El fiscal regional de Aysén, Pedro Salgado, asumió la investigación por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña política del diputado (Ind. pro DC) Iván Fuentes, debido a que el principio de ejecución de los hechos estaría radicado en la zona.

Con ello, el persecutor de O'Higgins, Emiliano Arias, deberá remitir todos los antecedentes que existan al respecto, luego que en un comienzo fuera designado por el fiscal nacional, Jorge Abbott, para dirigir la indagatoria.

La máxima autoridad del Ministerio Público ordenó una investigación de oficio luego que TVN diera a conocer el fin de semana que el parlamentario habría recibido pagos de Fipes, Industrias Pesqueras del Sur Austral, una de las asociaciones más importantes en la zona sur en el rubro pesquero.

Tales dineros habría sido utilizados, entre otras cosas, para financiar pasajes y estadías de Fuentes durante las discusiones de la materia en el Congreso.

De acuerdo con los antecedentes, los aportes mensuales entre los años 2012 y 2013 bordearían el millón y medio de pesos mensuales.

Los dineros habrían sido gestionados por el senador de la Democracia Cristiana (DC) Patricio Walker y en total alcanzarían los $ 15 millones.

El martes, Fuentes aseguró que al momento de recibir los fondos en cuestión -que dijo le sirvieron para mantener a su familia durante la campaña-, desconocía su origen.

Tras imponerse en la encuesta impulsada por Chile Vamos, la ex candidata presidencial Evelyn Matthei, fue confirmada como la carta de la coalición opositora por Providencia en las elecciones municipales de octubre. Así lo confirmó el presidente de la UDI, el senador Hernán Larraín, a través de redes sociales, donde informó que Matthei venció a la precandidata de RN, la concejal Pilar Cruz. El timonel gremialista destacó que la ex senadora tiene altas posibilidades de ganar la elección. La candidata de Chile Vamos competirá en octubre con la actual alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz, quien venció en los últimos comicios al ex edil, Cristián Labbé. Matthei comentó que "no hago vaticinios, yo siempre lo único que hago es trabajar".

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el miércoles la indicación que modifica el sistema de financiamiento de los colegios públicos, ingresada por la parlamentaria Camila Vallejo (PC), la ministra de Educación, Adriana Delpiano, señaló que el Ejecutivo también quiere cambiar el mecanismo actual pero con los mismos recursos actuales y anunció que el ministerio trabaja en una propuesta.

"Yo quiero ser muy clara, el Ejecutivo también quiere que podamos tener la posibilidad de cambiar el financiamiento que hoy es sólo por asistencia, a una manera distinta", sostuvo Delpiano.

Explicó que el proyecto de ley de Nueva Educación Pública, más conocido como desmunicipalización, ya contempla algunos cambios en el sistema de financiamiento, como garantizar el sueldo de los profesores y los gastos básicos de mantención de los colegios.

"Pero así y todo le hemos dicho a los parlamentarios, (que) no fue un compromiso ni de este proyecto ni de carrera docente tener cambio en el sistema de subvención", explicó.

La indicación ingresada por Vallejo, plantea que en el primer semestre de 2017 el Gobierno ingresará un proyecto que reemplace el actual sistema de financiamiento, que se basa en la subvención por asistencia, por uno que considere más factores.

Esto causó la molestia del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien dijo que la medida es "inconstitucional" porque "las materias de financiamiento las propone el Ejecutivo, y el Legislativo las aprueba o las rechaza".

Vallejo admitió que "no estábamos habilitados para proponer indicaciones que involucren cambios de financiamiento o le impongan plazo a la Presidenta". Pero añadió que sí "era admisible insistir en el debate, para que el Gobierno se allane a ser más claro sobre esta materia en el segundo trámite en el Senado" y dé plazos para el ingreso de un proyecto.

Al respecto, el ministro del Interior Mario Fernández comentó que "los parlamentarios no tienen iniciativa financiera, por lo tanto una iniciativa parlamentaria que irroga gastos técnicamente debería ser declarada inadmisible y primero no debería ser votada".

Mabel González

El Tribunal Constitucional (TC) declaró ayer inadmisible los nuevos requerimientos presentados por Chile Vamos contra la reforma laboral, por haber si interpuestos fuera de plazo. El acuerdo fue adoptado en empate y con voto dirimente del presidente de la instancia, Carlos Carmona.

La acción, ingresada por un grupo de senadores y diputados del bloque opositor, apuntaba a un presunto "desacato" por parte del Gobierno, al presentar el veto presidencial que suprimía algunos pactos de adaptabilidad y el quórum para negociar.

De acuerdo al recurso -que el martes había sido acogido a trámite por el TC-, el Ejecutivo, de forma "explícita", habría resuelto desconocer el "efecto vinculante" del veredicto del tribunal.

Según explicó el secretario del tribunal, Rodrigo Pica, el motivo de inadmisibilidad que fue discutido se refiere a la oportunidad para formular los requerimientos.

Ahora el proyecto pasará por el "control preventivo y obligatorio", por contener algunas normas que son de ley orgánica constitucional, paso previo para su promulgación.

El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, valoró la resolución y dijo que La Moneda "como siempre, acatará este fallo, como acató de buena fe el primer pronunciamiento del tribunal".

"Somos respetuosos de la institucionalidad y llamamos a la oposición a ser respetuosa también. Podrán no compartir la sentencia, pero deben acatarla", manifestó el secretario de Estado, en compañía de los titulares de Hacienda y Trabajo, Rodrigo Valdés y Ximena Rincón, respectivamente.

Díaz sostuvo que este fallo "da cuenta del pleno respeto a las normas, en Chile las instituciones funcionan", y criticó la "forma y tono" que utilizó Chile Vamos para presentar el requerimiento, ya que "no corresponden al modo en que deben relacionarse los poderes del Estado".

"Esperamos el pronto término de esta etapa para proceder a la promulgación de la reforma laboral impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet, con los avances que ella significa para los trabajadores y trabajadoras de Chile y para las relaciones laborales", dijo el vocero.

Desde la oposición, el timonel de la UDI, Hernán Larraín, afirmó que luego de la determinación del tribunal, "sobrevendrán numerosos fallos judiciales que irán precisando el fallo del TC".

"Lo que viene por delante es la judicialización del fallo laboral, lo que es de todos modos inconveniente y es lo que hemos tratado de evitar", indicó el senador.

El parlamentario sostuvo que "es tiempo de que el Gobierno se dé cuenta de que él tiene la reponsabilidad de evitar la judicialización a través de normas que permitan que los trabajadores no afiliados puedan negociar colectivamente, porque con las normas actuales difícilmente lo van a hacer, y si lo hacen, se producirá el caos judicial".