Paolo Navia S.

La negación de la medida cautelar de prisión preventiva por parte del juez Juan Carlos Maggiolo, la decisión del Ministerio Público, liderado por el fiscal jefe de Valparaíso, Cristián Andrade, de no apelar a la resolución del Juzgado de Garantía de Valparaíso, y la presentación de una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por el delito de incendio con resultado de muerte por parte de su familia, han sido las principales acciones judiciales que durante los últimos días han marcado la investigación por la muerte de Eduardo Lara, trabajador municipal que el 21 de mayo perdió la vida por las graves heridas que sufrió durante el siniestro que destruyó las oficinas de los concejales porteños, ubicadas en la intersección de las calles Las Heras con Pedro Montt, en pleno centro de Valparaíso.

Felipe Eduardo Ríos Henríquez (23), Rodrigo Andrés Araya Villalobos (21), Constanza Gutiérrez Salinas (19), Hugo Barraza Araya (22) y Miguel Ángel Varela Veas (31), son hasta ahora los cinco imputados por el delito de incendio con resultado de muerte, quienes tras su formalización, quedaron con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

Escenario judicial que la Intendencia de Valparaíso busca cambiar drásticamente. Primero, y a diferencia de la Fiscalía, a través de la presentación de una apelación a las medidas cautelares interpuestas a los cinco jóvenes, y en segundo lugar, a través de la solicitud de nuevas diligencias en el marco de las indagaciones.

"En cuanto a las medidas cautelares, nosotros ya apelamos y vamos a esperar que se realice el alegato de las mismas, en la cual los abogados del Ministerio del Interior y de la Intendencia van a solicitar que se revoque la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional, declarándose la prisión preventiva. Luego de eso, vienen seis meses de investigación en la cual nosotros por supuesto como Intendencia vamos a solicitar distintas y nuevas diligencias que estimemos pertinentes a fin de que se aclaren los hechos y aparezcan con claridad cuáles son los responsables", declaró Jorge Dip, intendente subrogante de la región de Valparaíso. En este punto, la autoridad gubernamental agregó que "nosotros como Intendencia no vamos a cejar en ningún tipo de esfuerzo que tenga por objeto, en primer lugar, establecer con claridad cómo ocurrieron los hechos el 21 de mayo; en segundo lugar, establecer quienes son esos responsables, y en tercer lugar, que ellos sufran las penas por el grave delito que han cometido".

Impulso judicial liderado por la Intendencia que puede tener como principal resultado la captura de nuevos implicados en el incendio que el 21 de mayo terminó con la vida del guardia municipal, así lo aseguró enérgicamente Jorge Dip.

"Los posibles nuevos detenidos tendrán que ver con la investigación propiamente tal, pues yo le recuerdo que hasta el mismo día de la formalización nosotros desconocíamos en su totalidad la carpeta de investigación, se había decretado reserva de la misma desde el día 10 de julio en adelante, y por lo tanto, nosotros también nos encontramos haciendo un profundo análisis de los tres tomos de la investigación, y es por eso que no se puede descartar y perfectamente puede haber más detenidos, nosotros vamos a solicitar mayores diligencias y queremos que hasta el último de los responsables en estos hechos, pague por lo que hicieron el día 21 de mayo", puntualizó la autoridad gubernamental.

En este sentido, y tras ser consultado sobre si el gobierno sigue con la misma convicción de que los cinco imputados por la muerte de Eduardo Lara son realmente los culpables, el intendente (s) expresó que "nosotros como gobierno creemos que existen en la carpeta de investigación antecedentes suficientes para fundar adecuadamente una investigación en contra de estas personas, y por lo mismo es que hemos solicitado que se revoquen las medidas cautelares, a fin de asegurar el resultado de la investigación, pues como querellantes estamos totalmente convencidos que tenemos argumentos de hecho y de derecho suficientes para lograr la condena de todos aquellos que estén involucrados".

