Salvo por la nueva institucionalidad y la fórmula para llegar a la gratuidad universal, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, se mostró bastante crítico con el proyecto de reforma a la educación superior que el Gobierno ingresó al Congreso este martes, en especial sobre el fin de los aportes basales al financiamiento de las universidades tradicionales privadas, agrupadas en el G9, organismo que precisamente él encabeza.

Respecto del proceso prelegislativo, el rector de la PUCV y presidente del G9 recordó que las conversaciones entre el CRUCh y el Gobierno se remontan prácticamente a los inicios del actual mandato de la Presidenta Bachelet, aunque advirtió que "eso no significa que haya habido una disposición a ir incorporando los planteamientos de los distintos actores, y en particular, al menos en lo que yo he visto, de las universidades el Consejo de Rectores, y muy en particular de las universidades no estatales del CRUCh".

A su juicio, en la elaboración del proyecto hubo "un grado alto de improvisación, o sea, puede parecer contradictorio que con tanto tiempo haya improvisación, pero cuando parecía que se habían acogido en los últimos meses algunos de los planteamientos que se habían formulado, algo muy extraño ocurre, y son modificados algunos aspectos de la iniciativa y del financiamiento, que estaban hasta el miércoles en una minuta que se envió a todos los actores, y eso cambia el domingo. O sea, en cinco días cambian cosas muy de fondo en una discusión que duró dos años. Eso no puede dejar de llamar la atención, y además que cambian cosas que se habían planteado por los ministros de Educación, Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, entonces esas son cuestiones que llaman la atención".

-¿Qué fue lo que se cambió a última hora?

-Lo que cambió fue algo que afecta gravemente a las universidades públicas no estatales del Consejo de Rectores, que tiene que ver con el financiamiento institucional, porque hasta el día miércoles estaban en esa minuta los fondos basales que a través de distintas modalidades han existido en Chile desde por lo menos la mitad del siglo XX, pero luego se termina. Hay un periodo de transición, evidentemente, de cinco años, pero se termina, y eso evidentemente es un cambio muy profundo y que consideramos muy negativo no solamente para estas instituciones, sino que para el sistema de educación superior chileno.

-En términos concretos, ¿en cuánto se reduciría el presupuesto de la PUCV, qué áreas afectaría?

-Eso es difícil poder proyectarlo, porque ahí se plantea que se reemplazan estos fondos por otros fondos que son concursables, lo que significa que se asignan desde la autoridad, desde el Ministerio de Educación, con todo el grado de discrecionalidad que ello significa.

-El rector de la UPLA lamentaba que no hubiera mención a las universidades regionales ¿Esperaba usted que se las considerara?

- Bueno, yo creo que aquí también se está desaprovechando una oportunidad para fortalecer las universidades regionales, que son casi todas las que están en el Consejo de Rectores. Este fortalecimiento habría permitido influir y avanzar en el proceso de regionalización y de descentralización del país, porque las universidades regionales han cumplido y cumplen una tremenda labor, justamente en colaboración con las sociedades de cada una de las regiones, en el desarrollo de éstas, y por lo tanto en la medida que se fortalecen estos planteles, se contribuye a que tengamos regiones más potentes, y de esa manera, un país que avanza en la reducción del centralismo que lo afecta.

-¿Qué destacaría usted del proyecto?

-Creo que el proyecto contiene avances especialmente en materias de institucionalidad y en materias de aseguramiento de la calidad, que son perfectibles en todo caso. Pero, por ejemplo, la creación de una subsecretaría y de una superintendencia de educación superior son avances importantes. En el tema del aseguramiento de calidad creo que en general está bien logrado, pero creo que hay aspectos que todavía se pueden mejorar, por ejemplo, el consejo de aseguramiento de la calidad que se crea, debiera ser, en mi opinión, un ente autónomo, para hacerlo independiente de las autoridades políticas de turno.

-¿Y lo que lo deja disconforme, aparte del fin de los aportes basales?

-Sin duda, el elemento más preocupante y más negativo, en mi opinión, es una falta de correspondencia que existe entre los objetivos -que yo comparto, por cierto- y también ciertos criterios ordenadores que se establecen, con el contenido del proyecto: objetivos de calidad, de inclusión, de equidad en el sistema, por supuesto uno los comparte; criterios ordenadores del sistema, como la provisión mixta, la libertad académica, la autonomía de las instituciones, también uno los comparte. Pero finalmente creo que el texto, el contenido del proyecto, no refleja esos grandes objetivos, porque por ejemplo, cómo no va a ser contradictorio que el proyecto no solamente ignore a un conjunto de universidades como son las que forman el G9, que son universidades que, sin duda, una de sus características más determinantes es la calidad.

