Alexis Paredes R.
Un preinforme de la Contraloría Regional de Valparaíso -592/2016- da cuenta de graves irregularidades administrativas y faltas a la probidad por parte de funcionarios del Gobierno Regional, en los procesos de adjudicación y ejecución de licitaciones para estudios territoriales y la contratación por trato directo de una consultoría por montos que superan los $ 172 millones.
La investigación del órgano contralor se radicó en la División de Planificación y Desarrollo (Diplad) del Gore, tras la denuncia realizada, en mayo pasado, por la consejera Evelyn Mansilla (RN), basada en los informes elaborados por el exencargado de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Regional, Osvaldo Maldonado, dando cuenta de una serie de anomalías.
En forma paralela, la Intendencia Regional ejecuta un sumario administrativo que está en su etapa final, en tanto la Unidad Regional Anticorrupción (Urac) de la Fiscalía, en conjunto con la Bridec de la PDI, realiza diversas diligencias a objeto de establecer eventuales delitos que puedan comprometer a los funcionarios investigados, en el denominado "Fraude 3 a la Intendencia".
Según el examen de cuentas realizado a licitaciones públicas para asesorías del Plan Marco de Desarrollo Territorial (PMDT) para los valles de Cabildo, Petorca y secano de San Antonio, en julio de 2015 se aprobaron las bases administrativas generales (BAG) y los términos técnicos de referencia para esos concursos.
En septiembre de 2015, el Gore adjudicó a la empresa Haza Ingeniería y Construcción Lmtda., dos licitaciones públicas por $ 70 millones para estudios territoriales en Cabildo y Petorca, y a la empresa Castro Vila E.I.R.L. el plan marco en el secano de San Antonio, por 65 millones 800 mil pesos.
Los contratos se aprobaron en octubre de 2015. Sin embargo, en julio pasado el Gore puso término al convenio celebrado con la empresa Haza "por el incumplimiento grave de diversas obligaciones contractuales".
La investigación de Contraloría detectó que, en el proceso licitatorio, en julio de 2015 se modificó a los integrantes de la comisión evaluadora de las propuestas, quedando conformada por el jefe de departamento de la Diplad, Leonardo Cañoles; la secretaria técnica de participación ciudadana de la Diplad, Nelda Garcés Jiménez, y el coordinador regional del Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Regional (PIRDT).
En ese proceso la funcionaria Nelda Garcés habría manifestado que a esos concursos postularía una sociedad que "pertenecía a unos amigos", constatándose posteriormente que se trataba de la empresa Haza. Según los testimonios recopilados por Contraloría, "participó activamente durante toda la ejecución de esas iniciativas" una cuñada de Garcés, quien no aparece en la nómina de los profesionales ofertados por Haza, contraviniendo el principio de probidad administrativa.
Se detectó además que la empresa Haza presentó en su equipo a dos geógrafos para funciones que las bases establecían que debía ser realizadas por profesionales del área de la ingeniería o ciencias económicas, por lo que esas ofertas no cumplían con los requisitos y debieron ser rechazados en el acto de apertura, "vulnerando el principio de estricta sujeción a las bases".
Informes "copy paste"
En cuanto a los pagos, en marzo y abril de 2016, previa autorización de la Diplad, el Gore pagó a Haza dos facturas por 17 millones 500 mil pesos cada una, por la entrega de un primer informe. Se constató además que un segundo informe fue "copy paste" de párrafos, cuadros y mapas "transcritos literalmente" de uno presentado el 2014 por una consultora que trabajó en el valle de Putaendo.
Se constató que los archivos digitales (formato CD) de los informes remitidos por Haza Ingeniería, fueron elaborados por un funcionario del Gore contratado a honorarios para prestar apoyo a los fondos FIC, y en el caso del informe del Valle de Cabildo, "la autora de dichos informes fue la señora Nelda Garcés, vulnerando el principio de probidad".
Los testimonios recopilados por Contraloría dan cuenta que, previo a que el Gore adjudicara a la empresa Haza ambas licitaciones, "la señora Garcés se contactó directamente con los profesionales que formaron parte del equipo de trabajo ofertado por esa sociedad en ambos concursos, ofreciéndoles trabajar para aquella en la ejecución de ambas iniciativas". Garcés incluso tramitó los contratos del equipo de trabajo de la empresa, les informó respecto al arriendo de la oficina en que la sociedad operaría y habría aportado el mobiliario para el funcionamiento, conducta calificada como "reprochable" en la investigación y que "vulneró gravemente" el principio de probidad.
Lazos familiares
Sobre las irregularidades en el trato directo con la empresa Signo para una consultoría comunicacional, entre octubre y noviembre de 2015 se realizaron tres llamados de licitación pública, los dos primeros dejados sin efecto, y el tercero se declaró inadmisible.
Posteriormente, el exjefe de la Diplad e integrante de la comisión evaluadora, Alexis Bustos, actual asesor del intendente regional, solicitó contratar por trato directo a la empresa Signo, por $ 32 millones. Según indagaciones de Contraloría, la comisión evaluadora que participó en el proceso no se conformó según lo estipulado en las bases, participando en el proceso Nelda Garcés. Dentro del equipo de profesionales ofertados por la empresa había una cuñada de dicha funcionaria.
Se advirtió que la empresa Signo se conformó apenas 3 meses antes de que el Gore contratara sus servicios y que uno de sus socios es concuñado de Garcés, y el otro, su vecino, vulnerando el principio de probidad.
Se detectó además la existencia de cuatro profesionales que participaron en los equipos de ambas empresas y en una de las cláusulas del contrato celebrado mediante trato directo entre el Gore y Signo, la contraparte técnica era la Diplad, cuya funcionaria a cargo de dichas labor sería Garcés.
Fue la misma Garcés quien, en diciembre pasado, le informó al jefe de la Diplad de la época, haber recibido conforme por parte de la empresa los antecedentes para gestionar el pago correspondiente, cancelando el Gore 13 millones 120 mil pesos.
Se comprobó que el informe validado por la empresa correspondía a "una copia textual" de un informe presentado al Gore el año 2012 por la empresa Cical Lmtda., para un proyecto de similar.
Según la declaración de un funcionario, el propio jefe de la Diplad, Alexis Bustos, junto a Nelda Garcés, lo habrían citado a reunión donde le solicitaron antecedentes sobre el desarrollo de dicha iniciativa y que les facilitara los informes entregados por la empresa Cical.
El contrato con Signo estipulaba talleres de educación ciudadana en distintas provincias, recibiendo el exjefe de la Diplad por parte de Garcés, como encargada del contrato, diversas listas de asistencia y fotografías que daban cuenta de los talleres. El personero indicó que, tanto las nóminas como fotografías, correspondían a reuniones de trabajo en el marco de la Comisión para la Gobernanza de Quintero Puchuncaví, del Consejo Regional de Movilidad y del Consejo Para el desarrollo y sostenibilidad hídrica, que no tienen relación con las actividades estipuladas.
En abril de 2016, Nelda Garcés emitió a la empresa Signo una boleta a honorarios por un millón 350 mil pesos, documento que luego fue anulado.
La Contraloría dio un plazo de diez días al Gore para formular los "alcances y precisiones" procedentes, a objeto de subsanar las observaciones formuladas, las que fueron contestadas en los últimos días. Se espera que la próxima semana se emita el informe final con las eventuales sanciones.
días de plazo entregó Contraloría al Gobierno Regional para responder las observaciones. 10
licitaciones y una contratación por trato directo son cuestionadas por el órgano contralor. 2
