Cristián Rojas M.

Ayer vencía el plazo que el propio Gobierno se fijó para enviar al Congreso el proyecto de ley que reformará a la educación superior, pero en definitiva éste ingresará el lunes 4 de julio. Hasta ahora, el Ejecutivo sólo ha presentado una minuta, apoyada por un powerpoint, a rectores y estudiantes universitarios, quienes manifestaron sus aprensiones con diversos aspectos del proyecto, en especial con el financiamiento de la gratuidad universal, que estaría sujeta a los vaivenes económicos, aunque aprueban la nueva institucionalidad que se creará.

Respecto de la gratuidad, el proyecto plantea ampliarla a institutos profesionales y centros de formación técnica sin fines de lucro el próximo año, abarcando hasta el sexto decil en 2018, mientras que para los deciles siguientes, hasta llegar a la gratuidad total, dependerá del Producto Interno Bruto (PIB) tendencial, fórmula que por estar sujeta a la recaudación tributaria no es bien vista por los actores de la educación superior.

A juicio del rector de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), Patricio Sanhueza, para lograr una buena ley "no hay que pensar en las restricciones financieras que tenemos hoy día, por lo que está pasando con la economía, hay que superar eso, porque las miradas a largo plazo tienen que superar las contingencias, que son transitorias".

Por su parte, el vocero regional de la Confech, Carlos Vergara, planteó que "eso es uno de los elementos que nosotros como Confech hemos venido criticando en torno a la gratuidad, porque no deja de ser una beca y eso está evidenciado hoy en día cuando el mecanismo del PIB tendencial dice que para tener gratuidad universal, poco más que tenemos que crecer como China, como Japón, cuestión que es irreal con la economía que tenemos".

A su vez, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (FEPUCV), Jorge Rauld, subrayó que el mecanismo "nos parece grave, creemos que la discusión no puede quedar sujeta a indicadores, a expertos que vayan a definir si el derecho va a quedar garantizado para todos los y las estudiantes. Desde nuestra perspectiva, creemos que hay mecanismos como la renacionalización de nuestros recursos naturales, una verdadera reforma tributaria y no una que sea cocinada con el presidente de los bancos, o redestinar recursos desde el fondo reservado para las Fuerzas Armadas".

Otro de los puntos que considera el proyecto es regular los aranceles a todas las instituciones que reciban aportes estatales, lo que es bien visto por el Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (CRUCh), cuyo vicepresidente ejecutivo, Aldo Valle, respaldó la idea, poniendo de relieve que hasta ahora rige una "libertad de precios sin control alguno".

Por su parte, Vergara recordó que "desde el 2011 se escuchaban voces que planteaban arancel regulado, arancel diferenciado, y esas medidas no las vemos mal", aunque subrayó que ello no puede implicar un desmedro para las universidades estatales.

Por otra parte, a través de una declaración pública emitida ayer, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh), criticó que no se hayan considerado sus propuestas, agregando que, "esta versión tampoco defiende los postulados iniciales impulsados por el propio gobierno y respaldados por la ciudadanía. Muy por el contrario, este proyecto busca consolidar la mercantilización del sistema de educación superior. De aprobarse, se reafirmaría un modelo, existente sólo en Chile, basado en el financiamiento con fondos estatales del mercado universitario privado. Esta consolidación haría imposible la reconstrucción de un sistema público de educación superior en nuestro país".

En este sentido, el vocero regional de la Confech, Carlos Vergara, destacó que los estudiantes planteaban "fortalecer la educación pública, y en especial la educación estatal, y hoy en día no existen mecanismos claros para fortalecerla, por lo tanto, vemos que no es suficiente la reforma, porque generar instrumentos para regular el mercado en la educación no es suficiente. Nosotros estamos planteando eliminar el mercado en la educación, y hoy día no vemos que haya garantías de que se termine".

Por su parte, el rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, Darcy Fuenzalida, quien es el vicepresidente del G9, agrupación que reúne a las Ues tradicionales no estatales, sostuvo que "en la presentación realizada en el Comité Ejecutivo del CRUCh, a mediados de junio, en el proyecto no se encuentra plasmado el rol de las universidades públicas no estatales pertenecientes a dicho Consejo, como correspondería".

