Contraloría inicia sumario al municipio de Quintero por servicios de seguridad privada
INVESTIGACIÓN. Ente contralor cuestiona procedimientos de empresa y también el proceso de licitación del servicio, cuyo costo alcanza los $ 400 millones.
Una serie de irregularidades detectó la Contraloría General de la República en la Municipalidad de Quintero, tras realizar una investigación especial a los procesos de licitación en seguridad pública. Según consta en el informe N° 132 de 2016, el municipio incurrió en graves faltas administrativas al adjudicar servicios de ese ámbito a la empresa de seguridad de Víctor Morales Fuentes. Por estos hechos, el contralor regional determinó el inicio de un sumario en la administración consistorial.
En el proceso de licitación, denominado "Servicios de Seguridad Privada, Operadores de Central de Monitoreo de Alarmas y Cámaras de Televigilancia para la Ilustre Municipalidad de Quintero", el municipio adjudicó más de $ 400 millones de pesos, por 24 meses de ejecución, a la empresa de seguridad de Víctor Morales Fuentes, quien presentó una oferta económica de $ 18.088.000 millones (más IVA) mensual, pese a que no habría contado con las competencias para desarrollar el servicio.
Ante una denuncia hecha por particulares, la Contraloría inició un examen de cuentas, que abarcó desde el 1 de septiembre del 2015 al 30 de enero de este año. En dicho periodo, el municipio de Quintero gastó $ 92. 524.682 millones en servicios de vigilancia.
Los antecedentes del preinforme, de carácter confidencial, fueron puestos en conocimiento del alcalde de la Municipalidad de Quintero, Mauricio Carrasco, el 28 de abril de 2016, a través del oficio N° 7.283. El jefe comunal dio respuesta al preinforme el 19 de mayo de este año, antecedentes que fueron concluyentes para la elaboración del informe final del ente fiscalizador.
Conclusiones
El documento final consta de 12 conclusiones, 9 de ellas de alta complejidad, que determinan un "Informe de Estado de Observaciones" que deberá ser contestado por la Municipalidad de Quintero en un plazo de 15 a 60 días hábiles, según indica el escrito.
En una de sus observaciones principales, el informe de la Contraloría precisa que "se encontraron contravenciones a los principios de estricta sujeción a las bases, igualdad de los oferentes y probidad administrativa por parte de los funcionarios encargados de evaluar y decidir favorablemente la oferta presentada por la empresa Víctor Morales Fuentes, en circunstancias que éste no acompañó la documentación exigida en el numeral 4 de los términos de referencia que regularon la licitación en análisis".
Y agrega que "se determinó que el citado oferente no cumplió (...) el certificado de Carabineros de Chile... aportó un documento omitido con posterioridad al plazo para presentar ofertas".
A raíz de estas situaciones, la Contraloría Regional determinó "iniciar un sumario administrativo, a fin de establecer las eventuales responsabilidades administrativas que se adviertan comprometidas en la comisión u omisión de las situaciones anotadas".
Respecto al servicio de guardia que establecía la empresa en el borde costero de Loncura, la Contraloría determinó que "se constató que la caseta de guardia no fue especificada en la cláusula 4 del Decreto Supremo N° 453 de 2014, que cedió la concesión marítima a ese municipio, ni en su anteproyecto, así como tampoco contó con la autorización de la Capitanía de Puerto para su instalación. A su vez, (...) esa entidad edilicia no está facultada para cumplir funciones de vigilancia en el borde costero de esa comuna", por lo que deberá regularizar la situación con la autoridad marítima.
La Contraloría también hace reparos administrativos a la falta de una directiva de funcionamiento para los recintos municipales vigilados por la empresa cuestionada, a que los trabajadores no cuentan con tarjeta de identificación obligatoria y también a que la firma carece del complemento de plan básico aprobado por el OS-10 de Carabineros. También objetó la carencia de una ficha de antecedentes de los guardias y la no entrega el uniforme completo a todo el personal.
Fondos
Sobre las inversiones realizadas por el municipio para la contratación de seguridad, la Contraloría especificó que los documentos de pagos entregados por la entidad municipal por un total de más de $ 92 millones, "carecen de elementos que acrediten la asistencia del personal, así como revisiones o visaciones del inspector técnico de seguridad que permitan confirmar el cumplimiento de turno de cada uno de los guardias", por lo que se solicitó al municipio una fiscalización.
Además, en el informe final fueron cuestionadas dos jornadas de capacitación con personal municipal a la empresa de Morales, por lo que el ente contralor pide devolución al municipio de más de un millón de pesos y la devolución a la empresa de casi la misma cantidad por un pago que generó la Municipalidad, lo que no está acreditado con documentación.
Del caso fue consultada la Municipalidad de Quintero, desde donde afirmaron que los antecedentes están bajo estudio para dar algún tipo de respuesta a la Contraloría Regional de la República.
Empresa debe pagar una multa en UTM
De acuerdo a lo establece la Contraloría en su informe final, la Municipalidad de Quintero debe hacer cobro de dos Unidades Tributarias Mensuales (UTM) a la aludida empresa por no contar con la acreditación y credencial del OS-10 de Carabineros de Chile, cuando estos debían ser presentados. El documento precisa que "la municipalidad, en su respuesta, no acompañó los antecedentes que permitan acreditar el cobro de las referidas multas, la modalidad y base de cálculo que usará para su aplicación , por lo que deberá imponerlas considerando lo contemplado (...) en un plazo de máximo 15 días hábiles".
60 días hábiles como máximo dio el ente fiscalizador para que el municipio dé respuesta al informe.
12 conclusiones fueron emanadas en el informe final; nueve de ellas consideradas de alta complejidad.