Por Karen Trajtemberg *

Hasta hace no muchos años, cualquiera que quisiera ser Presidente de la República, parlamentario o alcalde, entre otros cargos, debía tener una vasta educación, amplitud de conocimientos y, por cierto, una conexión con la zona que quería representar, para que realmente "se la jugara" por una región o comuna. Debía ser alguien reconocido y, más aún, respetado por la comunidad.

Así surgieron grandes líderes, con gran oratoria y una pasión que -para bien o para mal- envolvía todo lo que hacían. Baste recordar a Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende o Gabriel Valdés, entre otros. Eran hombres -y mujeres, aunque muy pocas- que daban cátedra y que contaban con la admiración del votante.

Pero eso parece ser una foto en blanco y negro. El empoderamiento ciudadano, el aumento de los requerimientos de transparencia y las malas prácticas políticas, han detonado que -utilizando términos médicos- permanentemente se ausculte a quienes gravitan en la esfera pública, desnudando un sinfín de errores, irregularidades y -derechamente- ilegalidades.

Paradójicamente, los últimos en enterarse de que la política nacional está en la UTI, han sido los miembros de la élite política, que han continuado estirando la hebra y generando una temperatura ambiente de sospecha continua, que no le hace bien ni al sistema político ni a la democracia.

La encuesta CEP conocida esta semana es brutal en esta materia. No sólo porque por primera vez el desgaste político de un Presidente de la República sitúa a Michelle Bachelet en un decadente 15% de aprobación a la conducción de su gobierno (hace mucho rato superó la barrera sicológica de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con "crisis Asiática" incluida), lo que ya es escandaloso. Sino porque además, aparecen señales de alarma preocupantes, como el que la corrupción se sitúe en el tercer lugar de los problemas del país, con un aumento de 12 puntos en siete meses. El chileno considera hoy que -junto a la delincuencia, salud y educación- la corrupción es un problema mayúsculo. Ni Pedro Engel con Yolanda Sultana podrían haberlo predicho.

Lejos queda el reconocimiento que durante las últimas dos décadas ha hecho Transparencia Internacional, en materia de integridad y honradez del sistema político. Más lejos aún, la pole position de hace dos años, cuando liderábamos la lista de países menos corruptos de Latinoamérica y nos comparábamos con Nueva Zelanda o Finlandia. Hoy está claro que no lo somos.

En este escenario, las palabras de la senadora Lily Pérez en cuanto que los partidos políticos deben poner límites a candidatos que tengan problemas con la justicia, cobran sentido. Tiene razón, más allá de que sus dichos sobre las adicciones y la existencia de violencia intrafamiliar entre los parlamentarios debieran estar en tribunales más que en las páginas de un diario.

Como dice la parlamentaria, los partidos van a tener que auscultar con una lupa a quienes quieran ser sus caras visibles, tanto para la municipal como para las parlamentarias y presidenciales del próximo año. Porque brutalidades como golpear a la polola/pareja/esposa, tener financiamiento irregular en sus campañas o tomar de más en un bar son inaceptables. La ciudadanía exige hoy -aunque suene imposible e iluso- líderes políticos absolutamente asépticos y sin pecado concebido. O como lo describió sabiamente Mario Waissbluth, en su libro "Tejado de vidrio. Cómo recuperar la confianza en Chile", quienes aspiren a dirigir los destinos del país "no sólo deben cumplir con la ley. Deben ganarse la ya destruida confianza y actuar con principios. El marco jurídico es un mínimo. A nuestros representantes se les debe exigir el máximo" (a propósito, es un libro que debiera estar en la cabecera de todos los candidatos).

Porque el votante ya no cree. Ya no respeta. Ya no reconoce a los dirigentes políticos como primus inter pares. Hoy los rechaza. Y ese disgusto no es antojadizo ni pasajero. Es profundo y está hiriendo al sistema político peligrosamente.

Para terminar, ¿sabe Ud. cómo define la corrupción la RAE? En términos de la función pública, la explica como "práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores". Pero incluye otra descripción: diarrea… Aunque aclara que dicha acepción está en desuso, algunos podrían pensar que es un término adecuado para graficar la situación actual del sistema político nacional.

* Analista política, directora de la Escuela de

Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez.