Cristián Rodríguez F.

La Contraloría General de la República (CGR) inició una completa planificación de cara a las elecciones del próximo 23 de octubre. ¿El objetivo? Resguardar el patrimonio de las municipalidades, considerando que la mayoría de los alcaldes y concejales que están en ejercicio, también son candidatos a la reelección.

Por lo mismo, ya existen en desarrollo 77 auditorías denominadas "Sobre uso de bienes, vehículos y recursos municipales en año de elecciones municipales", que tienen como finalidad fiscalizar el correcto cumplimiento del instructivo que la División de Municipalidades de la Contraloría dio a conocer en febrero. A la fecha el órgano contralor ha realizado 25 investigaciones especiales relacionadas con la publicidad electoral por parte de los municipios.

A comienzos de año la CGR dejó en claro los límites que tenía cada municipio, que en resumen establecen la prohibición de usar el aparataje municipal -incluido los canales de comunicación como las redes sociales, por ejemplo- para fines políticos. Además, hizo especial hincapié en la labor que les corresponde a los funcionarios municipales durante esta época.

"En este año de elecciones municipales, la Contraloría General destinó parte de su planificación operativa anual (...) con el fin de resguardar el patrimonio municipal y constatar el cumplimiento de la normativa vigente, las que se desarrollan entre los meses de junio y septiembre", indicaron desde el organismo a este Diario.

Considerando que el número de denuncias aumenta en los meses previos a los comicios -agregan-, es que la institución se ha volcado en desarrollar mayores investigaciones especiales y en tiempos de ejecución menores al promedio habitual, lo que les permite obtener resultados previo a los comicios.

Por eso mismo es que para cubrir "de mejor manera las distintas materias que se abordan en esta auditoría", el órgano fiscalizador previó, con anterioridad, contar con recursos monetarios y físicos adicionales, como el uso de horas extraordinarias y la disposición de vehículos institucionales, con el fin de que los fiscalizadores puedan continuar trabajando fuera de su horario laboral e incluso durante los fines de semana.

Sin embargo, para ello -antes de llevar a cabo las investigaciones- la Unidad Técnica de Control Externo evaluó el comportamiento de cada municipio de acuerdo a una serie de factores de riesgo previamente definidos. "El fin es determinar las entidades más relevantes de fiscalizar", precisaron desde el órgano contralor.

Algunos de esos factores, por ejemplo, van en directa relación con la ponderación determinada en su minuto por la Subdere (Subsecretaría de Desarrollo Regional), que permite la comparación entre municipios del país con similares características. Sin embargo, otras variables responden directamente a la administración llevada adelante por cada entidad municipal.

De esta forma, se analizaron las adquisiciones vía trato directo (compras que no superen las 500 UTM) realizadas en los últimos años. Además, se evaluaron las denuncias relacionadas con tema de publicadad, y gastos o acciones de candidatos en periodo de campaña. También se consideró el número de apariciones en prensa escrita, digital o redes sociales, tanto de los alcaldes y concejales, como de los municipios. Por último, se entregó una ponderación respecto al último año en que las alcaldías fueron fiscalizadas (independiente de la materia), y otra en relación a las variaciones de presupuesto entre los periodos 2015 y 2016, "donde se presume un mayor riesgo de que los municipios podrían gastar recursos para efectuar campañas electorales", agregan desde la Contraloría.

"El personal de la Administración del Estado estará impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración", señaló la Contraloría en el instructivo emitido en febrero pasado.

El presidente nacional de la Confederación de Funcionarios Municipales (Asemuch), Óscar Yáñez, confirmó que la mayoría de los alcaldes que van a la reelección "han puesto el acelerador más a fondo" durante los últimos meses de su gestión, escenario al cual los trabajadores también han estado expuestos, muchas veces por afinidad política, otras para resguardar sus puestos de trabajo, e incluso algunas mediante presiones por parte de los propios ediles.

Como presidente nacional -asegura Yáñez- ha aconsejado a los funcionarios no involucrarse en temas políticos, ni siquiera fuera de su horario laboral. Según el titular de la Asemuch, lo anterior incluso podría provocar despidos a futuro, puesto que "a veces hay funcionarios que trabajan para un alcalde, pero en las elecciones sale otro y una vez que asumen les terminan pasando la cuenta".

"Le he recomendado a mis colegas que traten de no intervenir directa o indirectamente en la elección municipal, que no se casen con diferentes autoridades", indica. Como alternativa, agrega, los trabajadores pueden solicitar permisos sin goce de sueldo, lo que les permitiría trabajar en una propia o de alguno de sus adherentes. Sin embargo, lo anterior ya fue prohibido en empresas como Codelco (ver recuadro).

El alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, quien va por su cuarto periodo, apuntó a que "el instructivo debe cumplirse porque ahí están reflejados los límites que tienen los alcaldes, considerando que algunos somos más desordenados que otros. Pero la función de la Contraloría siempre ha sido eficiente en esta materia".

Respecto a la labor que cumplen los funcionarios municipales, que muchas veces se convierten en jefes o encargados de campaña, Viñambres comentó que "los alcaldes no podemos negarles, sean funcionarios de gobierno o no, es que en sus horarios libres ellos pueden hacer lo que quieran. Eso siempre se ha respetado".

Pese a lo anterior, el alcalde de Quilpué deslizó con preocupación que "ahora son 60 días de campaña, antes eran 30. Para nosotros es medio complicado porque estaré como alcalde en una inauguración, voy a hablar, pero también seré candidato a la vez", sostuvo el edil.

Y agregó: "Es un poco compleja la situación porque cualquiera podría decir que estamos haciendo utilización (de recursos municipales). Puedo ser acusado de ello. Pero en ese caso tendría que ser acusado los cuatros años que dura la gestión, porque nuestra labor es difundir lo que estamos haciendo".