Una extenuante y, a la vez, determinante jornada se vivió durante el día de ayer en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, recinto que desde temprano se copó de medios de comunicación, tanto regionales como nacionales, los que durante más de diez horas esperaron expectantes la resolución judicial que se aplicaría a Felipe Eduardo Ríos Henríquez (23), Rodrigo Andrés Araya Villalobos (21), Constanza Gutiérrez Salinas (19), Hugo Barraza Araya (22) y Miguel Ángel Varela Veas (31), quienes el miércoles fueron detenidos como los supuestos responsables por el incendio con resultado de muerte del funcionario municipal Eduardo Lara, hecho ocurrido durante los disturbios del pasado 21 de mayo en el centro de la Ciudad Puerto.

De la espera también participaron familiares y amigos de los imputados, quienes desde el inicio del proceso judicial reclamaron la absoluta inocencia de los cinco jóvenes acusados de incendiar las oficinas donde se desempeñaban los diez concejales de Valparaíso.

Con una abultada presencia en el hall del Juzgado de Garantía porteño, los amigos de los acusados de la muerte de Lara se dividieron en dos grupos: el primero integrado por compañeros de Constanza Gutiérrez y Hugo Barraza, ambos estudiantes de la Universidad de Playa Ancha, y el segundo, por jóvenes vinculados con grupos de reivindicación social, quienes protagonizaron ataques físicos a la prensa, siendo finalmente desalojados de las dependencias, situación que puso de relieve la tensión vivida durante toda la jornada.

En lo estrictamente judicial, tras una audiencia de formalización que se inició a las 14.30 horas y que finalizó a las 19.30 horas, el juez Juan Carlos Mayolo desestimó la cautelar de prisión preventiva solicitada tanto por la Fiscalía como por el municipio porteño -también querellante en la causa- y determinó que los imputados debían restringir su accionar al respeto del arraigo nacional y una firma mensual, además de la ejecución de un examen de ADN para ser utilizado como parte de la batería de pruebas que recabará el Ministerio Público en los seis meses que durará la investigación.

En este aspecto, y tras escuchar atentamente los alegatos de ambas partes, el juez Mayolo estimó que las pruebas presentadas por el fiscal jefe de Valparaíso, Cristián Andrade, no fueron lo suficientemente concluyentes para dejar a los detenidos con prisión preventiva, como era el objetivo del Ministerio Público, argumentando que los informes redactados por personal del OS-9 de Carabineros y por la Policía de Investigaciones (PDI) solamente hablaban "de similitudes".

"Si bien es posible sospechar que los imputados hayan estado presentes en la marcha del 21 de mayo, judicialmente se nos exige más que una sospecha para tomar las medidas cautelares solicitadas por la parte querellante y el Ministerio Público y, por ende, y a raíz de las pruebas definitivas, no se acogerá la solicitud exigida por la Fiscalía", puntualizó el magistrado, Juan Carlos Mayolo, tras cinco horas de audiencia.

Duro revés para la Fiscalía y especialmente para el fiscal jefe de Valparaíso, Cristián Andrade, quien durante largas horas intentó asociar a los jóvenes detenidos con la muerte del funcionario municipal, Eduardo Lara.

En concreto, Andrade formalizó a los detenidos por tres cargos: porte de artefacto incendiario, cargo que solamente aplicó sobre Miguel Ángel Varela, sindicado como el autor material del incendio en las oficinas municipales. En segundo lugar, el fiscal porteño formalizó a los jóvenes estudiantes por el cargo de incendio con resultados de muerte, acusación que implantó sobre los cinco detenidos, y finalmente por robo a lugar no habitado, imputación que Andrade ejecutó sobre Felipe Ríos, Rodrigo Araya , Constanza Salinas y Hugo Barraza.

Para eso, el fiscal Cristián Andrade basó su presentación en diversos archivos audiovisuales, tales como cámaras de televigilancia y de canales de televisión regional, además de informes preparados por el OS-9 de Carabineros y la PDI, y de un completo análisis a las redes sociales de los cinco formalizados.

Tratando de comprobar que el incendio ejecutado tras la marcha del 21 de mayo fue un acto premeditado, el fiscal porteño expuso que todos los jóvenes mantenían una relación de amistad en la red social de Facebook, y que además, Felipe Ríos viajó hasta Coquimbo semanas antes del 21 de mayo para reunirse con Miguel Ángel Varela, en lo que presuntamente fue una reunión de coordinación previa a los desmanes protagonizados en mayo pasado.

Basado en los registros audiovisuales recabados durante la investigación, Andrade describió una por una las "similitudes" que según su análisis, situaban a los jóvenes en el lugar de los hechos. Por ejemplo, en el caso de Constanza Salinas, se presentó un video en donde se expuso una joven con características parecidas a la imputada, la cual cargaba una bolsa azul con un supuesto líquido acelerante, pero sin poder identificar en ningún momento su rostro. En tanto, en el caso Miguel Ángel Varela, sindicado como el autor material del incendio, se expusieron fotografías de su detención en la Cuarta Región, en donde se habrían encontrado tres botellas con bencina en su interior, pero sin poder determinar que serían utilizadas como material para la creación de bombas molotov.

Así, y tras escuchar por más de tres horas los argumentos del fiscal Cristián Andrade, el defensor público de Valparaíso, Franco Lemos, tomó aire y calmadamente inició su defensa.

En cuanto al cargo de robo en lugar no habitado, el abogado señaló que "el Ministerio publico señala que se rompieron las cortinas de Entel, y que se identifica a algunos de los imputados realizando esa acción, pero eso no constituye un delito, sino que una simple falta, pues no existen imágenes que muestra a algunos de mis defendidos saliendo con productos desde la tienda".

En este aspecto, y sobre el cargo de porte de artefacto incendiario, Lemos inició su defensa explicando que "las botellas encontradas en la casa de Miguel Ángel Varela no son bombas molotov, sino que simplemente botellas con bencina, ni siquiera tenían una mecha que pudiera concluir que serían utilizadas para tal uso".

Finalmente, y sobre el cargo de incendio con resultado de muerte, el jurista puntualizó que ese es "un ejercicio especulativo por parte de la Fiscalía, pues nadie podía prever que el empleado municipal, Eduardo Lara, iba a estar un 21 de mayo, día feriado, con la farmacia ubicada en la primera planta totalmente errada, en las oficinas municipales".

"Justamente lo que acabamos de ver son imágenes difusas, imágenes de ropas que no son argumento para dejar en prisión a una persona en nuestro país. Desde nuestro puntos de vista tenemos que analizar nuevamente todos los antecedentes, vemos que son tres tomos bastante voluminosos, de modo que todo va a pasar por una análisis riguroso", sentenció el abogado Franco Lemus.

Declaración que el fiscal Andrade contestó explicando que "esta es la parte inicial del proceso, pero ciertamente es algo que nosotros esperábamos que hubiese sido distinto. Tenemos que analizarlo, porque este es un proceso que está partiendo y es difícil debido a que no hay testigos que los incrimine, ha sido un trabajo muy acucioso para aportar indicios respecto a la participación de los imputados".

"Lo que acabamos de ver son imágenes difusas, imágenes de ropas que no son argumento para dejar en prisión a una persona en nuestro país"

Franco Lemos Defensor público de Valparaíso"

"Esta es la parte inicial del proceso, pero ciertamente es algo que nosotros esperábamos que hubiese sido distinto y, por ende, tenemos que analizarlo"

Cristián Andrade Fiscal jefe de Valparaíso"