Secciones

Contraloría decretó invalidar pensión de Myriam Olate

DOCUMENTO. La medida afecta a otros 10 exfuncionarios de Gendarmería.
E-mail Compartir

La Contraloría General de la República informó ayer que emitió un oficio que ordenó a la Dirección de Previsión de Carabineros iniciar el trámite de invalidación de las pensiones de 11 funcionarios de Gendarmería que fueron obtenidas sobre la base de asignaciones improcedentes o sin cumplir todos los requisitos que la ley exige.

Entre los casos está el de Myriam Olate, exesposa del actual presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, quien dejó Gendarmería con una pensión que supera los $ 5 millones. En el caso de la exfuncionaria de Gendarmería, según el documento, se detectó un "vicio administrativo" en el cálculo del monto de la pensión, pues "se realizó sin considerar el límite de imponibilidad de 60 UF".

"Una vez que la autoridad de oficio o a petición de una parte constate la presencia de un vicio en la dictación de un acto administrativo, se encuentra en el imperativo de invalidarlo (...) con el propósito de restablecer el orden jurídico quebrantado por una decisión contraria a derecho", asegura el texto.

La medida resultó de la primera etapa de revisión de las asignaciones que sirvieron de base a las pensiones cursadas por sobre el tope de imponibilidad de 60 UF establecido por la ley. El 20 de abril de este año, el contralor general ya había ordenado paralizar la aprobación de pensiones superiores a dicho límite, tras lo cual ordenó revisar en detalle la legalidad de los componentes de las pensiones.

La medida también apunta a Oscar Garcés, Edita Cortés, Víctor Alfonso Pereira, Juan Carlos Estay, Nelson Villarroel, Gladys Ramírez, Jenny Soto, Hernán Molina, Ingrid Fuchser y Hernán Ayala.

"Estas decisiones hay que acatarlas", dijo el diputado Osvaldo Andrade tras enterarse del dictamen.

Piñera rechazó acusación de pago de coimas en Argentina

CAUSA. Ex Presidente fue incluido en una indagación sobre supuestos sobornos en ese país cuando estuvo ligado a LAN. Fiscal chileno viajará a ese país a tomar declaraciones.
E-mail Compartir

El ex Presidente Sebastián Piñera rechazó ayer haber pagado coimas a exfuncionarios argentinos hace una década para iniciar las operaciones de la línea aérea LAN, de la que era uno de los mayores accionistas.

Piñera fue incluido junto a otros ejecutivos y ex autoridades en una investigación del fiscal Ramiro González sobre presuntos pagos de poco más de US$ 1 millón para permitir que LAN iniciara operaciones en Argentina, informó en su sitio de internet el medio argentino Infobae.

"No estoy dispuesto a aceptar que en forma irresponsable, o mal intencionada, sin aportar antecedente alguno, se me pretenda involucrar con hechos ocurridos hace 10 años, en los que no tuve ninguna participación", dijo Piñera en conferencia de prensa.

La investigación surgió tras una demanda civil que la venezolana Gledys Stailes -con residencia en Argentina- presentó contra la aerolínea por pérdida de equipaje. Sin embargo, Stailes cambió la demanda a una denuncia penal tras enterarse que LAN -hoy LATAM Airlines - acordó recientemente pagar multas por US$ 22 millones en EE.UU. por infracciones contables en el inicio de sus operaciones en Argentina en 2005.

Según Infobae, Stailes incluyó en la denuncia a Piñera, al asegurar que habría autorizado el supuesto pago de sobornos a exautoridades argentinas para que LAN iniciara operaciones en el país.

El fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, viajará a Argentina para tomar declaración al exministro de Transportes argentino, Ricardo Jaime, y su ex jefe de gabinete, Manuel Vásquez.

El apoyo de LATAM y Chile Vamos

El Grupo LATAM emitió un comunicado en el que refutó las acusaciones y aseguró que tanto el ex Mandatario como exdirectores "no tienen ninguna participación" y "ninguna autoridad ha hecho planteamiento alguno de esta naturaleza". Respecto de la nueva demanda la firma comentó que "no ha sido notificada". Desde Chile Vamos, el diputado Nicolás Monckeberg (RN) alegó que "este es un ataque político" y Felipe Ward (UDI) dijo que "esta acusación no le hace ni cosquillas al ex Presidente".