Pamela Boltei

Luego de casi dos meses, los estudiantes de la Universidad Viña del Mar depusieron la toma de la casa central, ubicada en Rodelillo, y de una de las sedes de Miraflores, y alcanzaron un acuerdo que tomó cinco de los puntos de su petitorio.

La negociación se dio luego de que el propio presidente de la Federación de Estudiantes, Ismael Sánchez, delegara a través de un poder notarial las últimas decisiones en torno a la toma a los coordinadores de ambas sedes y a un representante de la Federación, luego de ser cuestionado por parte de la comunidad universitaria por ser candidato a concejal en Viña del Mar por el Partido Radical. Los estudiantes, tras llevar a votación la decisión, bajaron la ocupación de los campus la tarde del miércoles acordando reingresar a clases el próximo lunes. Este diario intentó contactar a Sánchez, pero no tuvo éxito en ello.

En forma paralela, hace unas semanas, cuando la toma cumplió un mes, el rector de la UVM, Juan Pablo Prieto, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para que el tribunal ordenara el desalojo de las dos sedes, el que fue acogido por la instancia para ser tramitado, restando una decisión sobre el fondo de la petición del rector.

Sebastián Jara, representante de la FEUVM, explicó que "el presidente se fue, y dado el contexto en el que nos encontrábamos, tuvimos que empezar a tomar decisiones, y le propusimos que firmara este papel (poder notarial). Hay que tener en cuenta que no se encontraba en condiciones de rechazar o decidir por nosotros".

Y agregó: "Yo tomé el mando de la Federación y junto a un representante de la toma Rodelillo más uno de la toma sede Miraflores dimos paso a una seguidilla de reuniones con las autoridades de nuestra universidad, las cuales llevaron a que dieran su brazo a torcer, entregando respuesta verbal a cuatro puntos importantes del petitorio, para luego dar paso a la respuesta completa de nuestro petitorio en el día de ayer".

Dentro de los acuerdos logrados se cuenta el congelamiento en $220 mil del costo de la matrícula para todas las carreras, el congelamiento del arancel (quedará sujeto al IPC), la modificación del criterio que impide a los estudiantes en mora acceder a clases o pruebas, una mayor participación de los alumnos en la designación de las autoridades del plantel y la contratación de más profesores de planta.

Estos puntos, reconoció Jara, "podrán ser mejorados en la mesa de trabajo que viene ahora".

El presidente del centro de alumnos de Sociología, Eliezer Arias, explicó cómo ven el futuro de su carrera (ver recuadro) y afirmó que esperan que la universidad desista del recurso de protección en contra de él y de otros cinco compañeros. "Confiamos en la palabra del director académico de que bajarán el recurso de protección", dijo.

Al respecto, el rector de la universidad, Juan Pablo Prieto, sostuvo que "voy a conversar con los abogados; el recurso buscaba devolvernos las instalaciones. Nuestra voluntad es en general en búsqueda de normalizar las actividades y queremos poder seguir trabajando con ellos en un ambiente de confianza y franqueza".

También dijo que "la toma tuvo un muy importante efecto en la institución, en sus comunidades básicamente, tanto para los propios estudiantes como para los trabajadores que no podían acceder a sus instalaciones y hay una serie de proyectos además que se ponen en jaque con la toma. La evaluación general es de un aprendizaje institucional, la toma es un acto de fuerza y de violencia que, insistimos, la consideramos del todo ilegítima. No creemos que sea un buen arma para avanzar en las demandas estudiantiles, y en verdad las demandas no avanzaron por la vía de la toma".

La autoridad estimó en $50 millones los gastos adicionales para los servicios que han tenido que adquirir durante estas semanas en toma, eso sin contar con las labores de limpieza y orden previo a iniciar las clases el lunes, aunque Prieto afirmó que no se han detectado daños en las dependencias ocupadas.