Las aristas administrativas y judiciales que se investigan en el caso "fraude a la intendencia 3"
VALPARAÍSO. Tres altos funcionarios están separados de sus funciones producto de investigación interna.
8.02.2016 El exauditor, Osvaldo Maldonado, entregó el resultado de tres auditorías al interior del Gore, detectando una serie de anomalías relacionadas con las compras públicas. 12.05. 2016 La consejera regional Evelyn Mansilla presenta una denuncia ante el Ministerio Público por eventuales delitos de fraude en la adjudicación de proyectos en la Diplad.
24.04. 2016 El fiscal de la Urac, Claudio Rebeco, y la PDI, incautaron desde la Diplad los originales de los tres proyectos cuestionados y los estados de pago desde la División de Finanzas.
15.07. 2016 Detectives de la Brigada de Delitos Económicos incautaron el computador de una de las funcionarias investigadas para ser periciado, en la segunda diligencia en el Gore.
Cambio de fiscal para formular cargos en sumario por eventual fraude en el Gore
Tras casi dos meses de investigación, múltiples interrogatorios a los implicados y funcionarios, junto a la recopilación de diversos elementos de prueba, la fiscal a cargo del sumario administrativo que se realiza al interior del Gobierno Regional culminó ayer las indagatorias, tras una denuncia por una serie de irregularidades en la licitación de consultorías y contratación de asesorías por $ 172 millones, hechos que podrían ser constitutivos de delitos y un eventual fraude al fisco.
Los resultados del proceso serán entregados al intendente Gabriel Aldoney, quien deberá designar un nuevo fiscal para formular cargos en contra de los implicados. La labor desarrollada por la hasta ayer fiscal del sumario, la abogada de la seremi de Bienes Nacionales, Daniela Núñez, se realizó bajo estricta reserva, proceso durante el cual instruyó la suspensión del cargo hasta el término del sumario para los tres altos funcionarios del Gobierno Regional. Se trata del exjefe de la División de Planificación y Desarrollo (Diplad) y actual asesor directo del intendente Gabriel Aldoney, Alexis Bustos; la funcionaria de la Diplad, Nelda Garcés, y el jefe de la División de Administración y Finanzas (DAF), Guillermo Orellana.
Según lo establece el Estatuto Administrativo, la instancia de formulación de cargos la debe realizar un funcionario de grado superior a los investigados, razón por la cual asumirá como nuevo fiscal un jefe de área de la Seremi de Salud, lo cual será ratificado mediante resolución del intendente Aldoney.
De acuerdo a declaraciones realizadas a este Diario, la máxima autoridad regional, quien ha insistido en que la probidad funcionaria es uno de los aspectos centrales de su gestión, aplicará las sanciones según lo que disponga el sumario, solo preocupado del debido proceso pero "sin cuestionar las sanciones".
Denuncia a fiscalía
El sumario administrativo se inició en mayo pasado, producto de las repercusiones generadas tras conocerse el resultado de tres auditorías internas realizadas por el exauditor del Gore, Osvaldo Maldonado, las que culminaron el febrero pasado, y que arrojaron una serie de irregularidades en el proceso de compras públicas.
El 12 de mayo, la consejera regional, Evelyn Mansilla (RN), presentó ante el Ministerio Público una denuncia por eventuales irregularidades administrativas y posible fraude al Fisco en la adjudicación de proyectos de consultoría territoriales en el Gobierno Regional. Mansilla dio cuenta de una serie de anomalías administrativas y posibles faltas a la probidad de la Diplad en la licitación pública de dos consultorías territoriales para Cabildo y Petorca, por $ 70 millones cada una, proceso en el cual se habría modificado la comisión evaluadora, cuyos integrantes pasaron a ser funcionarios de confianza del exjefe de la Diplad. De esta forma se contrató la asesoría técnica de la Constructora Haza, la cual se cuestionó por tener experiencia solo en el área de la construcción y que, en uno de los casos, solo se limitó a "copiar y pegar" el mismo proyecto presentado el 2014 por otra empresa.
Adicionalmente, se denunciaron posibles irregularidades en la contratación por trato directo, efectuada en noviembre de 2015, de la Consultora Signo Limitada, para la elaboración de un Programa Comunicacional y Participación Ciudadana solicitado por la Diplad, por un monto de $32 millones, solicitada por el exjefe de la Diplad.
Esta última empresa se constituyó sólo 60 días antes de adjudicarse la consultoría y se detectaron "profesionales cruzados" entre Haza y Signo Limitada.
"Me preocupo que haya un debido proceso, esa es mi obligación, no cuestionar las sanciones que el fiscal proponga"
Gabriel Aldoney Intendente regional