En medio del debate sobre un eventual cierre del penal Punta Peuco, el nuevo director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, marcó ayer una diferencia de opinión con el Gobierno, al afirmar que el recinto posee condiciones "diferentes" a las del resto de la cárceles del país.

"Las diferencias son evidentes a la vista, diferentes instalaciones, diferente tratamiento, menos densidad poblacional (…) lo que pasa es que es una cárcel, para todos los efectos, pero obviamente es diferente a las otras cárceles", sostuvo Marelic, con lo que tomó distancia con respecto a lo señalado por autoridades del Ejecutivo, quienes han enfatizado que este recinto, donde cumplen condena casi un centenar de condenados por violaciones a los derechos humanos, no tiene "privilegios".

Al ser consultado sobre si, a juicio del INDH, hay privilegios en Punta Peuco, el titular del organismo indicó que "no podríamos ponerle ese calificativo. Lo que quiero decir es que es una cárcel diferente y en nuestro informe de condiciones carcelarias notamos esas diferencias".

La ministra de Justicia, Javiera Blanco, remarcó que el eventual cese del recinto "no es una decisión tomada" y enfatizó que la determinación depende únicamente de la Presidenta Michelle Bachelet. "Esto es una decisión presidencial, que en el caso que se tomara, se va a anunciar. Por lo tanto, es inoficioso estar especulando respecto a una situación así", dijo la secretaria de Estado.

Blanco descartó, además, que existan diferencias de posturas al interior del Gobierno, por las diferencias que presentaron el lunes el jefe de gabinete, Mario Fernández, y el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, con respecto al financiamiento que significa el cierre del penal.

"Yo creo que no hay que buscar la quinta pata al gato, aquí hay una sola postura y es que al ser una decisión presidencial, si se toma, se informará. Hoy día no hay una decisión al respecto, eso lo hemos dicho todos y estamos sujetos a la misma definición", agregó.

A la posición de Blanco y su par de Defensa, José Antonio Gómez, quienes están por mantener el polémico penal, ayer se sumaron los gremios que agrupan a los gendarmes del país, quienes consideraron que este "tiene que seguir funcionando, toda vez que tiene una población distinta en cuanto a rango etario, al tipo de condena y en materia de DD.HH. hay muchas condenas que están pendientes".

El senador UDI y miembro de la Comisión de Constitución, Hernán Larraín, estimó que el proyecto de aborto no será aprobado antes de enero de 2017, que es el plazo que se fijó el Gobierno para el despacho de la legislación. "Está mal pensar que un proyecto de este tipo deba discutirse con urgencia, porque al final del día eso hace que la legislación sea definida solamente en forma política", dijo el líder gremialista, luego que el senador (Ind.) y presidente de la comisión, Pedro Araya, dijera que es necesario que el Ejecutivo le dé urgencia al texto para agilizar su tramitación. "Es muy difícil que el proyecto esté listo para enero, además ¿cuál es la urgencia del Gobierno?", agregó Larraín.

Luego que la Corte Suprema emitiera un crítico informe sobre los centros del Sename, en el que reveló que estos hogares sufren insalubridad y sobrepoblación, la magistrada y encargada de asuntos de Familia del máximo tribunal, Rosa María Maggi, afirmó ayer que el Poder Judicial está impedido de tomar alguna acción para hacer frente a la situación y dijo que el Estado debe hacerse cargo de las precarias condiciones de estos recintos.

"Va a haber que buscar medios para darle la solución. Hay algunos hogares que no tienen mayores observaciones, hay otros que tienen observaciones graves. Hay algunos que necesitan mucho más personal, hay innumerables necesidades", sostuvo la ministra."Realmente, esto es un tema mayor que hay que abordar. Nosotros como Poder Judicial no tenemos las herramientas, no tenemos financiamiento para hacer esto. Lo que podemos hacer es colaborar y ayudar diciendo 'mire, este es el diagnóstico, usted tiene que privilegiar tales y tales medidas', y corresponderá a la autoridad administrativa adoptar estas medidas", agregó Maggi.

El reporte de la Suprema, elaborado con base en las visitas que realizaron personalmente los jueces de familia a los hogares destinados a los niños y adolescentes necesitados de protección, determinó que, del total de 298 residencias en el país, las manifestaciones más graves de sobrepoblación se observan en Rancagua (56%), Copiapó (50%), Antofagasta y La Serena (45%), Santiago (43%), San Miguel (42%) y Arica (40%). Esto "redunda en atención insuficiente a los niños, niñas y adolescentes", indicó el estudio.

También se observó una falta de prestaciones médicas en el área de salud mental y la escasez de personal especializado para la atención de menores con problemas abusivos de drogas.

El presidente de la comisión investigadora por la crisis en el Sename, diputado Ramón Farías (PPD), informó ayer que la instancia analizará en los próximos días el informe emitido por la Corte Suprema.

"Realmente, es preocupante lo que está ocurriendo; sin embargo, lo que dice este informe no es algo que nos resulte desconocido como comisión, ya que varios de nosotros hemos constatado en terreno la sobrepoblación, la falta de personal especializado y la falta de higiene, no sólo en centros del Sename, sino que también en organismos colaboradores", manifestó el parlamentario.

"El informe de la Corte Suprema va a ser integrado a nuestra investigación, porque nos interesa que se tomen medidas inmediatas y concretas", agregó. El legislador señaló que ahora cobra mayor importancia que en la próxima sesión de la comisión asista el director de Presupuestos, Sergio Granados, "para que nos señale las platas con que va a contar el Sename el próximo año, porque mejorar los sistema de baños, contar con personal especializada, más enfermeras, médicos, siquiatras, requiere de recursos, y nosotros queremos saber si esos recursos van a estar".

"El informe de la Suprema va a ser integrado a nuestra investigación, porque nos interesa que se tomen medidas inmediatas"

Ramón Farías, Pdte. de comisión investigadora"