Ayer fue entregado a sus familiares el cuerpo del trabajador municipal Eduardo Lara, quien falleció trágicamente durante los incidentes ocurridos en Valparaíso en 21 de mayo, en el incendio del edificio de Pedro Montt con Las Heras.

Su hijo, Luis Lara, a la salida del Servicio Médico Legal agradeció "el apoyo de todas las instituciones, los conocidos, compañeros de trabajo de mi papá, compañeros de trabajo míos y de mis hermanos. Tenía muchos conocidos mi padre en Valparaíso, es increíble el cariño que le tenía la gente, eso demuestra que el hombre era una buena persona".

Sobre la acción conjunta de los encapuchados, que terminó con la vida de su padre, Lara considera que "estos delincuentes tienen calendarizadas estas situaciones, a lo mejor están más organizados que otra entidad pública. Están organizados y dispuestos a ir al choque. En estos momentos ya se están preparando para lo que queda del año".

Con respecto a si correspondía que su padre haya estado trabajando ahí ese día, indicó que "dentro de su trabajo ellos hacían turnos normales y turnos extra, y por lo que yo he conversado con él, siempre tomaba turnos extra".

En cuanto a lo señalado por la secretaria municipal, Mariela Valdés, quien sostuvo que a Eduardo Lara se le había dado orden de permanecer ahí, precisó que hasta ahora no ha conversado ese tema, "porque se supone que tiene que haber un coordinador que maneja ese tipo de autorizaciones y facultades para retirar al personal, pero esa determinación la desconozco. El supervisor encargado tendría que haber tomado las medidas que pudieran eventualmente haber solucionado o ayudado en parte al funcionamientro del tema".

Respecto de las posibilidades de hacer justicia, cree que "va a ser difícil poder determinar a una persona en particular, pero sí creo que aquí hay responsables que convocaron a esta marcha y que dijeron que no se hacían responsables por lo que ocurriera al margen de la marcha, pero todos sabemos y somos bastante grandes para entender que si hay una marcha, es una movilización social donde va a ir todo tipo de personas, va a ir gente buena, gente más o menos y van a ir estos delincuentes a hacer lo que ellos saben hacer".

Asimismo, Lara considera que "si los encapuchados estaban apedreando a bomberos podrían ser cómplices del hecho", por lo que adelantó que "vamos a ejercer todas las acciones judiciales, al menos yo en lo personal lo voy a hacer; si mi mamá desiste de eso o si mis otros hermanos desisten, bueno ellos tendrán sus razones, pero yo voy a llegar hasta el final".

Cristián Rojas M.

De Santiago, Rancagua, Calera de Tango, Iquique, Copiapó y otros puntos del país era la mayoría de los 24 formalizados de ayer en el Juzgado de Garantía de Valparaíso por los desmanes ocurridos el 21 de mayo en la ciudad, todos sin antecedentes penales. Tras ser formalizados por desórdenes en la vía pública, se acogieron a la suspensión condicional, quedando con prohibición de entrar a Valparaíso por un año, pero uno de ellos, Sebastián Pichilaf, talquino de 21 años, fue formalizado por porte de elemento incendiario, por lo que la jueza Silvia Quintana decretó su prisión preventiva.

De acuerdo al testimonio de varios carabineros y en base a fotografías y grabaciones de los propios policías y de las cámaras de la UOCT, Pichilaf habría lanzado una bomba molotov a un vehículo policial en la intersección de Pedro Montt con Las Heras, momento en que estaba con un pasamontañas negro con la parte del rostro rojo y vestía un pantalón morado, zapatillas blancas, polera calipso y un polerón gris que luego se quitó.

Los carabineros testificaron que Pichilaf huyó a bordo de una micro, siendo seguido por un funcionario de civil y luego interceptado en Yungay con 12 de febrero, donde fue detenido. El estudio de las fotografías y grabaciones daría cuenta de las mismas vestimentas, a excepción del polerón. La condena que arriesga parte en 3 años y un día y puede llegar a 10 años, sin posibilidad de una pena sustitutiva.

El otro imputado al que se le decretó una medida cautelar restrictiva de libertad fue el estudiante porteño de Psicología Rodrigo Céspedes, de 20 años y sin antecedentes previos, quien fue sindicado por una mesera de un restaurant como uno de los autores de la destrucción de los candados y el posterior ingreso a dos locales.

Según la garzona, Céspedes con un martillo o combo habría roto los candados de la tienda Entel, saliendo con equipos celulares, y luego se dirigió a la farmacia Ahumada para hacer lo mismo, esta vez incluso incitando a la turba para que entrara a saquear.

La mesera dio los datos para un retrato hablado y luego lo reconoció en un set fotográfico, asegurando además que medía 1 metro 74 centímetros. Al salir de la sala se pudo identificar que Céspedes mide mucho menos, y pese a que la prensa le consultó por esa incongruencia y si negaba los hechos que se le imputaron, éste se negó a hablar.

La fiscal adjunto de Valparaíso, María Loreto Hermann, reconoció tras la audiencia que a Céspedes no se le encontró ningún equipo celular ni artículos de la farmacia, pero pese a ello fue formalizado por robo en lugar no habitado y la jueza decretó su arresto domiciliario nocturno. Su defensa alegó que el parte policial no establecía la responsabilidad de Céspedes, situación que deberá acreditarse el 11 de julio, fecha en que quedó fijada la audiencia para él y los demás formalizados que no tuvieron la suspensión condicional, porque viven en la zona.

La abogada Fernanda Molina, de la Defensoría Popular, señaló que Céspedes negó todos los cargos, y respecto de su estatura sostuvo que "hay contradicciones, además se señala que estaba con una polera negra, sin embargo, vemos que andaba con un polerón verde".

Molina enfatizó que "existe una detención indiscriminada de las personas que están en la marcha, sin siquiera ocasionar ningún tipo de disturbio".

Uno de estos casos fue el del fotógrafo Pablo Tapia. La jueza Quintana declaró ilegal su detención, puesto que según declaró el propio Tapia a la salida, "carabineros llegaron por mi espalda y me agredieron, me quitaron la cámara y me esposaron".

Un caso similar fue el del estudiante rancagüino José Vega, quien detalló que "había muchas personas con sus rostros tapados cerca nuestro, pero de los 17 que nos llevaron detenidos no hubo ningún encapuchado, no puedo negar que estaba protestando pero no estaba haciendo desmanes. A esos no se los llevaron".

"Se están realizando las investigaciones de Labocar y OS9 para ver si existe alguna vinculación (de Pichilaf) con el incendio de la farmacia Ahumada"

María Loreto Hermann, Fiscal Adjunto de Valparaíso