El colapso de la Universidad del Mar ha llegado esta semana a la culminación de una de sus facetas judiciales. Héctor Zúñiga, creador y exrector del plantel, fue condenado a tres años y un día de libertad vigilada, más una multa de 56 millones de pesos. A la vez, el exdirector del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, fue sentenciado a cinco años y un día de libertad vigilada junto al pago de 76 millones.
El fiscal acusador, Carlos Gajardo, expresó que se ha establecido "como una verdad judicial que existió un cohecho para obtener en definitiva las acreditaciones de diversas universidades". A la vez, se acusa a Zúñiga de lavado de activos.
Estas condenas se dan en el contexto del debate previo y de movilizaciones en relación a la futura Ley de Educación Superior, que toca el lucro, la calidad y la gratuidad.
Entrevistado por este Diario, el exrector afirma sentirse tranquilo tras la resolución judicial, pero plantea la existencia de un "error gravitante" en todo el proceso "en que se han mezclado dos situaciones" que producen una confusión generalizada.
Una, dice, es la relativa a la contratación de una asesoría impropia y otra muy distinta es aquella relacionada con los problemas de los alumnos, derivados del cierre de la universidad, "medida que no se supo defender después de mi retiro".
La asesoría aludida es la contratación de Díaz, que presidía el CNA, para lograr la necesaria acreditación de la universidad. Por cierto, una situación impropia.
El otro aspecto que hace ruido y se proyecta hasta el día de hoy, es el relativo a los miles de alumnos que pasaron por la U. del Mar. Algunos vieron interrumpidas sus carreras y los títulos de los egresados tendrían una baja valoración en el competitivo mundo profesional, pese que se han dado a conocer casos que han logrado éxito en sus respectivas profesiones. Hay, además, deudas pendientes de estudiantes y de pagos a profesores y funcionarios.
Pese a la resolución judicial, Zúñiga niega sentirse responsable: "La responsabilidad de la debacle es de quienes provocaron un 60% de morosidad, desfinanciando la universidad, quienes la utilizaron como chivo expiatorio y de quienes no supieron defenderla".
Y queda la pregunta pendiente sobre las fallas en los controles que permitieron el extraordinario crecimiento de un plantel que, finalmente, terminó en un derrumbe que deja daños colaterales que alcanzan a amplios sectores de la sociedad y lesiona, injustamente, a la educación superior en general.