Fuenzalida agregó que en el proyecto "se habla sólo de los planteles estatales, desconociéndose el aporte y el rol que universidades como la Universidad Técnica Federico Santa María y las pertenecientes a la Red G9, juegan en el sistema de educación superior. Esta situación pondría en riesgo la continuidad de los proyectos educacionales que son soportantes del sistema universitario en Chile, dado que dentro de las universidades públicas no estatales del CRUCh se encuentran varios planteles de alto reconocimiento a nivel nacional e internacional".

A juicio del rector de la UTFSM, es crucial "que aseguremos lo más importante del sistema de educación superior chileno, su calidad. Nuestro objetivo en esta reforma, es fortalecerlo, y en consecuencia, tenemos que cuidar el no debilitar ningún aspecto de lo que hoy es reconocido a nivel internacional. Sin lugar a dudas, hay que mejorar y corregir aquellos que sí generan dificultades, tanto para su desarrollo como para la equidad al interior del sistema, como por ejemplo, asegurarnos de que no exista lucro y que todas las instituciones estén acreditadas por obligación".Rectores y estudiantes coinciden en que el mecanismo de la glosa presupuestaria para financiar la gratuidad no es el adecuado, aunque están conscientes que debido al poco tiempo que queda para definir el presupuesto 2017, que se discutirá en septiembre, todo indica que nuevamente deberá recurrirse a la glosa, tal como lo reconocieron el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Alberto Robles, y la ministra de Educación, Adriana Delpiano.

El rector de la UPLA, Patricio Sanhueza, augura que el proyecto "va a tener una amplia discusión parlamentaria, yo creo que esto se va a tardar fácilmente 12 meses en el Congreso, es un proyecto que tiene más de 300 artículos, según nos han dicho, y por lo tanto, seguramente va a ser de mucho debate parlamentario y público".En ese sentido, recordó que además "vamos a tener elecciones municipales y seguramente va a estar más floja la labor parlamentaria en ese tiempo. Se ha planteado también la idea de separar los proyectos y discutir el financiamiento en un proyecto aparte", aunque la ministra no ha mostrado indicios en ese sentido hasta ahora, "pero nosotros recomendamos que se tenga cuidado con esto, porque si no, estas cosas se van a demorar demasiado, y como es un solo proyecto, si se cae una parte, se cae todo, entonces es más razonable, a lo mejor, separarlo".

Por su parte, el rector Fuenzalida cree que "es muy difícil que el capítulo de financiamiento pueda estar zanjado antes de fin de año, por lo tanto es muy probable que para 2017 debamos recurrir nuevamente a una glosa. Ahora bien, respecto a su trámite sectorizado, no hay que olvidar que la reforma aborda diversos puntos del sistema de educación superior y por lo tanto, aun cuando un gobierno presente un proyecto global, se hace aconsejable, dada la complejidad del sistema, que éste sea analizado y tramitado separadamente en cada uno de sus aspectos, para asegurar que se realice un análisis cuidadoso en financiamiento, calidad y otros factores involucrados".

El rector de la UTFSM recordó que la ministra "no señaló explícitamente ese propósito, solo planteó que sería en el Parlamento donde se definiría como se tramitaría el proyecto de ley, y espero que el Congreso lo haga por separado".

" Tanto el Ejecutivo como el Parlamento deben hacer énfasis en el aporte que las instituciones están haciendo al país, no en si son estatales o no: hablamos de universidades públicas, altamente reconocidas, que deberían ser tratadas con equidad"

Darcy Fuenzalida, Rector UTFSM y vicepresidente de la Red G9

"No hay que pensar en las restricciones financieras que tenemos hoy día por lo que está pasando con la economía, hay que superar eso porque las miradas a largo plazo tienen que superar las contingencias, que son transitorias"

Patricio Sanhueza, Rector UPLA y presidente Agrupación de Universidades Regionales

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"El CAE, que es un mecanismo para financiar la banca privada y a las universidades empresas, no se elimina y se sigue fortaleciendo"

Carlos Vergara, Vocero regional de la Confech

"Creemos que hay mecanismos como la renacionalización de nuestros recursos naturales, una verdadera reforma tributaria o recursos que van a las FF.AA."

Jorge Rauld, Presidente FEPUCV

30 universidades están adscritas a la gratuidad: las 27 del CRUCh y tres privadas. El próximo año se agregarán institutos profesionales y centros de formación técnica sin fines de lucro.

6 primeros deciles tendrán gratuidad el año 2018. Actualmente hay gratuidad hasta el quinto decil, pero desde el séptimo al décimo quedarán sujetos al PIB tendencial.