El 2014 se lanzó el Plan Nacional "Seguridad para Todos", que entrega los lineamientos del Gobierno en materia de seguridad pública para el periodo 2014-2018. Es un plan integral que parte de la base que la seguridad pública es un derecho esencial que debe ser garantizado por el Estado y que centra sus objetivos en la prevención, otorgando un rol protagónico a la sociedad civil y a la comunidad. Se articula en torno a los ámbitos de planificación y ejecución desde lo local, la reinserción social y el apoyo a víctimas, el control y la sanción, y la prevención de la violencia y el delito.

Una línea fundamental son los Consejos Regionales de Seguridad Pública, conformados por los gobernadores provinciales, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las policías, los municipios e instituciones como la Seremi de Justicia, Gendarmería y Sename. La presidencia recae en el intendente y la secretaría ejecutiva en el coordinador regional de Seguridad, que depende de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

En su primera sesión del año, este Consejo apuntará a revisar el plan estratégico, orientado a las prioridades delictuales regionales con focalización en territorios y comunas de mayor índice delictual. Para ello se consideró la información cualitativa proporcionada por los integrantes del Consejo, identificando cuatro delitos de mayor relevancia: robo con violencia o intimidación; infracción a la Ley de Drogas; robo en lugar habitado y un grupo delictual catalogado como las incivilidades, que corresponden particularmente a ebriedad y consumo de alcohol en la vía pública, hechos que explicaron el mayor aumento de casos policiales en la región, al finalizar el año 2015.

Estas cuatro prioridades dan pie a una serie de compromisos que tanto los miembros del Consejo Regional de Seguridad como otras entidades públicas y privadas tendrán que cumplir durante este año. Se trata de un trabajo mancomunado en el que la Subsecretaría de Prevención del Delito aporta con información de la situación del delito y la violencia para fines de programación, seguimiento y evaluación del nivel central, regional y local, estableciendo una red de servicios que desde distintos frentes apunta a otorgar mejores condiciones de seguridad para la ciudadanía.

Sabemos que la seguridad pública es una de las principales preocupaciones de las personas hoy en día. Cualquier esfuerzo será insuficiente si no hay una actitud participativa desde la ciudadanía y desde la mirada local, que permita que en todos los niveles se actúe para lograr el objetivo que no es otro que sentirnos un poco más seguros.

"Sabemos que la seguridad es una de las preocupaciones hoy en día. Cualquier esfuerzo será insuficiente si no hay una actitud participativa desde la ciudadanía y desde la mirada local"

Coordinador regional de Seguridad Pública

Nelson Jofré Cabello

En medio de los cuestionamientos que enfrenta Gendarmería tras las irregularidades detectadas por la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que puso en duda la calidad de los informes elaborados para otorgar el beneficio a los internos que cumplen condenas, así como errores en el sistema estadístico que habría generado al menos cinco casos de reos encarcelados más tiempo del que les correspondía, se suma ahora el paro indefinido que iniciaron más de 500 funcionarios del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valparaíso.

Uniformados y empleados civiles se plegaron al movimiento nacional que demanda al Gobierno mejoras en la carrera funcionaria, debido a la lentitud en los ascensos.

Dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) y la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog) emplazaron directamente a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, a quien acusan de negarse reiteradamente a escuchar sus petitorios, motivo por el cual el movimiento se podría radicalizar en la región.

Una gendarme se mantiene en huelga de hambre junto a otros funcionarios en la ex Penitenciaría de Santiago.

El paro alteró ayer inmediatamente el normal funcionamiento del sistema judicial en la región, puesto que no se realizaron 41 salidas programadas de internos que debían comparecer a tribunales de la zona, así como tampoco se permitió el ingreso de nuevos detenidos al recinto penal.

Sin diálogo

Rodrigo Escárate, cabo 2° de Gendarmería y director de Ansog Valparaíso, apuntó que "en virtud de que la ministra no se ha sentado a dialogar, nos hemos visto en la necesidad de radicalizar nuestro movimiento. A nivel nacional tenemos más de 20 funcionarios que están en huelga de hambre".

Dentro de los aspectos centrales del petitorio está la solicitud de una carrera funcionaria, ya que "nuestra carrera se ha visto bastante deplorada a través del tiempo. No hemos podido crecer por la institución, estamos regidos por un reglamento demasiado ambiguo, que no permite al funcionario que inicia su carrera en Gendarmería a optar a los grados máximos".

El dirigente añade que dentro del escalafón tienen 10 grados, en una carrera que dura 30 años; sin embargo, "un funcionario se demora entre 10 y 15 años para escalar un solo grado. Eso nos permite avanzar apenas entre 3 y 4 grados, con un funcionario que ni siquiera aspira a llegar a la mitad de nuestra carrera".

Escárate enfatizó que "hemos invitado en reiteradas ocasiones a la ministra Javiera Blanco a nuestras mesas de diálogo; no obstante, le ha cerrado la puerta a Gendarmería y no nos ha querido recibir en ninguna circunstancia".

Roberto Escobar, presidente provincial de la Anfup, adelantó que, de continuar el paro, "habrá un atochamiento de detenidos en las comisarías y cuarteles de la PDI", puesto que no recibirán imputados.

"Desde el año 2010 han ingresado casi 6 mil funcionarios; sin embargo, se jubilan 160 al año, entonces hay una disparidad, con funcionarios que llevan hasta 17 años en el grado. Uno tiene familia detrás y espera un mejor nivel de vida", sostuvo Escobar.

Libertades condicionales

Trascendió además que, luego de la revisión que solicitó Justicia mediante oficio, tras errores detectados en las libertades condicionales, el equipo técnico social de la dirección regional de Gendarmería se abocó a chequear los 875 casos de reos que postularon y que cumplían con el requisito para acceder al beneficio -788 de ellos liberados-. Se habría

constatado que en sólo uno de los cinco casos denunciados hubo negligencia respecto a permanecer encarcelado más tiempo del que le correspondía, ya que en una de las dos penas recibidas la defensa presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones, el que fue acogido, pero dicha resolución no fue considerada al momento de ingresar al penal y permaneció casi un año preso pese a estar absuelto.

El dispar criterio entre lo expuesto por la Comisión de Libertad Condicional y las cuentas de Gendarmería se explicarían porque las postulaciones fueron entregadas a principios de abril y la comisión las revisó a fines de dicho mes, lo que habría inducido al error, al concluir que algunos reos ya habían cumplido condena. Respecto a internos que no debieron ser postulados por tener un informe desfavorable, en este caso se les habría aplicado el artículo 5 de la Ley de Rebaja de Condena, lo cual no fue considerado por la comisión de jueces al momento de evaluar.

505 funcionarios de la cárcel de Valparaíso -suboficiales y gendarmes- iniciaron un paro indefinido.

41 audiencias programadas de los internos fueron suspendidas, ya que se les impide salir del recinto.