Aporte de ues del g9

Para Elórtegui, la gravedad de no considerar a los planteles agrupados en el G9 radica en la contribución que hacen al país, que es reconocido fuera de nuestras fronteras, y para graficarlo agregó un par de antecedentes: "Estas universidades aportan prácticamente el 50% de toda la investigación que se hace en Chile, medida por publicaciones, proyectos, patentes. En todos los rankings más reconocidos internacionalmente, como el ranking QS, donde hay nueve universidades chilenas entre las mejores 50 de América Latina; en el ranking Times Higher Education hay 10 universidades chilenas entre las 50 mejores de América Latina. En ambos rankings, 5 de 9 y 5 de 10, hay 5 universidades del G9, entonces, cómo no va a ser contradictorio que un proyecto en que los grandes temas son la calidad e inclusión, no solamente no considera a estas universidades, sino que las ignora. No hay ni una línea en relación a ellas, pero no solamente las ignora, sino que las perjudica".

A su juicio, ello implica desconocerlas "no sólo en calidad, que es uno de los ejes del proyecto, sino que en inclusión, pues son universidades totalmente inclusivas. Un antecedente: de los estudiantes incorporados a gratuidad en 2016 estas universidades, más del 60% de los que ingresaron en 2016 a estas nueve universidades están en gratuidad, es decir, pertenecen al 50% de la población de menores ingresos. Entonces yo creo que ese antecedente basta para mostrar el grado de inclusividad que estas universidades tienen".

El presidente de las Ues agrupadas en el G9 recordó que "hasta el miércoles el proyecto no las consideraba, pero las dejaba como están hasta ahora. Pero el proyecto presentado el lunes no solamente no las considera, sino que establece un esquema de financiamiento que amenaza seriamente, no su desarrollo, sino la situación de estas universidades, o sea, si este proyecto fuera aprobado y se transformara en ley tal como está planteado, -cosa que yo espero y confío que no ocurra- sin duda estas universidades, cuando termine el proceso de transición de cinco años, se encaminan claramente a una decadencia inevitable que afecta a las instituciones, a las comunidades de académicos, funcionarios y estudiantes, pero afecta a la educación superior en Chile y al país".

-¿Esto sólo porque ya no habrá aportes basales o hay otro aspecto que las perjudique?

-El planteamiento del proyecto, el diseño de política pública lleva a que estas universidades son tratadas, -ignorando toda su trayectoria, su aporte, su calidad, su inclusión-, como todas las universidades creadas después de 1980, entre las cuales hay muy buenas universidades y otras no tanto. O sea, este proyecto hace una clasificación de universidades, entre estatales y privadas, que va a contrapelo de lo que ha sido la historia de la educación superior chilena y de lo que es la realidad de la educación superior chilena. Entonces no es solamente un tema de financiamiento, y por eso que hemos planteado que junto con un trato preferente a las universidades del Estado, aquí se está dando un maltrato a estas universidades, o sea, no es sólo que se las ignore, sino que se las está castigando muy injustamente.

- Homologándolas a las privadas

-Claro, pero eso supone que se está intentando hacer borrón y cuenta nueva del sistema de educación superior chilena, y eso evidentemente, en mi opinión, no tiene ninguna lógica. Por eso yo he planteado que parece que volvió la lógica de quitar los patines, o sea, nosotros sentimos que a estas instituciones se le están quitando los patines, porque se le está privando de los medios para que puedan seguir siendo lo que son hoy día, ni siquiera decir para que se puedan seguir desarrollando.

- El G9 había entregado una carta a la Presidenta Bachelet, que por lo que comenta, no tuvo eco. ¿Irán entonces al Congreso a exponer estos temas, a fin de conseguir indicaciones al proyecto?

-O sea, no solamente no tuvo eco la carta, sino que después de la carta el trato fue peor. No estoy diciendo que como consecuencia de la carta, pero ya lo que era ignorar al G9, lo que era un trato de no considerarnos, pasó a un maltrato y castigo, así que iremos al Congreso y esperamos que se entienda esta situación, porque no estamos haciendo una defensa corporativa ni preocupándonos de plata más, plata menos, sino que defendiendo la situación de universidades que han sido claves para este país, para las regiones en las cuales están insertas, y que están teniendo el trato que yo he descrito anteriormente

Gratuidad y aranceles-¿Qué le parece la fórmula para llegar a la gratuidad universal y el tiempo que podría tomar para alcanzarla?

