Un aumento del 3,6% en la carga movilizada se detectó en los puertos de la región en los últimos doce meses del año, de acuerdo al Boletín de Movimiento de Carga Portuaria entregado por el INE Valparaíso.

En tanto, el total acumulado movilizado para el año 2016 (enero-abril), alcanzó un número de 16.668,38 miles de toneladas, lo que representó una disminución de 2,5%.

Uno de los aspectos negativos que reflejó el informe y que va en línea con la baja en las exportaciones es la caída en la cantidad de contenedores movilizados en los terminales de la región. La cifra alcanzó a 102.831 Teus, disminuyendo un 41 % en relación a igual período de 2015, mientras que para el total del año 2016, registró un retroceso de 12,7%.

Según otros tipos de carga, granel líquido-gaseoso registró 976,01 miles de toneladas, representando el 26,9% del comercio exterior; granel sólido con 602,15 miles de toneladas significó el 16,6%, y carga suelta o general totalizó 286,79 miles de toneladas, con una participación del 7,9%.

Por unanimidad de la Tercera Sala, la Corte Suprema ordenó al Estado a pagar un total de $ 110 millones a la familia de María Angélica Erices Oñate, una de las víctimas del tsunami que afectó al archipiélago de Juan Fernández durante la madrugada del 27 de febrero del año 2010. Se trata de la primera condena por este hecho.

En su sentencia, la Suprema detalla que condena al Fisco chileno por falta de servicio -al no haber una alerta oportuna del SHOA y la Onemi-, que permitiera evacuar la zona inundable del territorio insular, tras el sismo ocurrido esa madrugada.

Con ello, se ratificó la resolución del Segundo Juzgado Civil emitido en enero de este año y se descartó el recurso de casación interpuesto por el Fisco en octubre de 2015.

Según trascendió, la Corte estimó que ambos órganos estatales contaron con tiempo suficiente para dar aviso del peligro -51 minutos- desde que el SHOA informó a la Onemi por fax, a las 4:07 de la madrugada.

"La víctima, María Angélica Erices Oñate, falleció mientras dormía al ser alcanzada por aquella primera ola, existiendo relación causal entre la alerta fallida y su deceso", explicaron tras el fallo.

Además, en la sentencia se concluye que no se cumplieron los protocolos para sismos superiores a los 7,5° Richter, "que impida a las personas mantenerse en pie, que haga caer muros, derrumbe torres y logre desplazar algunas casas de madera, deberá declararse la alerta roja".

8,8 grados de la escala Richter fue el terremoto del 27 de febrero de 2010, el mayor en 50 años en Chile.

12 víctimas fatales contabilizó el Gobierno la madrugada del 27 de febrero de 2010 en Juan Fernández.

Claudio Ramírez

Precisiones, proyectos, estudios, planes y aumentar el número de las compensaciones son algunas de las exigencias que, en el marco del proceso de evaluación ambiental, hicieron los servicios públicos a TCVAL en relación al proyecto de expansión del Terminal Dos.

Un tema que cobró fuerza tras conocerse el Estudio de Impacto Ambiental (EIP) elaborado por el experto colombiano Juan Luis Isaza, que abrió un debate respecto a la magnitud que deben tener estas medidas en relación al alto impacto "permanente e irreversible" que provoca el T2, según el documento.

Uno de los servicios que se muestra más preocupado por el tema es el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), señalando que "las medidas de compensación y mitigación propuestas por el titular son insuficientes en relación a la envergadura de los impactos del proyecto".

En esa línea, la entidad sostiene, por ejemplo, que en relación al paseo peatonal que propone el concesionario para subsanar el impacto paisajístico que deriva de la iniciativa, "la medida de compensación propuesta, por sí misma genera un impacto que no es valorado ni analizado".

Agrega que, visitado el lugar donde se emplazará la futura pasarela, se aprecia que el objetivo de recuperar las vistas sobre la bahía de Valparaíso no se alcanza plenamente, ya que "el sector entrega principalmente una vista sobre las actividades portuarias en el Espigón". Además, plantea que los accesos son forzados y estrechos, y que la intervención no se encuentra integrada al recorrido desde la vereda de avenida Errázuriz. Respecto a las aperturas de ejes visuales frente al sector en que se movilizarán los contenedores, solicita al titular indicar claramente sus dimensiones.

Beneficios importantes

Sin embargo, advierte que dado que el proyecto no es mitigable "ya que altera en magnitud y significancia las áreas protegidas bajo la ley 17.288, pues sus impactos son altos, permanente e irreversibles respecto al valor del patrimonio protegido, se requieren medidas de compensación que produzcan beneficios de importancia a este patrimonio, incluida la comunidad del cual forma parte".

A su vez, sostiene que el titular deberá generar un programa con propuestas de compensación y mitigación contemplando el plazo de 30 años de la concesión.

También propone una serie de proyectos y estudios. Los primeros apuntan a ascensores, la recuperación de trolebuses y la habilitación de un paseo por el borde desde Estación Puerto al VTP, para uso peatonal y de bicicletas.

A ello enumera aportes para diversos objetivos como un plan maestro de espacios públicos en el borde costero que incluyen la integración de los paseos desde Yolanda hasta Las Torpederas, la construcción de escalas urbanas y un proyecto de mejoramiento urbano de gran envergadura como, por ejemplo, la recuperación de la Av. Argentina, entre otros.

El documento plantea que TCVAL debe evaluar la afectación del empleo asociado a la actividad turística y además acota que hay una subestimación del impacto sobre el paisaje. Por último ante una respuesta del titular en que señala que el proyecto no implicara ningún riesgo para la condición patrimonial, el CMN enfatiza que "no le corresponde al titular asegurar esto, sino que la eliminación de cualquier sitio de la lista patrimonial es competencia del comité de patrimonio mundial".

En tanto la Seremi de Medio Ambiente acota, como medida de compensación, que TCVAL "deberá evaluar la opción de habilitar un antepuerto en el sector del camino La Pólvora con el objeto de trasladar la fracción de contenedores que impactan el paisaje en el área céntrica".

Desde la Seremi de Obras Públicas se advierte que el titular plantea como medidas de mitigación, intervenciones en ascensores Cordillera y Concepción entre otros. Al respecto apunta que "es necesario señalar que dichos ascensores tienen proyectos aprobados, y se encuentran en proceso de licitación por parte de la Dirección de Arquitectura, mandatada por el Gobierno Regional para la ejecución de las obras" y recomienda analizar y complementar la definición en conjunto con la Comisión de Patrimonio del Gobierno Regional. En relación al impacto vial que se producirá, estima que las medidas son insuficientes.

Desde Conaf también se plantea la necesidad de realizar una serie de precisiones sobre las medidas a adoptar respecto a la flora de la cantera. En tanto la Seremi de Agricultura solicita reevaluar la incorporación de medidas de mitigación, reparación o compensación, derivadas por el impacto significativo en el recurso natural suelo.

2014 se inició el proceso de evaluación ambiental del Terminal Dos del puerto de Valparaíso.

US$ 500 millones es la inversión aproximada que contempla la obra concesionada a la española OHL.