Pamela Boltei

El municipio de Viña del Mar aprobó 1.500 Unidades de Fomento (UF), alrededor de $ 40 millones, para la contratación del abogado Álvaro Quintanilla Pérez, quien entre otras destinaciones previas representó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) en la apertura del testamento de Augusto Pinochet en 2012.

El objetivo del contrato es que Quintanilla lidere el eventual juicio que enfrente al municipio con la empresa Besalco, que interpuso una demanda por supuestos errores y retrasos en la entrega de información y permisos para el inicio y avance de la construcción de los estacionamientos subterráneos de la plaza Sucre.

Actualmente, la causa se encuentra archivada debido a la falta de nuevos antecedentes por parte de los intervinientes.

Según describe Besalco en su acción legal, el problema surge debido a que dichos parqueaderos quedarían en concesión para su explotación por 29 años contados desde el 14 de julio de 2010.

Sin embargo, hasta la fecha el proyecto no ha abierto sus puertas debido, argumenta la firma inmobiliaria, a la responsabilidad del municipio viñamarino. La acción legal busca una indemnización de $ 12 mil millones.

Con todo, el Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar llevó la causa a la fase de pruebas, estipulando como hechos a dilucidar en dicho proceso la efectividad de que ambas partes hayan suscrito el contrato de concesión, construcción y explotación; de que se haya infringido el contrato de concesión; de que, por eso, la empresa y/o el municipio haya sufrido los perjuicios demandados; de que dichos perjuicios hubiesen derivado de incumplimiento contractual y/o falta de servicio imputable a la demandada y de que los perjuicios hubiesen derivado del incumplimiento contractual de Besalco Concesiones S.A. También se pidió aclarar si existe relación de causalidad entre los hechos que se imputan a cada una de las partes y los perjuicios que ambas señalan haber sufrido.

Sin embargo, tras más de tres meses de inactividad por ambas partes, el tribunal determinó archivar la causa, situación que podría derivar en un abandono de esta si pasan seis meses desde el último trámite de las partes.

Con este antecedente, y considerando que dicha causa podría reactivarse en cualquier momento, la alcaldesa propuso la aprobación de UF 1.500 a los concejales para contratar al abogado que por casi 20 años se desempeñó como consejero en el CDE y que también fue abogado integrante de la Corte Suprema, Álvaro Quintanilla.

La iniciativa fue aprobada por los ediles, aunque hubo algunas abstenciones y votos negativos. Según consta en el acta municipal de la sesión del 2 de junio, el concejal Víctor Andaur sostuvo que el área jurídica del municipio "tiene profesionales capacitados" para dicha labor, mientras que el edil Rodrigo Kopaitic expuso que no estaba convencido "de la utilidad que reporta esta contratación en esta fecha al encontrarse ya fijados los puntos de prueba".

El profesional, titulado de la Universidad de Chile, académico de la Universidad de Valparaíso, exdirector de la Escuela de Derecho de ese plantel y exmiembro de la Junta Directiva de la UV, trabajó también como académico en la U. Adolfo Ibáñez y la U. Diego Portales y en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, entre otros cargos.

Fue abogado del CDE en 2012, cuando se abrió el testamento de Augusto Pinochet y fue querellante en el juicio relativo al origen de su fortuna. En la diligencia buscaba averiguar si el testamento del año 2000, que había sido modificado en 2005, tenía nuevos montos o herederos, pero sólo se trató de un cambio de albacea (ejecutor testamentario).

Además, Quintanilla ya se enfrentó a Besalco anteriormente, cuando en 2007 y 2008 representó también al CDE, que a su vez defendía al Ministerio de Obras Públicas (MOP) que debía pagar US $122 millones a Besalco. Esto, luego que en mayo de ese año los tribunales le ordenaran cancelar dicha suma por concepto de trabajos adicionales y retrasos en la construcción de tres cárceles concesionadas del Grupo Uno: Alto Hospicio, La Serena y Rancagua. Tras una audiencia de conciliación, en 2008 se llegó a un acuerdo entre ambas partes.