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Condenan por fraude y falsificación a exasesor de Marta Isasi

JUDICIAL. Exjefe de prensa sentenciado a 5 años de libertad vigilada por uso irregular de asignaciones parlamentarias.
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Alexis Paredes R.

En un juicio abreviado realizado en el Tribunal de Garantía de Valparaíso, el exasesor comunicacional y legislativo de la exdiputada Marta Isasi, Georgio Carrillo Vercellino, fue condenado a 5 años de libertad vigilada intensiva por los delitos reiterados de fraude en las subvenciones y falsificación uso malicioso de instrumento privado, producto de ilícitos cometidos a través del uso irregular de asignaciones parlamentarias entre los años 2009 y 2011, por montos que superan los 43 millones de pesos.

En la audiencia encabezada por el fiscal jefe de Valparaíso, Cristián Andrade, donde participó además el Consejo de Defensa del Estado como parte querellante, se obtuvo una condena a 3 años de libertad vigilada por el delito de fraude y dos penas, de un año cada una, por los delitos de falsificación de la firma de la exparlamentaria para un contrato de trabajo. En tanto la cónyuge del condenado, quien emitió boletas por asesorías no realizadas, se acogió al beneficio de la suspensión condicional de la pena por un periodo de 3 años, pagando además una indemnización de perjuicios, por su calidad de cómplice en estos ilícitos.

De profesión periodista, Carrillo (43 años) comenzó a trabajar en marzo de 2006 con la exdiputada Isasi, actualmente imputada por cohecho y delitos tributarios en el Caso Corpesca, recibiendo pagos en forma paralela a través de un contrato de trabajo y mediante boletas de honorarios.

Hechos acreditados

Según estableció la investigación realizada por Fiscalía, en mayo de 2009 las normas de régimen interno del personal del Congreso Nacional, prohibieron que a un mismo funcionario se le pagara con boletas de honorarios y contrato de trabajo, ante lo cual, el periodista forjó un anexo de contrato de trabajo con fecha 11 de agosto de ese año, falsificando la firma de la diputada Isasi para fijarse una remuneración de un millón 500 mil pesos, siendo que su sueldo real pactado era de 511 mil pesos brutos, recibiendo de manera irregular, hasta febrero de 2010, más de $ 7 millones por parte de la Cámara de Diputados.

En un segundo hecho, al comenzar un nuevo periodo legislativo, en marzo de 2010, Carrillo y la diputada Isasi suscribieron un nuevo contrato de trabajo, el cual fue adulterado por el imputado mediante el fingimiento de la firma de la parlamentaria, fijándose una remuneración de 1 millón 750 mil pesos, más un bono de locomoción de $ 50 mil, siendo que la remuneración real pactada fue de $ 534 mil. De esta forma, entre marzo de 2010 y octubre de 2011, recibió más de $ 16 millones en forma fraudulenta.

Un tercer ilícito detectado tiene relación con la prohibición vigente desde 2009, respecto a que un mismo funcionario del Congreso se le pague en forma paralela con boletas de honorario y contrato de trabajo. A contar de mayo de 2009, la cónyuge del imputado, Johanna Gallardo Beiza, a petición de éste, comenzó a emitir boletas por asesorías a la diputada Isasi, las que nunca fueron solicitadas ni realizadas. De esta forma obtuvo de la Cámara de Diputados, entre mayo de 2009 y octubre de 2011, un total de 19 millones 515 mil pesos.

Para evitar un juicio oral, donde se exponía a penas de presidio efectivo, el profesional accedió al juicio abreviado, en el cual reconoció los hechos de la acusación y los antecedentes de la investigación, aceptando su responsabilidad por los cuales fue condenado.

Acusaciones cruzadas

Producto de estos hechos, en julio de 2012, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en contra de Carrillo por el delito de fraude al fisco, iniciándose una dura disputa judicial entre el asesor legislativo y comunicacional y la parlamentaria.

Al momento de ser formalizado, el profesional declaró ante el tribunal que su antigua empleadora estaba en conocimiento de los cobros irregulares de las asignaciones parlamentarias y que había un acuerdo entre ambos para operar de esta forma, mediante el cual Isasi recibía en efectivo los dineros con cargo a la Cámara de Diputados y su asesor de prensa se quedaba con un porcentaje del total.

