Cristián Rojas M.

Dispares reacciones generaron los anuncios hechos por el ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, en la Comisión de Gobierno del Senado, pues los consejeros regionales mostraron su beneplácito por la propuesta de crear una unidad de auditoría, mientras que rechazaron el hecho que ahora sólo visarán los proyectos que superen las 20 mil UTM.

Eyzaguirre expuso que para el Ejecutivo "los cores deberán ser el contrapeso del gobernador regional, que tiene un cuerpo de funcionarios y tres divisiones que trabajan para él; no obstante, la labor del Core también debe ser potenciada, y a ese objeto nosotros venimos a proponer que tanto los estudios como la realización de grandes proyectos deban ser aprobados de manera unitaria por los cores, a objeto de resistir la tentación de que el Ejecutivo regional asigne cantidades grandes a un solo proyecto sin que tenga la aprobación directa del Core".

En este sentido, el ministro precisó que "provisoriamente hemos fijado la cifra en 20.000 UTM, o sea, proyectos grandes, por arriba de 20 mil UTM, deben ser aprobados uno a uno por el Core; no obstante, creemos que es en detrimento de la capacidad del Ejecutivo regional que los proyectos de menor envergadura sean aprobados uno a uno, por cuanto eso no es eficiente desde el punto de vista del gobierno corporativo".

Asimismo, destacó que "el Core querrá tener un control bastante directo del Ejecutivo regional, a objeto que no se produzca una suerte de poder incontrarrestable del gobernador o gobernadora regional. Con ese objeto, el Core, además de aprobar de manera singular cada proyecto de inversión grande, debiera aprobar el presupuesto general del Gobierno Regional, con sus grandes ítems presupuestarios. Y seguidamente un nuevo elemento de control de gestión, también característico de la gobernabilidad corporativa, es que, con sujeción al Consejo Regional exista una unidad de control o auditoría, que sería elegido por el Core, a propuesta del gobernador regional, y también el Core, por mayoría, podría removerlo".

El consejero regional (core) Carlos Briceño (UDI) considera que "el tema del control es fundamental no solamente para el Gobierno Regional, sino que en todas las instituciones. Es necesario, porque en la medida que más recursos se destinan a una decisión regional, mayor necesidad de fiscalización se va a tener, además teniendo en cuenta los hechos que han ocurrido aquí y en otras regiones también".

Por su parte, el core Mauricio Palacios (PRSD) estima que "la fiscalización, por un tema de la probidad y cómo se está dando el tema de la política en este minuto, yo creo que es lo principal. Una unidad de auditoría me parece bien y creo que no nos podemos restar en aceptar una propuesta de ese tipo".

Para el core Manuel Millones (UDI), "la unidad de auditoría es una ayuda para tener una mejor fiscalización; sin embargo, nosotros solicitamos una contraloría interna y sobre esa propuesta el Ejecutivo no se ha pronunciado. Y es más, no existe en los gobiernos regionales una división jurídica y, por ende, no hay jefatura y aquí tampoco hay novedades. Ahora, si de verdad se desea poner freno a los hechos irregulares, entonces partan por fortalecer la unidades de los gobiernos regionales con estas divisiones y más profesionales de planta para asumir todos los desafíos de la descentralización".

En tanto, el consejero Roy Crichton (DC) puso de relieve que "a mayor fiscalización, menor corrupción, así que una unidad de auditoría que nos entregue informes periódicos del estado de avance en materias de inversión del Gobierno Regional me parece extraordinario, esto hay que fortalecerlo, hay que tener un auditor por unidad si es necesario, y de esa forma eliminar el flagelo de la corrupción".

A su vez, el core Percy Marín (RN) recordó que "esa es una propuesta que nace de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (Ancore). Se ha pedido en reiteradas oportunidades, desde hace unos tres años, que se creen unidades específicas y especiales de control de gestión y fiscalización al interior de los gobiernos regionales".

En este contexto, Marín hizo notar que "los casos de corrupción en la Intendencia se producen en el aparato administrativo del Gobierno Regional, y acá, equivocadamente, muchas veces, se ha vinculado al Consejo Regional, pero ya hemos visto que esos casos radican siempre en el ente administrativo, que tiene a cargo todos los exámenes de admisibilidad de los proyectos, ahí es donde se han producido los problemas, y ahí es donde nosotros hemos querido siempre apuntar".