En esta línea, una de las posibles y principales consecuencias de las medidas cautelares interpuestas a los cinco imputados, tiene relación con una posible fuga al no contar con prisión preventiva o arresto domiciliario. Ante esto, Dip recalcó que "yo no quiero anteponerme a absolutamente nada, pues nuestros argumentos están en la apelación, pero fundamentalmente van a estar en el alegato, y la verdad es que siempre, en todo tipo de causa penal, existen riesgos que están asociados a la investigación, como lo es la fuga, y eso es lo que evidentemente queremos evitar a través de la presentación de la apelación a las medidas cautelares".

A su vez, otra de las acciones judiciales que cobró importancia en los últimos días, tiene relación con la querella que la familia de Eduardo Lara presentó el día lunes en el Juzgado de Garantía de Valparaíso. Reclamación que según las palabras de Luis Lara, hijo de Eduardo Lara, buscará identificar responsables en "todo el espectro", poniendo especial énfasis en la situación laboral que el trabajador municipal mantenía durante la realización de la marcha del 21 de mayo.

En este punto, el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, ya fue citado a declarar, situación que los abogados Ricardo Retamal y Pedro Delgado, no descartaron se puede repetir con el gobernador porteño. Ante esta posibilidad, Dip manifestó que "desde el punto de vista de las responsabilidades penales, carece de sentido jurídico alguno imputar responsabilidad penal al gobernador provincial, pues no ha tenido intervención como cómplice, autor o encubridor de ningún hecho delictivo ocurrido el día 21 de mayo. Asimismo, como no tengo responsabilidad alguna desde el punto de vista penal, cualquier persona puede ser citada a declarar como testigo en una causa, y eso tiene que ver con las propias diligencias que siempre realiza el querellante, pues la familia está en todo su derecho de querellarse, y puede hacerlo en contra de quien estime conveniente, pero eso no significa que la querella esté dirigida en contra del gobernador de Valparaíso".

Finalmente, y en otro caso judicial que en su momento remeció el departamento jurídico de la gobernación de Valparaíso, el pasado día martes el Juzgado de Garantía de Valparaíso acogió nuevos alegatos en relación al hincha identificado como quien portaba una bengala en medio de los incidentes que obligaron a la suspensión del partido entre Santiago Wanderers y Colo Colo, el pasado 6 de diciembre del 2015.

El barrista, quien quedó en libertad debido a que los abogados de la gobernación provincial de Valparaíso no acudieron a la audiencia, deberá enfrentar un nuevo proceso penal luego que el juzgado porteño anulara la anterior resolución, procedimiento judicial en el cual la gobernación se hará parte.

"En cuanto al sumario administrativo, este ya se encuentra en un estado terminal, y si bien aún no se ha dictado la resolución que establezca las responsabilidades que tuvo el abogado, a él se le solicitó su renuncia oportunamente. En cuanto al caso, nosotros como querellantes vamos a continuar actuando en esa causa y pretendemos llegar hasta las últimas de las consecuencias, pues estimamos que existen antecedentes para lograr una condena", finalizó Dip.

"Como Intendencia no vamos a cejar en ningún tipo de esfuerzo que tenga por objeto, en primer lugar, establecer con claridad cómo ocurrieron los hechos el pasado 21 de mayo"

Jorge Dip Intendente (s) de Valparaíso"

2 fueron las medidas cautelares interpuestas en contra de los cinco jóvenes imputados por la muerte de Eduardo Lara: firma mensual y arraigo nacional.

5 fueron los imputados por la muerte de Eduardo Lara: Felipe Eduardo Ríos Henríquez, Rodrigo Andrés Araya Villalobos, Constanza Gutiérrez Salinas, Hugo Barraza Araya y Miguel Ángel Varela Veas.

6 meses fue el tiempo que el Juzgado de Garantía de Valparaíso dio para llevar a cabo la investigación por la muerte del trabajador del municipio de Valparaíso.