El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, informó ayer que el Gobierno fue notificado oficialmente por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que Chile tendrá un plazo de un año para presentar la memoria por la demanda contra Bolivia por el uso de las aguas del río Silala.

El canciller asimismo informó que Bolivia tendrá un año más desde el envío del documento chileno para presentar su contramemoria, en la que deben responder a los planteamientos de nuestro país.

"Lo que les puedo contar es que ya fue fijado por la Corte los plazos para la presentación de la memoria. Será de aquí a un año y para la presentación de la contramemoria boliviana, otro año", dijo el jefe de la diplomacia chilena, que manifestó que está "conforme" con los plazos otorgado por la CIJ.

"Estamos muy satisfechos con todo lo que hemos hecho en relación al río Silala. Estoy absolutamente seguro de que vamos a tener un resultado positivo, porque nos atienden los hechos y el derecho", dijo en el marco de su participación en la conferencia de la Caricom en Guyana, donde acompaña a la Presidenta Michelle Bachelet.

"Estamos listos desde hace tiempo respecto a las aguas del río Silala y por eso hemos presentado esta demanda contra Bolivia", destacó el secretario de Estado.

El canciller reiteró los argumentos chilenos para presentar la demanda y señaló que el objetivo de esa acción legal es que "se respeten nuestros intereses y un uso razonable y equitativo de aguas que son de un río internacional, aguas de uso compartido".

El lunes recién pasado legisladores bolivianos y autoridades regionales de ese país se reunieron en la zona del Silala para reafirmar sus argumentos, señalando que no se trata de un río internacional sino de manantiales. En el lugar celebraron una sesión legislativa que fue inaugurada con ritos indígenas dedicados a la Pachamama (Madre Tierra), según indicó Efe.

Respecto a esa visita, el canciller Muñoz indicó que "estamos con la mayor tranquilidad en este caso y por lo tanto no tenemos opinión si los parlamentarios bolivianos quieren ir al lado boliviano del Silala, allá ellos".

Carolina Collins

La Cámara de Diputados aprobó ayer en general por 71 votos a favor, 36 en contra y cuatro abstenciones el proyecto que crea el sistema de educación pública, más conocido como de desmunicipalización de los colegios públicos.

Con esto el proyecto pasó el que fue su primer trámite constitucional y ahora deberá volver a la Comisión de Educación, donde deberá ser votado en particular tras la revisión de las indicaciones presentadas. La iniciativa tendrá un paso posterior por la Comisión de Hacienda, donde deben revisarse los temas financieros, para luego ser despachado al Senado.

Una vez que finalizó el debate en la Sala de la Cámara, la ministra de Educación Adriana Delpiano destacó la importancia de la iniciativa. "Es un proyecto que es muy importante para el país, es hacernos cargo de la calidad de la educación de los niños que asisten a la educación pública. Todos los países del mundo tienen una gran educación pública, ninguno ha dejado morir la educación pública", afirmó.

Desde la oposición, el diputado José Manuel Edwards de Renovación Nacional (RN), integrante de la Comisión de Educación de la Cámara aseguró que el proyecto de desmunicipalización no se preocupa de la calidad y que producirá "centralización".

A la votación de ayer también asistieron representantes de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundario (Cones) que firmaron junto a parlamentarios de la Nueva Mayoría un protocolo de acuerdo que exige al Gobierno que presente una indicación para modificar el actual sistema de financiamiento.

"Nosotros, junto con distintos parlamentarios y el Colegio de Profesores, firmamos un protocolo de acuerdo para poder incluir un nuevo sistema de financiamiento para la educación, de manera tal que esto pueda seguir avanzando a través del diálogo, de las manifestaciones pacíficas que hemos convocado, en función de poder tener una reforma que no represente a ciertos sectores sino que sea de la mayor amplitud", señaló el vocero de la Cones, José Corona.

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, afirmó que se debe cambiar el financiamiento actual por uno basal, donde el Estado tenga más importancia.

Delpiano indicó al respecto que "el proyecto considera efectivamente cómo se constituyen los instrumentos de financiamiento y también señala cómo se avanza en la gratuidad de los alumnos, que son dos cosas distintas".

La familia de Juan Manuel Romeo, el monitor de computación absuelto que fue acusado de cuatro abusos sexuales y una violación en el jardín infantil Hijitus de la Aurora de la comuna de Vitacura, presentaron 70 demandas en contra de quienes lo acusaron. La acción legal, interpuesta por los padres del monitor de computación, Ana María Gómez (dueña del jardín) y Juan Antonio Romeo, es por difamación, daño moral, daño emergente y lucro cesante, por lo que piden $2.075 millones en total. Mario Schilling, abogado que presentó la denuncia contra Romero, dijo a La Segunda que está "tranquilo y confiado".

Diputados de la UDI enviaron un oficio al Ministerio de Justicia para pedir antecedentes sobre la relación laboral entre el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade y su esposa, Myriam Olate, con Gendarmería. Esto luego de que se conociera que Olate, que fue subdirectora técnica de Gendarmería, recibe una pensión que supera los $5 millones. Los diputados Ignacio Urrutia, Gustavo Hasbún y Celso Morales pidieron que se precisen las "necesidades legales y técnicas" para crear el cargo de subdirectora. Andrade, por su parte, negó haber participado de la votación el pasado 21 de junio, de un proyecto que pedía al Gobierno que las pensiones de Gendarmería no tuvieran un tope legal. "Yo no estuve en esa sesión, yo inicié la sesión y me fui a la Comisión de Hacienda. Yo siempre me he inhabilitado de cualquier proyecto relacionado con Gendarmería", explicó el titular de la Cámara que dijo que es víctima de una "canallada".

El fiscal Regional Sur, Raúl Guzmán, informó ayer que ya comenzaron las diligencias tras la revelación de la deportista Érika Olivera contra su padrastro, Ricardo Olivera, a quien acusó de haber abusado de ella por 12 años. Guzmán explicó que deben ser las partes intervinientes en un eventual juicio los que deben discutir la prescripción. "La declaración de prescripción es una declaración de carácter jurisdiccional, es decir, un Tribunal de la República es quien debe pronunciarse al respecto y, con los antecedentes que se reúnan, serán los intervinientes quienes planteen o no planteen las eventuales prescripciones", dijo según consignó Cooperativa. La maratonista ahora deberá comparecer ante la fiscalía luego de haber presentado una denuncia ante la PDI. La deportista actualmente se encuentra en Brasil, donde participará de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Asimismo se debe determinar el paradero del acusado.