Un análisis sobre los criterios que deben cumplir las actividades que se realicen en Viña del Mar, especialmente durante la temporada alta, realizó la "Comisión Conjunta para el desarrollo y control de actividades y eventos de Viña del Mar", en un seminario donde se destacó la coordinación que se ha logrado entre las instituciones y organismos que la integran para tener una rápida capacidad de respuesta.

En la actividad, los integrantes de la instancia pudieron interiorizarse y actualizarse detalladamente acerca de las normativas y políticas que se deben aplicar en la realizaron de actividades, ya sea de índole cultural, deportiva, recreativa y comercial.

Patricio Moya presidente de la Comisión destacó la concordancia que existe entre las instituciones del nivel de coordinación, lo cual es fundamental para realizar acciones y dar respuestas oportunas a los análisis y evaluaciones de los eventos, así como para tener capacidad de respuesta oportuna a los problemas.

"A través de esta instancia se definen los criterios y acuerdos para enfrentar las actividades que se desarrollan en la ciudad durante todo el año, donde debe primar la seguridad y calidad del evento. Significa un esfuerzo enorme de coordinación cuando hay problemas de congestión, climatológicos y de seguridad".

Katherine Escalona M.

Por segunda vez, el Tribunal de Garantía de Viña del Mar accedió a dar una nueva fecha para la audiencia de preparación del juicio oral del caso de estafa de departamentos inexistentes en la Ciudad Jardín, hecho que involucra a cuatro imputados, entre ellos, el exfuncionario de la Municipalidad, Sebastián Rojas Salas, quien en calidad de autor -según establece el Ministerio Público en su acusación- habría defraudado a más 60 personas por un monto que asciende a los $ 800 millones.

"La Fiscalía se opuso considerando que Sebastián Rojas Salas, si bien no desde un comienzo, pero sí hace bastante tiempo, casi un año a la fecha, ya cuenta con la asesoría de la Defensoría Penal Pública. Contó con un abogado primero, después otro, completando un total de 4 abogados en el proceso (dos públicos y dos privados)", precisó el fiscal Patricio Toro.

Los reparos se producen, según explicó el persecutor, porque "independiente de las reasignaciones internas que haga, la Defensoría Penal Pública es una misma institución y evidentemente que deben estar en condiciones de enfrentar audiencias de esta naturaleza en base a los antecedentes que ya hace mucho tiempo la Fiscalía había puesto a disposición de las respectivas defensas. Nos pareció inapropiado que se postergara una vez más esta audiencia en base a este argumento".

Subrayó que "no estuvimos de acuerdo, lo hicimos ver, nos pareció que era una solicitud más bien dilatoria que perseguía un afán de postergar la audiencia por un motivo que era fácilmente salvable en la Defensoría, transmitir la información de un colega a otro respecto de los antecedentes de la investigación".

El fiscal afirmó que la Defensoría Penal Pública internamente puede hacer reasignaciones de causas, pero "me imagino que seguirán ciertos criterios para resolver esas asignaciones y no a costa del mayor retraso de una causa. La Defensoría había tenido tiempo suficiente para tomar esta decisión en instancias más oportunas, no justo antes de una audiencia, podría haber sido un mes o dos meses atrás... ¿por qué ahora?".

Nueva audiencia

Junto al malestar manifestado por el fiscal, también dio a conocer que afortunadamente el Tribunal de Garantía de Viña del Mar sólo dio dos semanas más para estudiar la causa por parte de la Defensoría.

En esta nueva audiencia, el Ministerio Público -según informó el persecutor- mantendrá la formulación de cargos para los cuatro imputados involucrados en la causa: Sebastián Rojas Salas, en calidad de autor, quien arriesga presidio de 15 años y un día; Patricio Medina Valderrama, como coautor, con una pretensión de pena de 6 años por su participación en 11 casos; Polonia Contreras Gacitúa, como coautora, para quien pide 4 años por su participación con 6 víctimas; y 4 años para Benigna Castro Tapia, quien habría facilitado la firma en la Notaría Veloso.

Juicio abreviado

Respecto al imputado Patricio Medina, quien se encuentra en prisión preventiva por hacerse pasar por un abogado para reforzar la estafa, que duró desde enero de 2013 a mayo de 2015, el fiscal Toro explicó que en la audiencia de ayer se había planteado la posibilidad de realizar un juicio abreviado, situación que ahora está siendo estudiada por el persecutor.

"El acuerdo para plantear un procedimiento abreviado para Medina suponía ciertos trámites que iba a desarrollar el defensor previo a este abreviado, esos trámites legales en relación a ciertos antecedentes del imputado debían ser cumplidos a la fecha de hoy (ayer) y no estaban cumplidos, de forma tal que de no ser por el aplazamiento solicitado por la defensa de Rojas Salas, hoy día (ayer) se hubiese podido preparar el juicio con respecto a todos los imputados. La opción de abreviado se suscita en la medida de que los trámites previos los efectuara el defensor para esta audiencia", precisó el fiscal.

Ante esto, afirmó, "es altamente probable, salvo que aduzca una razón muy fundada, de que para la próxima audiencia se descarte la opción de abreviado para Medina y simplemente se prepare el juicio respecto de los cuatro imputados".

Defensas

El abogado de Medina, Darío Guajardo, afirmó "que están a la espera de la tramitación para optar al beneficio, el imputado asumir su culpa y determinar una pena que podría ser menor a la planteada".

En tanto, el defensor de Polonia Contreras, Carlos Gatica, precisó que su defendida "debe ser absuelta porque no participó directamente en el hecho. Ella lo que hacía era entregar información que le correspondía hacer ante cualquier consulta ciudadana a los funcionarios que están en la atención de público".

"No estuvimos de acuerdo, lo hicimos ver, nos pareció que era una solicitud más bien dilatoria que perseguía un afán de postergar la audiencia"

Patricio Toro, Fiscal de la causa"

En una nueva revisión de las observaciones del Plan Regulador Comunal (PRC), el Concejo Municipal de Concón determinó conservar la densidad y edificación en la zona alta de la comuna pese a las indicaciones que habían emanado de parte de particulares de dejar libre densidad y libre altura para las próximas edificaciones en el sector, principalmente en el área que comprende Pinares de Montemar.

Al respecto, la edil Susanne Spichiger (Ind) confirmó que en las observaciones "pedían permitir una altura libre cerca de la avenida Francisco Soza y eso no fue aprobado, quedó tal cual cómo había sido votado antes con una altura restringida".

En tanto, el presidente de la Comisión de Obras, el concejal Bruno Garay (UDI), manifestó que "ratificamos la Av. Francisco Soza con las alturas que estaban previstas para limitar la edificación en la zona alta de Concón, el límite entre Viña del Mar y la comuna y confirmamos la apertura de calle en La Boca"

Mientras, el concejal Alberto Fernández (PR) acotó que se limitó a "800 habitantes por hectáreas y a edificaciones de 14 a 16 pisos, no mayor para resguardar el lugar".

Al ser analizado este tramo, lo que queda ahora por debatir son las observaciones de Reconsa, Mall Plaza y del Mall de Socofar en el nudo de la calle Blanca Estela.