El Tribunal Constitucional (TC) decidió acoger parcialmente un requerimiento que presentó Roberto Guzmán Lyon, sancionado en el Caso Cascada con cerca de US$ 21 millones (550.00 UF), y quien solicitó la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la multa que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) le impuso por su participación en esa causa. El TC estimó que la multa debiera haber llegado a 15 mil UF.

El ejecutivo tuvo un rol de asesor cercano de Julio Ponce Lerou, controlador de esas sociedades, quien junto a un grupo de ejecutivos fue sancionado por una secuencia de compra y venta de acciones de modo de disponer importantes paquetes de acciones para su remate en el mercado, y después recomprar los títulos a precios mayores a los de su venta inicial.

Por esos hechos, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) multó al total de los formalizados por US$ 164 millones.

La instancia señaló que "no existe ningún parámetro de objetividad para la aplicación del artículo 29 del DL 3538".

El texto establece que "si bien se alude en términos genéricos al principio de proporcionalidad, en los hechos su aplicación al caso concreto produce efectos contrarios a la Carta Fundamental y, específicamente, a dicho principio, concreción de la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación arbitraria (artículo 19, N° 2°) y el derecho a un justo y racional y debido proceso administrativo (artículo 19, N° 3°)".

El 26 de septiembre de 2014, Guzmán presentó un reclamo ante el Tribunal Constitucional en contra de la SVS por la multa impuesta. Según él se trataba de una multa "exorbitante", cuestionando en su escrito la ley que creó a la SVS, donde no se "define criterios, parámetros o principio alguno que permita aplicar una sanción legalmente determinada al caso concreto, ni tampoco establece criterios que establezcan una base de cálculo real y cierta para la determinación del límite superior de dicha sanción, deviniendo ello en una multa indeterminada, con la consiguiente infracción al principio de legalidad". La decisión del TC implicaría que Guzmán podría ver rebajada su multa al monto que establece el TC y que los otros multados, entre ellos Julio Ponce Lerou, Leonidas Vial,y Manuel Bulnes, entre otros, también podrían pedir que se revisen sus multas.

Las malas expectativas en materia laboral para los próximos meses se mantienen, según los datos de la Encuesta de Percepción del Desempleo de Libertad y Desarrollo de septiembre de 2016. El informe reveló que el 17% de los encuestados espera que la situación general de empleo mejore en los próximos 3 meses y el 38% espera que la situación empeore en ese lapso.

Consultados por sus expectativas a un año el escenario se deteriora más: el 37% cree que la situación de empleo empeorará (frente al 26% de septiembre de 2015 y 31% de la medición anterior) y 23% cree que mejorará (frente al 23% en septiembre de 2015 y 21% en junio de 2016). En tanto, el nivel alto o muy alto de temor a perder el empleo se mantiene en sus registros más altos, ubicándose en 49% .