Alexis Paredes R.

El intendente Gabriel Aldoney se refirió al sumario administrativo que se realiza en el Gobierno Regional y el Informe Final N° 592/2016 de la Contraloría de la Valparaíso, que da cuenta de graves irregularidades y faltas a la probidad administrativa en licitaciones por parte de funcionarios de dicha repartición, en los procesos de adjudicación y ejecución de licitaciones y contratación por trato directo de una asesoría comunicacional, con montos que superan los $ 172 millones.

La autoridad regional adelantó que ayer se reunió con la contralora subrogante, Alejandra Pavez, y que durante esta jornada se remitirá al órgano contralor el expediente del sumario administrativo que se realiza al interior del Gore, donde han sido investigados el exjefe de la División de Planificación y Desarrollo (Diplad), Alexis Bustos -actual asesor de Aldoney-, y el jefe de la División de Administración y Finanzas (DAF), Guillermo Orellana, además de una de las funcionarias de confianza de Bustos en la Diplad, Nelda Garcés, quien según el examen de cuenta de Contraloría, tendría responsabilidad en haber articulado una serie de acciones para favorecer en las licitaciones a dos empresas (Haza y Signo) cuyos socios eran familiares directos o participaban parientes, además de otras anomalías administrativas, hechos calificados como "graves".

De acuerdo a Aldoney, la solicitud de Contraloría al Gore de entregar el expediente del sumario administrativo tiene por objeto "verificar ciertas informaciones que ellos tienen en su proceso y que requieren del expediente". La autoridad recalcó que "no voy a cuestionar las sanciones que la Contraloría establezca, a pesar que tengo atribuciones para poder reducirlas, porque creo que estos hechos deben ser sancionados ejemplarmente. No vamos a aceptar en el Gobierno Regional que las faltas a la probidad pasen inadvertidas".

Aldoney lamentó que "se esté abusando de una limitación que yo tengo como autoridad para referirme a los contenidos de las informaciones que se han hecho públicas. Tengo que mantener reserva de los contenidos de las informaciones que a mí se me entregan por los organismos fiscalizadores, según lo establece el estatuto administrativo, y debo mantener silencio ante contenidos que son confidenciales".

Según el personero, la investigación se inició en abril pasado, luego que el actual jefe de la Diplad, Miguel Toledo, le entregó "un informe fundado, con cargos específicos, respecto a lo que estaba ocurriendo en este proceso. Dos días después, procedí a ordenar una investigación sumaria, y tres semanas después, una consejera (Evelyn Mansilla) recurrió a la Contraloría y el Ministerio Público para que se iniciara una investigación, señalando que estábamos frente a un fraude".

Luego que la fiscal del sumario se declaró incompetente, al existir funcionarios de más alto grado involucrados, a quienes incluso separó de sus cargos, Aldoney detalló que solicitó al Ministerio del Interior nombrara un fiscal -Gabriel Gatica Stambuk-, "ya que necesitaba un hombre de experiencia dada la gravedad que la información sumarial señalaba y la investigación fuera lo más imparcial y correcta posible".

No obstante que el 27 de junio pasado Gatica resolvió reincorporar a los sumariados a sus funciones, la máxima autoridad enfatizó que "esta investigación se ha desarrollado de buena forma y dentro de los plazos establecidos, que requiere de elementos probatorios y de instancias en que las personas afectadas tienen derecho a defenderse". Aldoney insistió que "así como cualquier hecho que atente contra la probidad tendrá de mi parte la mayor de las condenas, como autoridad también tengo la obligación de generar las condiciones para que las personas puedan defenderse de los cargos".

Según el análisis del intendente tras la divulgación del concluyente informe de Contraloría, "la ciudadanía debe sentirse sorprendida por ciertas filtraciones de informes que son confidenciales, que establecen ciertas responsabilidades de funcionarios públicos, de mantener reserva de sus contenidos, por tanto no me voy a referir a aquello. Estamos frente a una situación que no comparto, porque eso afecta a personas que pueden resultar ser inocentes".

Aldoney también le restó validez a los antecedentes expuestos en febrero pasado por el exauditor del Gore, Osvaldo Maldonado, quien luego fue removido de su cargo, donde daba cuenta de diversas irregularidades en las licitaciones públicas en la Diplad, lo cual incluso es consignado en el informe final de Contraloría. Según la autoridad, "los informes que él entregó (Maldonado) nunca recomendaron al intendente que hiciera una investigación sumaria o un sumario. Sus consideraciones fueron siempre de carácter administrativa".

Según consignó Aldoney, le solicitó al nuevo Diplad (Miguel Toledo) que verificara los antecedentes que "hacían suponer la existencia de ciertas situaciones, producto que ya habían incumplimientos por parte de las empresas adjudicatarias en relación al sumario. Él hizo un informe responsable, señalando antecedentes concretos, por ejemplo, en relación a cierto parentesco que una de esas personas pudiera tener, cuestión que yo no recibí del (ex) auditor".

"La ciudadanía debe sentirse sorprendida por la filtración de ciertos informes que son confidenciales; por tanto, no me voy a referir a aquello"

Gabriel Aldoney, Intendente regional"

"Se está abusando de una limitación que yo tengo como autoridad para referirme a los contenidos de las informaciones que se han hecho públicas"

Gabriel Aldoney, Intendente regional"