Pamela Boltei

Luego de administrarlo por más de 50 años, la Inmobiliaria Casa de Italia está ad portas de tomar una decisión definitiva para el futuro del histórico inmueble de calle Álvarez, que sirvió de centro de reuniones a los miembros de la colonia italiana, en Viña del Mar. El destino de la casona, construida en 1933, dependerá de una junta de accionistas que se realizará este año.

Sin embargo, la discusión en torno al tema provocó una agria disputa entre los socios de la tradicional organización viñamarina, que nació para servir de instancia de unión a los italianos llegados a la comuna.

El punto más conflictivo es un proyecto de la inmobiliaria Inmobilia y Gestiones de Proyectos Limitada, que contempla la construcción de un edificio de departamentos de 22 pisos, más centro comercial, que implicaría la demolición de la casona, que actualmente no tiene una protección patrimonial especial.

La iniciativa de la firma ya tiene un anteproyecto aprobado por la Dirección de Obras del municipio viñamarino, aunque los socios que respaldan esta propuesta advierten que la promesa de compraventa firmada no es vinculante y que el destino quedará definido por la decisión que tomen los propios accionistas en una junta que aún deben definir, pero que proyectan para este año.

La mantención, reparación y el pago de millonarias contribuciones de la Casa D'Italia ha sido un gran problema para la Inmobiliaria Casa de Italia S.A., a cargo de administrar el inmueble desde 2010, y también para la corporación que anteriormente era responsable de la casona. En los años 90 hubo un deterioro en la actividad que ejercía la Corporación y, por ende, tuvo que cerrar varias dependencias, como el gimnasio, la cafetería y una cancha de bochas, y arrendarlas a grupos evangélicos y una asociación de buses. En los últimos años, millonarias deudas territoriales con la Tesorería General de la República generaron el riesgo de que la propiedad fuera rematada. Ya en el año 2010 los pasivos que dejaba la Corporación, que acababa de ser finiquitada, sumaban más de 120 millones de pesos.

De acuerdo a Renzo Arata, vicepresidente del directorio de Inmobiliaria Casa de Italia S.A., lo más grave de esta situación fue que "la Casa De Italia había caído a un nivel muy bajo, dado que había un restaurante tenedor libre llamado La Casona, donde se hacían eventos de dudoso gusto y solamente tenían 25 socios que cancelaban sus cuotas en la corporación. Cumplían solamente su objetivo inicial al albergar a la Sociedad Dante Alighieri, a la que se le exigía pagar 10 cuotas de socios para poder usar algunas dependencias".

Tras esto, la Inmobiliaria decidió arrendar el inmueble al Instituto Profesional Providencia (IPP), que adelantó dineros que permitieron pagar las contribuciones y todos los compromisos laborales, previsionales y otros pendientes de la Corporación. "Se estabilizó la situación de la inmobiliaria y se logró incluso pagar dividendo a los accionistas de los 4 últimos años, vale decir 2013, 2014, 2015 y 2016. "El directorio, pese a haber estabilizado la situación, cumpliendo las obligaciones que tiene con la SVS de defender con igual celo el propio patrimonio como el de las sociedades que representan, siempre estuvo preocupado por el destino final de la Casa D' Italia".

De acuerdo a Arata, la decisión de firmar la promesa de compraventa, que significaría - en caso de hacerse efectiva - la demolición de la histórica casona y la construcción de un proyecto de 22 pisos, 199 estacionamientos y 2 pisos de placas comerciales, surgió a propósito del temor de que el patrimonio de los accionistas se viera amenazado por el cambio del Plan Regulador Comunal y una campaña que inició el Consejo Regional (Core) en 2014 para declarar monumento histórico a la casona.

"Logramos, a través de gestiones, evitarlo transitoriamente, porque una declaración de ese tipo reducía a la mínima expresión el valor real del patrimonio (económico) de la sociedad y nuestro deber primario es defenderlo. Posteriormente, se anunció la modificación del plan regulador que también puede afectarnos como ya nos afectó en la parte alta de nuestra propiedad con la modificación que se hizo del barrio Recreo, por lo que se hacía indispensable tomar alguna decisión al respecto ", dijo Arata.

