, el presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, Ricardo Mewes, señaló que "una cosa es el derecho a manifestarte, pero otra grave es cómo un grupo de personas son capaces de atentar contra el derecho a la propiedad privada y especialmente al trabajo de cientos de personas", y advirtió de cómo esto afectará a la ciudad de ahora en adelante: "Lamentamos la imagen que queda de Valparaíso como ciudad patrimonial con hechos de esta envergadura. Esto tendrá un efecto ante nuestra economía ya deteriorada".
En el Congreso, en tanto, tras la cuenta pública de la Presidenta Bachelet, el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, se refirió al tema, señalando que "la muerte de don Eduardo Lara es un hecho absolutamente inaceptable, sin ninguna explicación, y que sólo deslegitima las protestas y demandas de quienes marcharon hoy", mientras que el diputado Joaquín Godoy (Amplitud), aseveró que "hay que revisar los permisos y las condiciones en que se autorizan estas marchas, porque terminan siendo caldo de cultivo para la violencia".
Poco más tarde, tras el desfile en homenaje a las Glorias Navales en plaza Sotomayor, fue la propia Presidenta Bachelet quien se refirió a los hechos de violencia, señalando, en la transmisión oficial, que "no es algo que se justifique en un país democrático, donde hay espacios para expresarse, pero no con los niveles de violencia que han incluso permitido la muerte de don Eduardo Lara, guardia municipal. Creo que esto es deleznable y Chile completo lo repudia".
Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Burgos, enfatizó que "yo no puedo creer que los convocantes estén concertados con un acto delincuencial de esta naturaleza… estos son delincuentes".
Cuestionan seguridad
En cuanto al actuar de Carabineros, el presidente provincial de la CUT, Roberto Aravena dijo que "no puede ser que al final de la marcha hubiera un grupo de encapuchados actuando impunemente, sin el control de quienes dirigían la movilización y que Carabineros no se haya percatado de esa situación, entendiendo que había un contingente policial exageradamente numeroso en la ciudad desde muy tempranas horas de la madrugada".
En esta línea, la diputada Camila Vallejo (PC), tras el Mensaje Presidencial en el Congreso, puso el acento en que "había harta seguridad, entonces no entiendo por qué esto no se pudo evitar, si había seguridad al ingreso de Valparaíso, Carabineros estaba desviando, no todos podían ingresar, y pensé que podría ser para prevenir justamente estas situaciones, sin embargo, no se logró, entonces no entiendo por qué no hubo más seguridad al interior del perímetro de la ciudad para evitar este tipo de cosas".
Asimismo, Vallejo puso de relieve que el actuar de Carabineros no se centró en los encapuchados y violentistas, sino en los manifestantes que marchaban pacíficamente. "Vimos que varios niños, mujeres, estudiantes, fueron golpeados por Carabineros. Tenemos que revisar esto, y a mí me preocupa cómo desde Interior se está gestionando el tema del recurso policial. El llamado es a que el Ministerio del Interior revise todos los protocolos, para evitar estos desmanes y también para que Carabineros no actúe de manera arbitraria contra manifestantes que no están haciendo estos desmanes, como lo que le ocurrió el año pasado a Rodrigo Avilés. Me preocupa que haya habido espacios para que esto se produjera así como se produjo".
"Basta de ponernos en tela de juicio"
El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, emitió la siguiente declaración en el Twitter de la institución. "Basta ya de poner siempre en tela de juicio a los carabineros (...). Acá no falló la inteligencia policial, al morir un trabajador, que es padre de un carabinero, por acciones de delincuentes, el que falla es el país, las familias que no ejercen su rol de autoridad para frenar a estos individuos que le perdieron el respeto a la vida. Los antecedentes e informes fueron entregados oportunamente para que se tomaran cursos de acción operativos, que no solo importan a Carabineros, sino que a todos los actores vinculados al funcionamiento de una ciudad".
"No podemos calificar como fortuito el hecho de que haya una persona fallecida, eso es consecuencia de una acción premeditada"
Gabriel Aldoney, Intendente regional
"Un grupo, por causas supuestamente revolucionarias, termina hiriendo (matando) a un trabajador que es de su propia clase, entonces eso me parece una total contradicción, es repudiable"
Camila Vallejo, Diputada (PC)