Donde también hubo consenso, pero esta vez en las críticas, fue sobre la propuesta de restringir la visación de proyectos en el Core sólo a aquellos que superen las 20.000 UTM.

Millones recordó que existía un acuerdo en base al cual "el Core quedaba con la aprobación proyecto a proyecto, pese a la insistencia del Ejecutivo de quitarle al Consejo Regional ese facultad, y ahora vuelven a insistir en la idea original de que el Core sólo apruebe marcos presupuestarios e iniciativas sobre las 20 mil UTM. Este punto quedó despejado en el Congreso, por tanto no veo cómo lo pueden reponer, o tal vez es fruto de una negociación política, y si así fuera, nosotros lo rechazamos y esperamos que el Congreso mantenga el acuerdo con la Ancore".

En tanto, Crichton sostuvo que "algunos profesionales de los diferentes ministerios que están a cargo de la ley se ponen un poco ingeniosos y todavía tienen esta paternidad tutelada con las regiones desde Santiago, lo que me parece de una odiosidad que no hemos podido acabar con ella. Espero que entiendan, de acuerdo a la última encuesta, que cada vez que segregan o tratan a las regiones de forma imprudente respecto a la importancia que tienen, van a seguir teniendo este tipo de resultados".

Marín también se manifestó "absolutamente en contra. Aquí los consejeros regionales, como representantes genuinos de la ciudadanía, elegidos por votación popular, deben seguir teniendo la responsabilidad de asignar los recursos conforme a la distribución geográfica del territorio".

Por su parte, Palacios se mostró "de acuerdo en lo que plantean mis colegas, creo que ahí tiene que haber una conversación", mientras Briceño señaló sobre este punto que "para nosotros es un retroceso en la participación que han tenido hasta el momento los consejos regionales en la decisión de cada uno de los proyectos que se hacen en las provincias, entonces, pareciera que por una parte se dice que se quiere avanzar, pero por otro lado se le quieren quitar atribuciones a los consejos regionales".

Si bien la presentación del ministro Eyzaguirre en la Comisión de Gobierno del Senado fue valorada en cuanto a la asignación de las 30 nuevas competencias, la restricción a los cores para visar proyectos no generó tal consenso.

En este sentido, el senador independiente Carlos Bianchi, miembro de la citada Comisión puso de relieve que "fue lo que yo hice ver también, porque efectivamente los cores se sienten mucho más restringidos y esto, como lo dije también, es el temor que tienen los parlamentarios y, en general, el no querer que se empoderen estas personas que van a cumplir una función muy importante".

A su juicio, "es tremendamente necesario que exista un nuevo empoderamiento de otras figuras políticas, pero a quienes hoy día están en los cargos parlamentarios les cuesta mucho entender que eso es necesario, ahí hay una pequeñez, una mezquindad política, no es por otra cosa, se hace que los cores no resuelvan todos los proyectos y con eso se le quita una atribución al Consejo Regional".

Respecto de las 30 nuevas competencias propuestas, Briceño estima que "en el caso de Corfo y Sercotec la adjudicación de los proyectos los decidirá una comisión mayoritariamente de la región, o sea, siempre queda pendiente este tema del centralismo, con que no se pasa a que sea definitivamente la región la que decida".

A su vez, Palacios recordó que "eso se viene planteando hace rato, descentralizar lo que dice relación con Corfo, Sercotec, Fosis y el mismo Serviu, que me parece muy bien, porque son temas que tienen que encararse a nivel regional".

En tanto, Marín señaló que le parece "muy bien que existan nuevas competencias, pero que eso se traduzca de verdad en una descentralización", mientras Crichton considera que son "un pequeño avance pero no es un real traspaso de competencias, hicieron una pequeña cosita con el fomento productivo y otras materias, y está bien, pero no es el avance que nosotros queríamos para tener una regionalización con identidad propia. Tenemos los dos puertos más importantes de Chile y para la región generan nada".

"A mayor fiscalización, menor corrupción, así que una unidad de auditoría que nos entregue informes periódicos del estado de avance en materias de inversión del Gore me parece extraordinario"

Roy Crichton, Consejero regional (DC)"

"Valoramos que por fin se haya acogido esta propuesta (unidad de control y auditoría) que hicimos en la Ancore, y ojalá sea recogida en su integridad, donde esa unidad de control tenga una debida autonomía"

Percy Marín, Consejero regional (RN)"