En este contexto es que ante gestiones encargadas a corredoras para arrendar el inmueble y poder seguir manteniéndose, se llegó a la conclusión de que lo mejor era venderlo. "Las corredoras manifestaron un mínimo interés en arrendar, pero sí en adquirir el inmueble", contó Arata.

El directorio ante esto decidió, para defenderse ante la posible implicancia del nuevo Plan Regulador Comunal, "el que podría reducir a una mínima expresión el valor de nuestra propiedad, único bien de la sociedad, acordar por unanimidad en diciembre de 2015 firmar una promesa de compraventa 'no vinculante' para eventualmente poder enajenar el bien raíz y así salvar el patrimonio de los accionistas, al mismo tiempo que se presentó un anteproyecto para poder inhibir cualquier consecuencia que tuviere el Plan Regulador del municipio de Viña".

Pero el director de la Inmobiliaria Casa de Italia S.A. explicó que "la decisión sobre la venta se tiene que tomar en una junta extraordinaria de accionistas citada al efecto, y que se hará durante este año. En ella los accionistas decidirán libremente sobre el destino de la propiedad. El directorio, por lo tanto, solamente ha tomado medidas preventivas". Y respecto al futuro de la comunidad italiana en caso que se decida vender, Arata dijo que "también lo decidirá la junta".

Por otra parte, Tito Livio Moggia, uno de los accionistas que está por no vender, dijo en una carta enviada al Directorio de la Inmobiliaria Casa de Italia S.A. que "el Directorio ha ido demasiado lejos, actuando a espaldas y con desconocimiento de los accionistas, sorprendiéndolos en esta inaceptable acción de demolición, venta y liquidación de la Casa de Italia, sin que haya presentado estrategia alguna, proyecto, propuesta o acción tendiente a recuperar el objetivo social de la Casa de Italia, apartándose de las funciones que le correspondía emplear con el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios, existiendo un importante porcentaje de accionistas que reprueban lo obrado".

Además, sostuvo en la misiva que "el Directorio no ha sopesado que en el fondo no habrá apoyo ni libertad para demoler y vender y que la correcta manera de resguardar el patrimonio frente a una eventual declaratoria de ICH, es que el Directorio se aboque con urgencia a ejercer acciones para obtener la subdivisión del terreno, a fin que la eventual declaratoria afecte exclusivamente al edificio y antejardín y no al terreno posterior, dado que esa área no tiene valor patrimonial urbano alguno, liberándolo para poder rentabilizar esa parte del inmueble, garantizando la viabilidad de la Inmobiliaria".

Y agregó que llevarán el caso ante la justicia. "Los estatutos establecen que la venta de activos de la sociedad debe ser aprobada en Junta Extraordinaria de Accionistas, con el quórum pertinente, lo cual no se ha realizado, de manera que resulta lícito afirmar que el Directorio, actuando indebidamente y extralimitándose en sus funciones, otorgó poder para materializar Contrato de Compraventa de Inmueble sin la autorización previa de la Junta Extraordinaria específicamente citada al efecto, asumiendo así solidariamente la culpabilidad de los daños o perjuicios causados a la sociedad y a los accionistas por sus eventuales actuaciones dolosas o culpables, razón por la cual se iniciarán las acciones legales y administrativas correspondientes".

¿A qué apuntan? "Vamos a pedir la nulidad de la resolución municipal que aprobó el anteproyecto, porque no tienen facultades para haber solicitado eso. Ahora la municipalidad está obligada a otorgarla porque no tiene facultades para oponerse, pero si nosotros pedimos la invalidación se puede salvar".

Antes de resolver si se vende o no la casona, la inmobiliaria deberá elegir, el 29 de septiembre próximo, a su nueva directiva, luego de que la Superintendencia de Valores y Seguros anulara la última votación y pidiera en mayo de este año realizar una nueva a la brevedad. La Inmobiliaria Casa de Italia S.A. presentó en junio de este año un recurso de ilegalidad para revertir la decisión e instrucción dada, el cual sigue su curso en la Corte de Apelaciones de Santiago.