A ocho días de las elecciones municipales del próximo 23 de octubre, el Gobierno anunció ayer que enviará al Congreso un proyecto de ley para solucionar el problema causado por los cambios de domicilio electoral erróneos, que afectan a 467.273 personas, de acuerdo al Servicio Electoral (Servel).

En una reunión extraordinaria en La Moneda con el comité político del Gobierno, que se extendió por una hora y media, el Consejo Directivo del Servel le entregó al Ejecutivo su propuesta para dar solución a la problemática.

Tras el encuentro fue el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, quien confirmó que se enviará un proyecto breve, que esperan poder aprobar a tiempo para que aquellas personas afectadas por el cambio involuntario de domicilio electoral, puedan sufragar donde lo tenían contemplado.

El vocero de La Moneda fue enfático en remarcar que para lograr la aprobación de la iniciativa requerirán del apoyo de los parlamentarios. "Es un proyecto de pocos artículos, bastante breve, pero evidentemente es una convocatoria extraordinaria al Congreso; un proyecto de ley orgánica calificada, por lo tanto, un quórum de tres quintos", sostuvo.

"Requerimos la voluntad de los parlamentarios para poder despacharlo y nos vamos a poner a trabajar ahora mismo en la convocatoria", agregó el ministro, que sostuvo que espera que la norma sea despachada "lo antes posible".

El secretario de Estado asimismo detalló que todavía no se puede determinar con certeza el alcance del error que enfrentó esta semana al Servel con el Registro Civil, organismo al que el primero responsabilizó de los cambios que habrían concretado cuando las personas concurrieron a realizar la renovación del carné de identidad o pasaporte.

"Habrá que determinar qué número de cambio de domicilios obedece a un error, esto no lo sabemos. Lo importante es que la totalidad de esos ciudadanos, de concurrir a votar, no tenga ninguna dificultad para hacerlo. Este es el objetivo del proyecto de ley", aseveró Díaz, quien pese a esto, detalló que "el universo potencial es de hasta 467.273 ciudadanos", cifra entregada por el Servel.

El vocero de Gobierno destacó que el envío de esta solución será "sin perjuicio de que esto no obsta de que se siga adelante en la investigación de los hechos para establecer las responsabilidades que correspondan".

Por su parte, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, explicó que el proyecto establecerá que se instalará una "tercera urna", para que los afectados puedan ir a sufragar en la mesa de su antiguo domicilio electoral, lo que sin embargo, no será impedimento para que ejerzan su derecho en su nueva mesa, si así lo desean.

"En términos prácticos significará que aquellos electores que están dentro de los 467 mil que vieron cambiados su domicilio electoral, podrán sufragar tanto en su antigua o nueva comuna donde aparece hoy en los padrones", explicó el abogado tras su reunión con los ministros Mario Fernández (Interior), Marcelo Díaz (Segegob), Nicolás Eyzaguirre (Segpres) y Rodrigo Valdés (Hacienda).

Esto no significará que se podrá votar en dos lugares a la vez. Santamaría señaló que en el texto del proyecto de ley se pedirá una "facultad especial" para velar que eso no ocurra.

En caso de que existan personas que voten en dos mesas, serán sancionadas con penas que irían desde los 541 días a los cinco años de presidio, además de multas en dinero.

El director del Servel destacó que "lo relevante es que todas las personas que se vieron afectadas con el cambio de domicilio podrán ejercer su derecho".

Tanto el presidente de Renovación Nacional (RN), Cristián Monckeberg, como el timonel de la UDI, Hernán Larraín, manifestaron que no asegurarán su voto para aprobar el proyecto que enviará el Gobierno para solucionar el problema con los domicilios electorales, antes de conocerlo.

Asimismo, los líderes de la oposición apuntaron a las responsabilidades políticas por los errores previo a las elecciones municipales.

El diputado Monckeberg manifestó en entrevista con Emol que aunque están dispuestos a revisar el proyecto de ley "no podemos comprometernos con ningún voto y eso se lo planteé al Gobierno".

La principal duda manifestada por el timonel de RN, tiene que ver con el desconocimiento respecto a la forma en que se fiscalizará que no se lleven a cabo dobles sufragios.

En ese sentido, insistió en pedir la renuncia de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, cartera de la que depende el Registro Civil, que sería responsable de los cambios de domicilio.

"Una cosa son las responsabilidades administrativas que se están peloteando el Registro Civil y el Servicio Electoral, lo que terminó en tribunales, lo que encontramos un bochorno; pero nadie asume una responsabilidad política", dijo.

Por su parte, el presidente de la UDI, Hernán Larraín, apuntó al ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, quien aseguró que habiendo sido informado respecto al problema, no tomó acciones en el asunto.

"Los problemas pueden estar en el Ministerio de Justicia o en la Secretaría General de la Presidencia que, por los antecedentes que tenemos, tuvo la información (del error) y no hizo nada", acusó el senador.

"Aquí creemos que hay responsabilidades gravísimas del Registro Civil y del ámbito político, a lo menos, de la Secretaría General de la Presidencia. Y queremos que el Gobierno tome medidas ya, destituciones, renuncias, lo que sea necesario, porque esto no puede quedar impune", agregó.

Respecto al proyecto, aseveró que "nos parece que hay que evaluar esta fórmula, no estamos disponibles para timbrar lo que el Gobierno o el Servicio Electoral -o quién quiera- desee hacer, porque aquí vamos a actuar con responsabilidad, no sabemos si la fórmula es buena".