Paola Passig

Los pescadores artesanales del país están en pie de guerra: exigen la derogación de la Ley de Pesca, aprobada durante el gobierno de Piñera, cuestionando sus orígenes "corruptos". Todo estos luego que se hayan ido develando, gracias a las investigaciones judiciales que siguen en curso, la relación que habría existido entre empresas pesqueras y parlamentarios durante su tramitación.

Fidel Espinoza (PS), presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara, en efecto considera que la legislación fue construida en base a cohecho, pero insta a modificarla y no a anularla.

- ¿Por qué?

- No hay duda que el origen de la ley es oscuro, y todavía hay mucho paño que cortar para ver quiénes recibieron financiamiento ilegal por parte de las empresas pesqueras cuando se estaba discutiendo el proyecto. Pero de ahí a pensar que hay que derogar totalmente la ley, es no entender en absoluto que hubo avances importantes que se lograron producto de las indicaciones que agregamos aquellos parlamentarios que estábamos protegiendo los intereses de la pesca artesanal. De hecho hubo avances muy importantes que los propios pescadores, agrupados en diferentes organizaciones, han catalogado de avances históricos como es, por ejemplo, la eliminación de las patentes que pagaban y por las cuales quedaban endeudados o el aumento de la captura de porcentajes de ciertas especies como la merluza. O sea, la llamada Ley Longueira que ingresó al Parlamento y que querían se aprobara, fue muy distinta a la que salió. Sin embargo, en aspectos sustanciales, la derecha fue inclaudicable en defender este tipo de privilegios para los grandes beneficiados de esta ley como el de los 20 años renovables.

- Quienes plantean su eliminación señalan que el origen espurio le resta legitimidad.

- Yo soy de los que creen que esta ley tiene que tener profundas transformaciones que hagan que actos como la propia corrupción, el cohecho de empresas ligadas a la pesca, implique perder sus licencias. Pero no veo que haya un ánimo en esa línea ni del Gobierno, ni en el informe que llegará de la FAO, ni menos de parte de la derecha que defiende a ultranza a los empresarios. Debe haber reformaciones profundas, pero de ahí a hablar de derogarla es no entender en absoluto el significado de muchas indicaciones que logramos ingresar durante su tramitación, y que no fueron producto de Longueira ni de su gente, sino que producto de las negociaciones.

- ¿Cómo cuáles?

- El comité científico, que podrán criticarlo, pero ha logrado terminar con un abusivo sistema donde la autoridad política determinaba las cuotas de captura. Y en aras de la sustentabilidad, sí es un elemento importante que fue incorporado al proyecto original. Ahora es cierto, esta es una ley que en su esencia tiene elementos de cohecho, como seguramente debe haber muchas otras, pero esta ley al menos ha podido demostrar que aquí habían intereses cruzados. Y hay muchas cosas que deben ser investigadas. Aquí hay un exdiputado de la UDI que ahora es candidato a alcalde y que el señor Mujica lo sindica como uno de los que le fue a pedir plata, pero todavía no hay atisbos de qué pasará con esa investigación ya que sacaron al fiscal Arias. Es uno entre otros que tienen que ser investigados. Entonces sí, esta ley tiene un origen oscuro de cohecho, pero eso no significa eliminarla por completo porque eso significa volver a la carrera olímpica donde cada un hacia lo que quería con las especies. Al menos hoy hay un mayor control. Y estamos avanzando en otras áreas. Avanzamos con Indespa y acabamos de aprobar la ley del fortalecimiento del Sernapesca que ojalá se apruebe lo antes posible en el Senado y que va a sancionar mucho más fuertemente la pesca ilegal.

- ¿Se alcanzará a modificar la ley en este Gobierno?

- No hay otra alternativa. No veo que sea otro gobierno el que vea este tema, tiene que ser nuestro gobierno. Ahora en lo personal tengo que decir que no tengo mucha esperanza en el informe que entregará la FAO. Creo que va a ser un informe tibio y liviano que no va a ir al fondo de los temas que tenemos que cambiar.

- ¿Por ejemplo?

- Es que lo cambios deben ser profundos que permitan disminuir el plazo de los 20 años otorgados no renovables, condenar con la pérdida de la licencia aquellas empresas que cometen actos de cohecho respecto de las autoridades públicas para obtener beneficios, como quedó demostrado con Corpesca, e ir aumentando gradualmente las cuotas de pesca artesanal en desmedro de la industria en algunas especies que son fundamentales para el desarrollo productivo del país. Además también hay que regular la pesca de arrastre más allá de cualquier crítica, porque genera empleo. Esos son los temas profundos que el informe de la FAO no los va a incorporar, pero que son temas gravitantes. Entonces, este Gobierno tiene que ser responsable de provocar modificaciones sustanciales a la ley de pesca.

- ¿Cuándo se conocerá el informe de la FAO?

- A fines de septiembre.

- O sea, ¿estos cambios se deben aprobar sí o sí durante la administración de Bachelet?

- Es que, de lo contrario, si no somos capaces de cumplir en este Gobierno con lo que prometimos -y eso creo que va a ser un imperativo- no tendríamos cara de visitar una caleta o de ir a conversar con los pescadores. Los dos presidentes de las comisiones pesca, tanto de la Cámara como del Senado, somos de las regiones con mayor cantidad de pescadores artesanales. Y si nosotros no somos capaces de impulsar los cambios, sería un golpe para quienes hemos actuado lealmente con el Gobierno desde la presidencia de esas comisiones. Por eso espero que el Gobierno cumpla.

"Deben haber reformas profundas, pero de ahí a hablar de derogar la ley es no entender el trabajo que hicimos", indicó. "Si no somos capaces de impulsar los cambios, sería un golpe para quienes hemos actuado lealmente con el Gobierno desde la presidencia de esas comisiones. Por eso espero que el Gobierno cumpla""