La denuncia fue indagada por la Fiscalía de Valparaíso, incluso, en noviembre de 2013, el CDE amplió la querella por el delito reiterado de fraude al fisco en contra de la, en ese entonces, diputada Marta Isasi Barbieri, producto de los ilícitos.

Finalmente y tras más de dos años de indagatorias, el Ministerio Público decidió no perseverar en contra de la exparlamentaria, al no existir los antecedentes suficientes que permitieran imputar acciones penales en contra de Isasi.

En mayo de 2013, producto de la disputa con su exempleadora, Carrillo dio a conocer los primeros antecedentes respecto a que la diputada Isasi recibió $ 25 millones por parte de la empresa Corpesca para su campaña de 2009, creando boletas falsas y falsificando su firma para proyectos de ley, con el consentimiento de la parlamentaria, lo cual abrió una nueva arista penal que ahora la mantienen formalizada.

Asignaciones en tela de jucio

La Cámara de Diputados paga con cargo a fondos públicos una asignación destinada al pago de secretarias y asesores con el objeto de desarrollar la labor parlamentaria. Esta asignación sólo es cancelada previa indicación del parlamentario sobre quién es su asesor o secretario por el servicio prestado y la presentación, por parte de estos, de la correspondiente boleta por el servicio prestado o el respectivo contrato de trabajo. Las asignaciones de los parlamentarios y formas de pago son determinadas por la Comisión de Régimen Interno.

Corte rechaza recurso de inmobiliaria en contra de municipio y la Contraloría

PUCHUNCAVÍ. Conflicto será resuelto por recurso de nulidad en curso.
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La Corte Suprema rechazó el recurso de protección presentado por la Inmobiliaria Mar Maitencillo S.A. en contra de la decisión de la Contraloría Regional de Valparaíso y la Municipalidad de Puchuncaví que anularon permiso de edificación otorgado a la empresa.

En fallo unánime (causa rol 20599-2016), la Tercera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Manuel Antonio Valderrama y Alfredo Pfeiffer- ratificó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que desestimó la acción cautelar.

De acuerdo al fallo de la Corte Suprema, el recurso de protección no es la vía idónea para reclamar la decisión, debido a que el asunto es objeto de un reclamo de ilegalidad interpuesto por la empresa ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Fallo

El fallo precisa que "conforme se colige del mérito de los antecedentes, el mismo asunto que ha servido de fundamento al presente recurso se encuentra en la actualidad siendo debatido ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en los autos Rol N° Rol 597-2016, con ocasión del reclamo de ilegalidad deducido por la parte recurrente en contra del Alcalde y del Director de Obras Municipales de la Municipalidad de Puchuncaví, por lo que la materia en examen está sometida al procedimiento adecuado que otorga a las partes las máximas garantías a fin de hacer valer sus pretensiones y derechos".

Agrega que, "encontrándose la situación controvertida bajo el imperio del derecho, el presente recurso extraordinario ha perdido su real objetivo atendida su índole y naturaleza".

"El presente recurso extraordinario ha perdido su real objetivo atendida su índole y naturaleza"

Fallo de la Corte"

PDI recupera camión con carga avaluada en más de $ 140 millones

VALPARAÍSO. Una banda asaltaba a los choferes de transportes.
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Efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos en Recintos Portuarios Valparaíso (Briderpo) recuperaron un camión marca Freightliner, con su respectiva rampla y contenedor refer de 40 pies, que en su interior cargaba 1.750 cajas de pollos congelados.

Los detectives recepcionaron una denuncia por parte de los dueños de una empresa de trasportes, donde se daba cuenta de la sustracción de dos camiones de su propiedad, siendo ubicado sólo uno de ellos por personal de la policía civil, en la Ruta 68, a la altura del kilómetro 50 dirección a Santiago, sin su conductor pero con la mercadería.

La PDI estableció que desconocidos interceptaban los camiones en la ruta, intimidando a los choferes para sustraer sus cargas, dejándolos abandonados en una parte del camino para evitar que denunciaran el hecho.

Las especies, avaluadas en $ 140 millones, fueron devueltas a su propietario.