Cristián Warnken, poeta, profesor, director de la editorial de la Universidad de Valparaíso, cargó su Kalashnikov -la metralleta más letal de la historia- y en una columna periodística disparó contra toda la clase política. Esto, a partir de la nominación de DJ Méndez como candidato a la alcaldía porteña en representación de la Nueva Mayoría.

"¿… es una chacota?", se pregunta y agrega: "Más bien habría que decir que el desempeño de la clase política de la ciudad ha sido hasta ahora una sucesión de gags desastrosos que hacen posible que un DJ se convierta en alcalde; Él no puso la música; en realidad, fueron los caudillos y padrinos políticos de la zona y esa música ha sido la de un carnaval de corrupción, ineficiencia, mal gusto. El DJ no es, en realidad, Méndez, sino Lagos Weber. Él está mezclando, probando, a ver si "salta la liebre".

En la mira de Warnken están todos, Pinto y Castro y afirma que Méndez "simplemente ha llenado el vacío, el hoyo negro que han dejado los que han administrado estas décadas perdidas de Valparaíso y que podrían haberse usado para devolver a la ciudad su dignidad y esperanza".

Y avanzando en el tono lúdico propone un sistema político nacional a cargo de personajes de la farándula.

Reacciones varias en el mundo político. Silencio de algunos pues es complicado refutar a un columnista de la calidad de Cristián Warnken, cuyos juicios sobre la actualidad discurren entre la realidad, la poesía y la fantasía.

La realidad, última encuesta Adimark: 72% de rechazo a la Presidenta; 79% al gobierno; 74% a la Nueva Mayoría y 70 a Chile Vamos; sobre el 80% al Congreso y, en lo inmediato, un relativo interés, 53%, en participar en las elecciones municipales.

La fantasía: "Tal vez haya que llamar a todos los payasos de la ciudad (digo a los de verdad), a los malabaristas, a los cantantes de bolero y tango a tomarse el municipio de una vez por todas y echar a los inoperantes, a los que aceptan coimas a la calle y vestirlos de artistas callejeros. Un gobierno circense ¿no significaría un rito de purificación, una catarsis, para expulsar a los malos espíritus, y permitir que todo vuelva a empezar de nuevo?".

El artículo de Warnken publicado el jueves en El Mercurio de Santiago, refleja, con gracia, un pensamiento generalizado, doloroso, sobre Valparaíso, cargado de pergaminos, leyendas, títulos y problemas. Su fantasía coincide también con esa realidad nacional que se expresa en los números.

Para algunos la columna fue un focalizado y elitista ninguneo; para muchos, simplemente, "la verdad bien dicha", eslogan de una antigua agencia de publicidad.

Esta semana ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley que, según variados anuncios, debía contener una reforma a la educación superior. Sin embargo, a partir de dicho texto no se deduce que se incrementarán las oportunidades de elegir entre lo público o lo privado, ni que terminarán los incentivos a la mercantilización ni que el lucro quedará eficazmente prohibido, pues se deja a la voluntad del gobierno de turno su eventual persecución criminal. Tampoco esta propuesta contribuirá a fortalecer la complejidad y calidad de las instituciones públicas, porque confunde cobertura con desarrollo y porque convierte al Estado en un gran comprador de educación a la oferta privada.

Por todas estas razones, con este proyecto no se transformará el sistema de educación superior en sus efectos sociales. La mayoría de los jóvenes y sus familias, no obstante el esfuerzo y el mérito, seguirán en el futuro sin más alternativa que matricularse en universidades privadas de baja complejidad o claros sesgos economicistas o ideológicos. Las instituciones públicas, por su parte, especialmente en regiones, seguirán recibiendo recursos que no les permitirán un desarrollo sustentable frente a un mercado educacional financiado por el propio Estado.

Nadie responsablemente puede pedir que estos cambios estructurales se hagan de un día para otro. La gradualidad debe ser la regla en estos procesos. Lo grave es que tampoco se advierte que la reforma se proponga ni siquiera gradualmente dichos efectos transformadores. Si bien contiene avances, porque la regulación de la oferta privada en si misma lo es, tal como fortalecer la institucionalidad del Estado constituye una necesidad, lo que hemos conocido hasta ahora no es propiamente una reforma, porque se conservarán efectos sociales estructurales que no responden a los objetivos propios de la construcción de una sociedad democrática.

Los gobiernos tienen derecho a cambiar de opinión, desde luego a introducir matices o a relativizar objetivos comprometidos, todo ello con la única condición de advertirlo a sus interlocutores y de dar las razones que les inducen a modificar definiciones sustantivas. Pero no tienen derecho a la inconsistencia política, a decir que harán reformas para fortalecer la educación pública y terminar consolidando la cobertura privada.

Es legítimo que un gobierno opte por diseños propios del funcionalismo neoliberal, pero no es tolerable que quienes debieron comunicarlo en el debate previo lo hayan silenciado o demorado para impedir al otro la discusión oportuna. Estas conductas no son propias de la buena fe ni de las virtudes públicas y están muy lejos de las buenas prácticas democráticas.

Aldo Valle Acevedo

Rector Universidad de Valparaíso

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