En la edición de ayer de este medio se publicó una nota titulada "Caval: Fiscalía pide formalizar por soborno al exsocio de Natalia Compagnon", donde se reprodujo un comentario entregado por el abogado de la empresa Saydex, Giorgio Martino. Sin embargo, el artículo contenía un error en la cita de esa declaración. La nota citaba: "No hay ningún antecedente que vincule a la señora Compagnon con este hecho. Nosotros la conocimos, nunca tuvimos un contacto con ella y, por lo tanto, no tenemos ningún dato en ese sentido". La cita correcta, sin embargo, era "nosotros nunca la conocimos, nunca tuvimos un contacto con ella y, por lo tanto, no tenemos ningún dato en ese sentido".

La directiva en pleno de la UDI acudió ayer a visitar al senador desaforado Jaime Orpis a las dependencias del anexo penitenciario Capitán Yáber, donde permanece recluido desde el jueves pasado luego de que la Corte de Apelaciones decretara la prisión preventiva, en el marco del caso Corpesca.

Hasta el penal llegó el presidente del gremialismo, Hernán Larraín, los senadores Juan Antonio Coloma y Alejandro García Huidobro y los diputados Javier Macaya, David Sandoval y Claudia Nogueria.

Carabineros instaló vallas papales alrededor de las instalaciones para facilitar el ingreso de la directiva del partido, que realizó la visita durante la jornada establecida, que corresponde a los días martes, jueves y domingos.

"Hemos venido a ver a un amigo que lo está pasando muy mal, quizás sea el peor momento de su vida y es en estos minutos cuando la amistad y la solidaridad se hace necesaria", dijo el senador Larraín tras concretar la visita.

"Queremos transmitirle a la opinión pública que creemos que Jaime Orpis es un buen hombre, que no es un peligro para la seguridad de la sociedad y que las medidas que se han tomado en su contra son absolutamente desproporcionadas", agregó el timonel de la UDI tras permanecer 45 minutos al interior del penal.

El parlamentario destacó la trayectoria de Orpis en la política y agregó que "si ha cometido errores que él ha admitido, no se merece ese trato".

Larraín reiteró sus críticas al trato "desigual" que la justicia estaría dando, en su opinión, a los casos que involucran a políticos vinculados al oficialismo y a los que involucran a opositores.

"Pareciera que hay algunos que merecen todo el rigor de la ley y hay otros para los cuales solamente hay que mirar para el techo y dejar pasar las cosas. Es lamentable esta situación, pero es la verdad", sostuvo el presidente de la UDI.

La Fiscalía Metropolitana Oriente inició una investigación por cohecho, negociación incompatible y delitos tributarios contra el exdiputado por el PPD y ex ministro secretario general de la Presidencia, Jorge Insunza.

La indagatoria tiene relación con las asesorías que realizó Insunza a Antofagasta Minerals, empresa que pertenece al grupo Luksic, a través de su empresa, Virtus Consultores, entre los años 2007 y 2014, cuando era parlamentario. En esa época incluso llegó a presidir la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados.

Equipos de la PDI y del Ministerio Público ya realizaron diligencias en la oficina de Insunza y en las de Antofagasta Minerals. Así se produjo la entrega voluntaria de documentos, incluida la información contable.

Insunza asumió como ministro de la Segpres en mayo de 2015 en reemplazo de Ximena Rincón y presentó su renuncia en junio del mismo año, luego de que se conocieran las asesorías que realizó cuando era diputado, que ahora son investigadas por la Fiscalía. En el cargo lo sucedió el actual titular de la cartera, Nicolás Eyzaguirre.

El fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, explicó en entrevista con CNN Chile, que la investigación se abre por los antecedentes que ha recogido la fiscalía "y que dan cuenta que se habrían pagado dineros por asesorías en materias mineras prestadas por el exdiputado Jorge Insunza, en el período en que él era diputado, a empresas ligadas o grupos económicos de Antofagasta Minerals".

"Nosotros consideramos que eventualmente ahí podemos estar frente a una situación constitutiva de delitos de cohecho, negociación incompatible y eventuales delitos tributarios, dependiendo de si los servicios efectivamente se prestaron o no", agregó el persecutor.

A cargo de la investigación quedó el fiscal Carlos Gajardo, quien ya lideró las indagatorias de los casos SQM y Penta.

La situación de Insunza había sido cuestionada por la UDI que ha acusado "desigualdad en el trato", a los casos que involucran a personeros de la oposición y ligados al oficialismo.

Reacción de La Moneda

Luego de que se conociera la apertura de la investigación, el ministro general de Gobierno Marcelo Díaz, descartó que esta situación afecte al Ejecutivo y que "La Moneda no está metida en la investigación judicial".

"Nosotros, como Gobierno, lo que hacemos es ser muy estrictos en el respeto de la función investigativa del Ministerio Público. Es lo que corresponde", aseveró.

"Yo no quiero especular sobre cuáles son los fundamentos de la decisión de la Fiscalía. Lo que nosotros tenemos que hacer, lo que todos tenemos que hacer, es respetar el trabajo de los fiscales", agregó.

En tanto, el PPD, partido de Insunza, lamentó los hechos a través de una declaración pública en la que señalaron que las responsabilidades deben ser asumidas de manera individual.

"Entendemos que las responsabilidades personales, que eventualmente configuren delitos e impliquen un procesamiento judicial, deben ser asumidas de manera individual por quienes corresponda", manifestaron desde el partido.

"El exdiputado Insunza debe estar disponible y, según ha comunicado a la mesa directiva nacional, entregará toda la información requerida por la Fiscalía y colaborará con la indagatoria en curso", agregaron.

Asimismo destacaron que las "responsabilidades políticas" de Insunza por este caso ya fueron asumidas por el exministro, cuando presentó su renuncia a su cargo. Además, destacaron que "cada vez que hay una formalización de algún militante, se suspende su militancia, hasta que el caso sea aclarado".