Cristián Rojas M.

El proyecto establece que las universidades estatales tendrán gratuidad "por el solo ministerio de la ley", mientras que las universidades que quieran adscribirse al sistema de gratuidad, así como los IP y CFT, deberán "estar constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro".

Otros requisitos para las instituciones que adscriban a la gratuidad son asegurar que "al menos el 20% de la matrícula total de (...) corresponda a estudiantes de hogares pertenecientes a los cuatro primeros deciles de menores ingresos del país" y que el aumento anual de la matrícula para los primeros años no exceda el 2,7%.

Nueva institucionalidad, compuesta por una Subsecretaría de Educación Superior, encargada de elaborar las políticas y administrar los recursos; una Superintendencia de Educación Superior, encargada de fiscalizar que no exista lucro y proteger los derechos de los estudiantes; y un Consejo para la Calidad, que reemplazará a la CNA.

El cuerpo normativo además sienta las bases para la creación de un nuevo sistema común de acceso a la educación superior, que reemplazará a la PSU, y establece que las instituciones que quieran optar a la gratuidad deberán estar, al menos con un año de anticipación, adscritas a ese nuevo sistema.

La iniciativa legal regulará los aranceles a las instituciones que reciban financiamiento público, mediante un sistema que deberá ser definido por una comisión de expertos, pero no sólo normará los aranceles, sino que además estipula que habrá un tope "en lo relativo a los cobros por concepto de titulación o graduación".

Hasta ahora había dudas sobre la duración de la gratuidad, pero el proyecto señala que "la obligación de otorgar estudios gratuitos (…) será exigible respecto de aquellos estudiantes que permanezcan matriculados en la respectiva carrera o programa de estudio que no exceda la duración nominal de éstas" entendiendo por nominal "al tiempo de duración del plan de estudios, y los procesos asociados a la titulación o graduación".

Rector Sanhueza: "No se ve desarrollo país en la reforma"

Después de varias postergaciones y tras ser anunciado por la propia Presidenta Bachelet en cadena nacional, finalmente ayer el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley que reformará la educación superior y que es la última iniciativa del conjunto de transformaciones que el Ejecutivo ha hecho en materia educativa, que abarcan la educación preescolar, básica y media, creación de universidades estatales y centros de formación técnica y una carrera docente.

Hasta ahora el proyecto había sido presentado a parlamentarios, rectores y estudiantes universitarios resumido en una minuta apoyada con una presentación de Powerpoint, pero ayer finalmente pudo conocerse el articulado completo de la iniciativa legal, que comprende 202 artículos y otros 60 más de carácter transitorio.

El proyecto contempla la creación de tres nuevas instituciones que regirán la educación superior: una superintendencia, que velará, entre otras materias, porque no se infrinjan las restricciones al lucro; una subsecretaría; y un Consejo para la calidad, que reemplazará a la Comisión Nacional de Acreditación.

Respecto de la nueva institucionalidad, el rector de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), Patricio Sanhueza, quien además preside la Agrupación de Universidades Regionales, destacó que "recoge planteamientos que se han formulado respecto de la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado en materia de educación superior, y eso se logra a través de la subsecretaría de educación superior, que es una buena decisión".

Sanhueza también resaltó que "la creación de la superintendencia de educación superior es un avance importante, y particularmente en lo que dice relación con el lucro, y por lo tanto, eso representa un progreso. Respecto de las sanciones, finalmente aparece la figura penal de apropiación indebida para aquellos casos en que los sostenedores retiren recursos para su propio patrimonio. También hay multas y me parece bien".

En cuanto al aseguramiento de la calidad, estima que la "el hecho de que se cree una comisión para los procesos de acreditación de las instituciones y que la acreditación sea obligatoria para todas, nos parece también interesante".

En cuanto al financiamiento, el cuerpo normativo señala que las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que se adscriban a la gratuidad. Mientras las universidades estatales se sumarán a la gratuidad "por el solo ministerio de la ley", las universidades del G9, las privadas, los IP y CFT deberán asegurar que entre sus controladores no haya personas jurídicas con fines de lucro.

Sobre este punto, Sanhueza considera que "hay cuestiones que necesariamente hay que volver a revisar. Esta división entre universidades estatales y universidades privadas no nos parece tan adecuada, porque hay un conjunto de instituciones, particularmente me refiero a las universidades regionales, que no siendo estatales cumplen una misión pública extraordinaria. Quien va a negar que la Universidad de Concepción, por ejemplo, cumple una labor en el Biobío, o la Universidad Austral en su región. Por lo tanto, ahí es necesario precisar".

Por otra parte, en su calidad de presidente de la Agrupación de Universidades Regionales, Sanhueza lamentó que, sobre estos planteles, en el proyecto "no hay mención alguna, pese a que nosotros hicimos una propuesta muy completa donde señalábamos precisamente lo que tendría que ocurrir para un país que quiera ser más equilibrado, más igual en todo el territorio, eso requiere instituciones de educación superior muy fortalecidas, no negocios de la educación superior, sino que comprometidas con el desarrollo, y creo que ahí también hay una confusión, porque no se ve claramente el desarrollo país en esta reforma".

El proyecto establece una ruta hacia la gratuidad universal, contemplando que el próximo año se sumen los IP y CFT que cumplan los requisitos, mientras que el sexto decil tendría gratuidad en el año 2018 y los deciles siguientes dependerán del Producto Interno Bruto (PIB) Tendencial.

Respecto de esta materia, el rector de la UPLA cree que "los temas de la gratuidad, de acuerdo a la fórmula que está planteada ahora, nos indica que llegar al décimo decil va a ser prácticamente una ruta de muchos años, porque eso va a depender de los ingresos estructurales del país, como porcentaje del PIB".

