Los cuatro puntos cardinales son tres: norte y sur, decía Vicente Huidobro. Si el poeta viviera en una de las tantas regiones postergadas de "nuestro" Chile del siglo XXI, seguramente diría que existe un nuevo y único punto cardinal: el centro. Todas las problemáticas que realmente importan a las autoridades nacen, se reproducen y mueren en Santiago.

Lo más curioso de todo, ¿por qué nosotros, los de región, simplemente callamos frente a la dolorosa indiferencia capitalina?

Esta indiferencia no es sólo sentimental, ya que los proyectos que apuntan a darle más fuerza a las regiones son reformas sin fuerza, sin convicción y, lo peor de todo: sin verdaderos cambios.

Un ejemplo es el proyecto de traspaso de competencias del poder central a los Gobiernos Regionales que, de aprobarse tal como está hoy, sólo será pan y circo para las regiones. El objetivo del proyecto - en palabras simples- es que ciertas facultades que ostentaba el Gobierno Central ahora las ejerzan los Gobiernos Regionales. Incluso, se plantea la posibilidad de que los Gobiernos Regionales soliciten cualquier competencia para que sea ejercida por ellos. Suena bonito, ¿no? Lamentablemente, la situación no es tan idílica.

El proyecto otorga poder absoluto de decisión a la autoridad central. Será ella quien decida, a su arbitrio, las condiciones mediante la cual se podrá transferir la competencia solicitada. Si el Gobierno Regional considera injusta o arbitraria alguna condición impuesta por el poder central, deberá acatarla o la competencia simplemente no se transferirá. No existe la posibilidad de recurrir a un órgano independiente que resuelva el asunto. Estas condiciones no están estipuladas en el proyecto, por lo que desde Santiago podrán imponer cualquier cosa. Por otro lado, también se plantea la posibilidad de que la autoridad central derogue una competencia ya dada a los Gobiernos Regionales "fundadamente". El problema es que los fundamentos para revocar esas competencias no son objetivos ni taxativos, lo que obviamente generará revocaciones arbitrarias e injustas.

Imaginen el siguiente cuadro: Una vez que los Intendentes sean autoridades electas, el peso político de algunos de ellos será bastante relevante. El Intendente de Santiago, por ejemplo, será un posible candidato presidencial. ¿Qué ocurrirá si el Intendente de Santiago y el Presidente tienen un color político diferente? Con el proyecto tal como está, el Gobierno tiene dos opciones: no otorgarle ninguna competencia o revocarle algunas de las que ya tiene, a su antojo. De esta forma, el poder central evitará que surjan nuevas figuras políticas y mantendrá así su poder absoluto sobre las regiones. ¿Cuándo vamos a hablar en serio?

Investigador Fundación P!ensa

Por Guillermo Pérez Ciudad

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que transfiere competencias a regiones, la iniciativa ahora pasó a tercer trámite en el Senado, mientras en paralelo el Gobierno le puso suma urgencia al proyecto que sustituirá la figura del intendente, reemplazándolo por un gobernador regional que será electo mediante votación popular. La iniciativa fue presentada este miércoles en el Congreso por el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, quien señaló que la meta del Ejecutivo es que se promulgue a más tardar en agosto.

Este último proyecto está siendo discutido en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, que acordó sesionar dos veces a la semana para ver este tema, y Cifuentes espera que "en junio o a principios de julio esto se resuelva y se lleve a la sala para que los senadores puedan votar".

El senador Carlos Bianchi, miembro de la citada comisión que discute la iniciativa, calificó el proyecto como "débil" y adelantó que "el próximo miércoles y jueves vamos a empezar a votar desde los primeros artículos, por lo tanto, va a haber un avance importante a partir de la próxima semana, y yo creo que en tres semanas a un mes a más tardar, vamos a poder destrabar este proyecto de ley, pero viene el proyecto en paralelo de los traspasos de competencias, que ese es muy importante, porque van a ser esas las funciones que va a desarrollar el gobernador regional".

Dúo de autoridades

Una de las críticas que recibió el proyecto es que el Ejecutivo planteó la figura del secretario regional presidencial, y en este sentido, el consejero regional Manuel Millones, quien fue miembro de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, estima que es un "absurdo legislativo que el Gobierno pretenda que un funcionario como será el secretario regional presidencial tenga más poder que el gobernador elegido y que los mismos cores. Asimismo, es evidente que va a existir duplicidad de funciones y muchos roces y conflictos con este híbrido legislativo".

Al respecto, el subsecretario Cifuentes aclaró que "si establecemos competencias distintas para cada una de las autoridades, esas autoridades nunca van a chocar".

En este sentido, el senador Bianchi remarcó que "el Estado chileno es un Estado unitario y lo que pretende este proyecto es tener un Estado unitario pero descentralizado, y en esa lógica es que el Gobierno y el Estado chileno está obligado a colocar una figura que represente al Presidente o a la Presidenta de turno en materias de seguridad pública, nombramiento de seremis y otras tantas más, o sea, va a ser muy difícil que existan traspasos de competencias importantes a los gobiernos regionales".

Funciones distintas

A juicio de Bianchi, "lo que tenemos acá son administraciones regionales y no gobiernos regionales, y por supuesto que esta situación en lo particular a mí no me convence, pero no quiero por ningún motivo paralizar este proyecto que es anhelado y esperado por todas las regiones".

A su vez, Cifuentes precisó que "va a haber funciones que son del Gobierno central que se van a seguir desarrollando en las regiones, como el Registro Civil, el SAG, el INE y otros servicios públicos que requieren supervigilancia por parte de una autoridad designada por el Presidente de la República, y va a haber otra instancia, presidida por el gobernador regional, que va a tener atribuciones en materia de fomento productivo, en materia de infraestructura, de desarrollo social, y por tanto, estamos hablando de dos autoridades con competencias absolutamente distintas".

Desequilibrio

Respecto de las críticas formuladas por el diputado Rodrigo González sobre el proyecto de transferencia de competencias, en el sentido que produciría un desequilibrio y los consejeros regionales verían disminuidas sus facultades, Cifuentes lo rebatió sosteniendo que "estamos creando nuevas facultades para los gobiernos regionales, y cuando hablamos de gobierno regional hablamos de dos instancias: el gobernador regional electo y el Consejo Regional. Esto opera por el concurso del Consejo Regional, que ahora va a tener mayores atribuciones en términos de fiscalización, pero también va a aprobar nuevos instrumentos, como el área metropolitana, como los temas de transporte urbano, el tema de los residuos sólidos, el medio ambiente en las ciudades conurbadas, atribuciones en materia del plan regional de ordenamiento territorial, o sea, hay una cantidad enorme de nuevas atribuciones que crea esta ley".

La autoridad remarcó que la intención del Gobierno es que a más tardar en agosto se apruebe esta reforma constitucional, de modo que se pueda votar por los gobernadores regionales en la próxima elección presidencial, y detalló que en los próximos días se discutirá el plazo en que los candidatos a gobernador regional deban dejar sus cargos, en caso de ser funcionarios públicos, además de "quiénes van a estar habilitados y quienes no lo van a estar para ser candidatos".

"(Para que se elija en la presidencial) tenemos junio, julio y agosto para aprobar esta reforma constitucional. Si se nos atrasa más, esto se complica mucho"

Ricardo Cifuentes, Subsecretario de, Desarrollo Regional