El intendente de La Araucanía, Andrés Jouannet, informó ayer que los primeros análisis realizados a las aguas del río Toltén muestran que no hay contaminación. Esto, pese a la gravedad de la caída en el lugar de un tren cargado con químicos luego del colapso del puente ferroviario.

"Lo primero es que queremos dar tranquilidad a la población, que hoy, por las mediciones que estamos haciendo de las aguas del río Toltén, no hay filtraciones", afirmó la autoridad regional después de participar en un encuentro del Comité Operativo de Emergencia (COE).

El intendente indicó que una medición realizada al agua potable rural de Toltén "no registra ninguna alteración". No obstante, dijo que "hemos seguido manteniendo que la gente no ocupe el agua del río, seguimos haciendo mediciones cada dos horas".

Asimismo, Jouannet sostuvo que tanto la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) como Ferrocarriles del Pacífico S.A. (Fepasa, compañía a la que pertenece el tren siniestrado) están haciendo las evaluaciones correspondientes.

Para el 15 de septiembre fue programada la audiencia de conciliación por la querella por injurias y calumnias que presentó la Presidenta Michelle Bachelet, como persona natural, contra periodistas de la revista Qué Pasa, a raíz de la publicación de unas escuchas telefónicas que vinculan a la Mandataria con el caso Caval, empresa de la que es socia su nuera Natalia Compagnon.

En la instancia, de carácter privado y donde no interviene el Ministerio Público, la causa podría concluir si los querellados aceptan entregar las explicaciones pertinentes que esperan los recurrentes, en este caso, el abogado que representa a la Jefa de Estado, Juan Pablo Hermosilla.

Si ello no ocurre, el caso llegaría a juicio y sería el juez del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago quien entregue un fallo.

El 15° Juzgado de Garantía de Santiago programó para el próximo jueves la audiencia en que se analizará la posible reapertura de la investigación por los bombazos ocurridos en la capital entre junio y septiembre de 2014, solicitud que fue hecha por el defensor público Juan Pablo Gómez.

La decisión ocurre luego que la Fiscalía Metropolitana Sur comunicara el cierre de la indagatoria el 9 de agosto pasado y ayer presentara una acusación por terrorismo contra los tres imputados por los ataques a dos estaciones de Metro de Santiago y a un cuartel policial: Juan Flores, Nataly Casanova y Enrique Guzmán.

En la instancia, Gómez basará su requerimiento en la falta de diligencias solicitadas a la Fiscalía Sur y que estarían pendientes, según detalló Emol.

Dichas acciones tienen relación con un supuesto video de seguimiento a su representado que confirmaría la inocencia del joven. El material, sin embargo, no habría sido entregado por el Ministerio Público.

Gómez también alegará que no se tomó declaración a dos funcionarios policiales pedidos por la defensa, "a fin que señalen el origen de la imagen contenida", ni se puso a su disposición la cámara fotográfica o la cámara de video con la que se realizó la captura de la imagen en cuestión, contenida en el informe policial.

Finalmente, el defensor solicitará que se interrogue a todos los policías que participaron en actividades de seguimiento, "con el objetivo que indique si efectuaron grabación de dicha actividad".