En ese sentido, planteó que "pasar del 21,5 al 29,5 para llegar al décimo decil es una tarea muy larga, por lo tanto, eso va a requerir una revisión de esta medida, porque puede que demore tanto que pasen generaciones incluso. Entonces, yo creo que eso requiere una fórmula diferente, más allá del PIB".

Por otro lado, el proyecto contempla eliminar paulatinamente el Aporte Fiscal Directo (AFD), en un lapso de cinco años después de promulgada la ley. Y en este sentido, Sanhueza señaló que en el CRUCh hay preocupación por esa situación, ya que si bien el AFD será reemplazado por convenios marco y convenios de desempeño, "esos van a quedar entregados a las leyes de presupuesto anual, lo que los hace ser muy variables esos recursos, a nuestro juicio".

Uno de los puntos que los estudiantes han demandado es el término del Crédito con Aval del Estado (CAE), y en este punto, el académico remarcó que "nos llama la atención que se mantiene el CAE incluso para aquellas universidades privadas sin gratuidad y con arancel libre. A mí me preocupa mucho esto de los aranceles libres, porque en definitiva implica un instrumento que también lo financia el Estado y donde no va a haber determinación de aranceles, mientras todos nosotros vamos a estar con aranceles regulados, lo que significaría universidades para una elite que va a tener a su vez un sistema de apoyo con el CAE".

Sanhueza coincidió con lo planteado por la Confech, al poner de relieve que "el CAE termina siendo también un negocio de la banca, con el aval del Estado, que tiene que pagar mucha plata en esos créditos. Cuando una institución no va a la gratuidad y, por lo tanto, tiene libertad de precios y puede crecer lo que quiera y va a ser financiada por el CAE, a mí me parece que no puede ser de esta manera y nosotros somos partidarios que se elimine el CAE, porque finalmente también constituye un endeudamiento para las familias y a veces para familias muy modestas".

El proyecto establece un trato especial para las universidades estatales no sólo en lo referido a la gratuidad, sino que además contempla aportes financieros basales y también deberes, como brindar una educación laica y garantizar el pluralismo.

Respecto de ello, Sanhueza hizo notar que para "lo que se les pide, como el compromiso con las políticas nacionales, con el desarrollo país, con la cultura, etc., no hay una contrapartida con recursos para que ello ocurra, y yo creo que en eso falta profundizar".

La iniciativa legal señala que las universidades que adscriban a la gratuidad deberán limitar su matrícula a un máximo de 2,7% de aumento anual para el primer año de la carrera, normativa que es bien vista por Sanhueza, pues a su juicio, "el Estado tiene derecho a decir que no podemos crecer indiscriminadamente, porque los recursos tampoco son infinitos, y por lo tanto, puede perfectamente tener alguna intervención respecto del máximo de matrículas que es aceptable anualmente para poder financiarlas".

En este sentido, planteó que "tampoco pueden quedar instituciones que queden abiertas a la absoluta libertad de poner los cupos que quieran en las carreras, porque eso también implica recursos, incluso por el CAE".

"La creación de la superintendencia de educación superior es un avance importante, y particularmente en lo que dice relación con el lucro, y por lo tanto, eso representa un progreso"

Autoridades valoran que normativa frenará casos como el de la U. del Mar

Las autoridades de la Región de Valparaíso expresaron su conformidad con el envío del proyecto de ley de reforma a la educación superior y destacaron especialmente los aspectos referentes al aseguramiento de la calidad.

El intendente, Gabriel Aldoney, sostuvo que "aquí ya hay un indicio de cómo enfrentar problemas como el sucedido en la U. del Mar. Ya existe una disposición donde el Estado interviene esos establecimientos y le da continuidad a los estudios y vela por los derechos de los estudiantes. No se puede pensar el proceso de calidad que se quiere lograr con las universidades cerrando establecimientos universitarios indiscriminadamente. No sería una medida adecuada considerando los derechos que tienen los estudiantes en esta materia".

Asimismo, el jefe regional recordó que "lo que se ha criticado al sistema educativo chileno es su alto grado de discriminación e inequidad social que impide que familias de menos recursos puedan enviar a sus hijos a la universidad. Lo segundo es el tema de la calidad. Aquí lo que se está haciendo es emparejar la cancha (…) Esto es muy importante para las familias y jóvenes de regiones. Lo que se intenta es que se vaya nivelando la cancha de Arica a Punta Arenas, de tal manera que un profesional que egrese en regiones esté en igualdad de condiciones".

Por su parte, el seremi (s) de Gobierno, Javier Mancilla, resaltó la creación de una superintendencia, poniendo de relieve que "los estudiantes tendrán la garantía de que lo que se imparte en una universidad o en otra tiene la misma calidad. La institución que se cree tendrá como misión velar por el buen uso de los recursos públicos".

"Pasar del 21,5 al 29,5 para llegar al décimo decil es una tarea muy larga, por lo tanto, eso va a requerir una revisión de esta medida, porque puede que demore tanto que pasen generaciones incluso"

50% de los estudiantes matriculados en universidades que adscribieron a la gratuidad (las 27 del CRUCh y 3 privadas) no paga arancel ni matrícula. El próximo año se sumarán IP y CFT que no lucren.

2018 se sumará el sexto decil a la gratuidad, mientras que para los cuatro restantes habrá una fórmula que dependerá del PIB tendencial, lo que fue criticado por el rector Sanhueza y la Confech.

18 detenidos hubo tras la marcha convocada por la Confech ayer en Valparaíso, en la que según Carabineros, hubo 1.700 manifestantes, mientras los organizadores estimaron el número en 10.000.