Karen Unda

Una serie de dudas en torno al trabajo preventivo de la autoridad, responsabilidades y razones por las que se encontraba Eduardo Lara al interior del edificio municipal siniestrado, han surgido a 48 horas del fallecimiento del guardia de 72 años que se asfixió producto del humo provocado por un atentado incendiario.

Desde la Oposición han surgido voces críticas que hacen un llamado a revisar la autorización del recorrido de las movilizaciones ciudadanas y desde el Gobierno aseguran que la solución no es coartar el derecho a manifestarse, sino que castigar duramente hechos que consideran fueron premeditados por un grupo reducido de antisociales.

Negligencia municipal

¿Por qué no existió información clara respecto a la permanencia del guardia en el inmueble municipal? Es uno de los cuestionamientos que, en forma paralela a la investigación penal, pretende aclarar un sumario administrativo instruido por la municipalidad de Valparaíso.

A juicio de la secretaria municipal y funcionaria a cargo del inmueble siniestrado, Mariela Valdés, hubo negligencia y falta de coordinación para actuar a tiempo de manera tal de avisar a los equipos de emergencia que había una persona que permanecía al interior del edificio patrimonial.

"Si nosotros como municipio hubiésemos actuado con diligencia podríamos haber evitado la muerte de don Eduardo (…) Él se comunicó a través de un citófono con la oficina de logística para avisar que había humo, pero nadie verificó que él efectivamente había alcanzado a salir del edificio. Cuando yo llegué al lugar avisé que estaba dentro porque presumí que así era, ya que por mail se nos informó que habría guardias al interior del lugar", señaló Valdés.

En el mismo sentido, la secretaria municipal denunció que no existen los protocolos de seguridad necesarios ante una eventualidad de este tipo y que por tanto incluso otros funcionarios municipales están en riesgo frente a una emergencia.

Ante estas declaraciones, la jefa del departamento jurídico del municipio porteño, Jeannette Bruna, explicó que se llevará a cabo un sumario interno para determinar si hubo responsabilidades administrativas, de manera tal de despejar cualquier manto de duda respecto a la muerte de Eduardo Lara.

"Lo primero es aclarar que el incendio se provocó por la acción de terceros, pero si existen antecedentes respecto a responsabilidades administrativas éstas se aclararán a partir de este día lunes con la búsqueda de la verdad absoluta acerca de cómo ocurrieron los hechos (…)", manifestó Bruna respecto al sumario.

Por otra parte, la abogada municipal indicó que "el día viernes la oficina de logística informó que para el 21 de mayo iba a quedar un auxiliar de portería al interior del recinto, quien tenía la instrucción de abandonar el lugar y resguardarse en calle Condell si la situación se complicaba".

Responsabilidades

Con el fin de poder esclarecer responsabilidades penales en los hechos de violencia acontecidos y en el marco de la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, el intendente regional, Gabriel Aldoney, informó que se presentarán 21 querellas por desórdenes graves, robo y porte de artefactos incendiarios. No obstante, ninguna está dirigida a los culpables del incendio con resultado de muerte, caso por el cual el Laboratorio de Criminalística de Carabineros realizó una serie de pericias en el sitio del suceso la mañana de ayer.

La máxima autoridad regional rechazó referirse al trabajo ejecutado por Carabineros frente al resguardo de la seguridad social y dijo que "el buscar responsables únicos me parece que no nos conduce a encontrar las causas efectivas de lo que sucedió. Estuvimos frente a la acción premeditada de un grupo reducido de personas que quieren imponer el temor ante la población", consignó Aldoney.

Una explicación que no dejó conforme al senador Francisco Chahuán, quien tras manifestar su indignación y volver a promover el cambio de fecha para la cuenta pública presidencial, solicitó al gobernador de Valparaíso, Jorge Dip, una revisión del recorrido autorizado para las movilizaciones, las que si bien indicó son un derecho consagrado en la constitución, "no pueden estar por encima del derecho a vivir en paz. Autorizar cuatro marchas en Valparaíso y en recorridos que no fueron los más adecuados por supuesto que hay un grado de responsabilidad, le pedimos al gobernador Jorge Dip que en el futuro las marchas tengan autorizaciones por circuitos que no entorpezcan el libre recorrido de la ciudad que el sábado estaba sitiada por el vandalismo y eso no puede volver a ocurrir", explicó Chahuán.

Por su parte, el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, aseguró en nuestra democracia no hay espacio para las bombas molotov por lo que pidió acabar con matices respecto al trabajo de Carabineros.

"Si me pregunta por responsabilidades políticas, quiero ver primero que los fiscales hagan su trabajo, lo digo en el sentido que la Fiscalía tiene ahora una tremenda labor que es buscar a los culpables, la primera responsabilidad de esto es del Ministerio Público", agregó.

"Chile Vamos" y la DC también exigieron responsabilidades políticas y que se encuentre a los culpables. "Condenamos de la manera más enérgica la irrupción de grupos organizados de encapuchados, a nuestro juicio delincuentes, cuyo único fin es destruir", afirmó la DC. Las diputadas Paulina Núñez (RN) y Claudia Nogueira (UDI) exigieron al ministro Jorge Burgos manifestarse al respecto, puesto que las marchas fueron autorizadas por la Intendencia, dependiente de la cartera de Interior y Seguridad Pública que él encabeza.

En tanto, algunos concejales porteños insistieron en una falta de coordinación de Carabineros. Para Marcelo Barraza la dotación de 1.700 efectivos se concentró en el Congreso, dando tiempo a la actuación impune de delincuentes, mientras que Zuliana Araya no se explica cómo a solo un par de cuadras de una Comisaría pudieron generarse tales hechos de violencia.