-A mí me parece, en ese aspecto, que la aproximación para avanzar en gratuidad es realista y responsable, y creo que no podría ser de otra forma, porque hay una realidad económica que la determina. Algunas opiniones pretenden que se puede ignorar la realidad económica, pero eso es imposible, el país hoy día enfrenta una situación económica muy distinta de la que tenía hace tres o cuatro años, originada en la reducción de las tasas de crecimiento económico, y en la realidad del precio del cobre, y por lo tanto, los recursos no se pueden inventar. El avance de la gratuidad universal demanda una cantidad altísima de recursos, entre 3.000 y 3.500 millones de dólares, y por lo tanto, a mí me parece que el planteamiento que formula el proyecto en ese aspecto, es responsable y realista.

-Los estudiantes planteaban que podría haberse recurrido a otras fórmulas, como echar mano a los recursos que van a las Fuerzas Armadas por la Ley Reservada del Cobre, o renacionalizar los recursos naturales...

-Lo que ocurre, en mi opinión, es que hay que considerar también que en este país la falta de gratuidad no es el único problema social, ni el más acuciante. A mí me parece que hay otras urgencias antes que financiar la gratuidad de los que tienen recursos. Yo soy favorable a la gratuidad de los sectores que la requieren, ahora, quiénes la requieren, ahí está la discusión, pero claramente hay sectores, por ejemplo, los escolares que estudian en colegios particulares pagados, que uno podría preguntarse ¿por qué todos los chilenos, con los impuestos, le van a pagar la gratuidad a quienes han tenido recursos para financiar la educación en esos colegios, que son carísimos? Y esos recursos, destinarlos a financiar la gratuidad de esos estudiantes, en vez de destinarlos a los gravísimos problemas que existen, por ejemplo, en salud, en el tema de los adultos mayores y las pensiones muy bajas de amplios sectores de la población, las necesidades de la educación parvularia, de la educación escolar, de los niños en situación de vulnerabilidad, o que han sido violentados. Entonces, en mi opinión, uno no puede tratar el tema de la gratuidad, y en general el tema de la educación superior, al margen de los grandes problemas sociales que este país todavía tiene.

-¿Está de acuerdo con el arancel regulado?

-Bueno, otro problema de este proyecto es que antes incluso de entrar a discutir si lo que plantea está bien o está mal, hay que plantearse, en mi opinión, si lo que plantea es fiable o no, y eso se lo señalo en relación a los aranceles regulados. Se crea un panel de siete expertos para fijar los aranceles, en Chile hay en torno a 12.000 programas, carreras de pregrado en centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades, entonces uno se pregunta si es viable, cuánto puede demorar que se fijen los aranceles. Ahora se dice que se van a agrupar las carreras, bueno, supongamos que se agrupan, y en vez de 12 mil son 3 mil o 2 mil, pero fijar dos mil aranceles, utilizando la metodología que se usa para fijar las tarifas del agua potable o la energía eléctrica. En agua potable hay una sola empresa en la Quinta Región, y es un proceso complejo, largo, que funciona en base a un panel de expertos. Así se pretende fijar la tarifa de 3 mil, 4 mil o 12 mil programas, parece irreal pretenderlo, salvo que se esté pensando ya no en el periodo para llegar a la gratuidad, sino a lo mejor en 50 años para fijar los aranceles. Entonces por eso digo que en ese aspecto, en mi opinión, este proyecto no es realista desde el punto de vista de la viabilidad para realizarlo, o sea, yo creo que es necesaria una regulación de aranceles cuando el Estado está financiando becas, créditos y gratuidad, pero la forma creo que no es viable. Por eso que, en general, las opiniones que uno va escuchando, es que el gran déficit que tiene este proyecto, la parte más débil, es la parte del financiamiento.

"Cuando parecía que se habían acogido en los últimos meses algunos de los planteamientos, algo muy extraño ocurre y son modificados algunos aspectos de la iniciativa y del financiamiento que estaban hasta el miércoles (29 de junio), y eso cambia el domingo" "Cómo no va a ser contradictorio que un proyecto en que los grandes temas son la calidad e inclusión, no considere a estas universidades (...). No hay ni una línea en relación a ellas, pero no solamente las ignora, sino que las perjudica" "Se está intentando hacer borrón y cuenta nueva del sistema de educación superior chilena, y eso evidentemente, en mi opinión, no tiene ninguna lógica"

"Creo que el proyecto contiene avances, especialmente en materias de institucionalidad y en materias de aseguramiento de la calidad, que son perfectibles en todo caso"