Hace unos días el Departamento Jurídico de la Municipalidad de Concón comenzó el proceso de invalidación del oficio alcaldicio N°3229, del año 2014, que permitió reanudar faenas al hotel Punta Piqueros en el borde costero de la comuna, documento que ahora será anulado, generando con ello la paralización de la construcción que lleva un 90% de avance en su ejecución.

La acción es tomada por el alcalde de Concón, Óscar Sumonte, tras el dictamen de Contraloría emanado el 1 de julio, oficio N°10965, donde la entidad fiscalizadora rechaza la reconsideración presentada por el municipio y ordena, en un plazo de 20 días, anular el decreto alcaldicio, dado que la Corte Suprema acogió el reclamo de ilegalidad presentado por el Comité Pro Defensa del Patrimonio, lo que dejó sin efecto el decreto alcaldicio N°2297 de 2013, que daba validez al permiso de obra N°7 de 2011.

"El alcalde instruyó que hiciéramos lo que Contraloría mandata, iniciar el proceso de invalidación que trae consigo iniciar la paralización de las obras y para eso estamos tramitando el decreto dentro de los plazos dados por el fiscalizador. La municipalidad lo que está haciendo es dar cumplimiento al decreto de Contraloría que nos ordena iniciar el proceso de invalidación", afirmó el abogado municipal, Patricio Anders.

Acciones pendientes

El funcionario fue claro en precisar que "se obedece al dictamen de la Contraloría sin perjuicio de que no se está conforme con el criterio, por lo que vamos a recurrir a la Contraloría Nacional con el objeto de que se haga un nuevo pronunciamiento de lo establecido".

En el caso, además, queda pendiente la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso respecto del recurso de protección presentado por la inmobiliaria, acción que de ser acogida, explicó Anders, "no se podría dar inicio al procedimiento de invalidación".

Del caso, la empresa afirmó que "la inmobiliaria está a la espera del pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso".

La Corte Suprema rechazó recurso de casación presentado en contra de la sentencia que desestimó denuncia por obra nueva del proyecto "Terminal de pasajeros puerto de Valparaíso", por eventualmente no contar con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales.

En fallo unánime, la Cuarta Sala -integrada por los ministros Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz y los abogados (i) Jaime Rodríguez y Leonor Etcheberry- descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que confirmó la resolución del Segundo Juzgado Civil, que desestimó la acción presentada por vecinos de la ciudad puerto.

Los sentenciadores tuvieron por establecidos los siguientes hechos: La denunciada se encuentra ejecutando obras y trabajos en el área del Sector Barón de Valparaíso, en terrenos de propiedad de la Empresa Portuaria Valparaíso. Las obras cuentan con la autorización y permisos del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), los que se otorgaron antes de dar principio a los trabajos de construcción de la obra reclamada. Sobre la base de dichos presupuestos fácticos, los sentenciadores rechazaron la demanda, al no existir prueba que permita sostener que los trabajos denunciados fueron realizados sin las autorizaciones pertinentes del CMN, formulando la denunciante alegaciones relativas a un supuesto vicio de legalidad del proyecto, las que deben ser materia de otro juicio, ya que excede el propósito de la naturaleza jurídica de la acción judicial interpuesta", detalla el fallo del máximo tribunal.

La resolución agrega que "Los sentenciadores efectuaron una adecuada interpretación de las normas jurídicas pertinentes al caso, máxime si se tiene en consideración que la acción interpuesta tiene por objeto determinar si las obras denunciadas, esto es, aquellas que físicamente existían al momento de su interposición, transgredían o no las normas de la Ley N° 17.288, en cuanto a contar con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, presupuesto que resultó acreditado, por lo que no cabe sino concluir que el presente recurso debe ser rechazado por adolecer de manifiesta falta de fundamento".

Katherine Escalona M.

Como un precedente que puede cambiar la historia de las denominadas "zonas de sacrificio", describió la abogada representante de los pescadores de Puchuncaví, Alejandra Donoso, la acción determinada por el Tribunal Ambiental, de acoger a trámite la demanda presentada contra el Estado y once empresas del cordón industrial de Quintero y Puchuncaví por la contaminación existente en el lugar desde hace 54 años.

"El complejo industrial Ventanas se inauguró en el año 1962, y desde ahí en adelante, solamente ha crecido exponencialmente sin un control por parte del Estado y sin una responsabilidad ética por parte de las empresas, por eso nosotros presentamos la demanda que es gigantesca y la determinación del tribunal sí sienta un precedente importante en cuanto a la contaminación que vive la zona", advirtió la abogada Donoso.

La demanda ambiental, presentada el 1 de julio en Santiago, busca - según explicó la profesional- que tanto el Estado como las once empresas se hagan cargo de reparar el daño ambiental causado en la zona, siendo esta acción determinante para poder comenzar un proceso de reparación.

"Al ser acogida la demanda, el tribunal va a tener que conocer sobre el asunto y va a tener que determinar de manera fehaciente quiénes son los causantes de la contaminación y su reparación. Nosotros apelamos a que el tribunal ordene concurrir a un fondo donde se determine cuál es la contaminación que existe, hacer una línea de base que no se ha hecho y se repare. Sabemos que para que ocurra esto el Estado y las empresas van a tener que invertir bastante dinero en remediar la situación en la que han tenido a los habitantes de la bahía", recalcó Donoso.

En tanto, el presidente de la caleta de pescadores de Horcón, Justiniano Lagos, que es parte de la demanda, precisó que "estamos felices con la determinación del Tribunal Ambiental, porque esto lo hemos esperado por décadas, nos hemos visto muy perjudicados a través del tiempo y es bueno que se haga un poco de justicia por eso. Lo que está ocurriendo en Puchuncaví puede ser ejemplo para otras ciudades de Chile porque el Estado no ha regulado los contaminantes".

Y agregó que "lo que presentamos es con sustento porque incluso hay un preinforme del Instituto de Fomento Pesquero (Ifop) que da información sobre la contaminación de metales pesados en la zona".

Mirada de las empresas

Con respecto la presentación de la demanda contra las empresas y la reparación ambiental que se busca, el presidente de la Asociación de Empresas V Región (ASIVA), Hans Wesser, dijo que "este es un tema muy difícil de discutir, o queremos progreso, porque el progreso de cierta forma va a llevar problemas ambientales siempre, una empresa siempre va a echar humo, siempre va a tener un grado de residuos, ojalá que esos estén bien controlados. Lamentablemente, todavía las normas de control son más o menos nuevas, es un problema difícil de dirimir".

La situación, según Wesser, ha sido planteada en reuniones en donde las empresas han manifestado su preocupación sobre la situación.

"Esto se ha conversado, las empresas están muy preocupadas de proteger el medio ambiente pero no es algo fácil, hay una inversión muy grande tras esto, no es una cosa de un día para otro, hay una conciencia de que se debe resguardar el medio ambiente, pero también hay que tener en consideración que es un barrio industrial, siempre han estado preocupados", subrayó.

11 empresas fueron demandadas entre las que se encuentra: Codelco Ventanas, AES Gener y Enap.

54 años de contaminación son los que se busca reparar tras la presentación de la demanda ambiental.