La Presidenta Michelle Bachelet se refirió ayer a la polémica por los errores en el padrón electoral por los cambios de domicilios unilaterales y defendió el actuar del Gobierno, a la vez que aseguró que el problema se arrastra desde 2012, cuando Sebastián Piñera era Mandatario.

"La verdad es que el Gobierno ha hecho todo lo posible por resolver un problema que venía desde el año 2012 y que se ha acumulado hasta la fecha", dijo desde una actividad en Melipilla, horas antes de anunciar el cambio de gabinete en el que salió la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, cartera que tiene a su cargo el Registro Civil, organismo donde se habría originado el error.

Esto último porque, a contar del 31 de enero de 2012, comenzó a regir la Ley Nº20.568, que regula la inscripción automática y el voto voluntario, que sería el punto de inicio del problema. Esto, pese a que la norma establece que las modificaciones en los domicilios deben ser consentidas.

Bachelet también se pronunció respecto al fracaso del proyecto de ley exprés para dar solución al problema, que tuvo que ser retirado del Congreso, por no contar con el apoyo necesario para su aprobación.

"Y lamentablemente no fue factible, no todo el mundo estuvo disponible para eso", comentó escuetamente. En ese sentido, hizo hincapié en su llamado a la participación en las elecciones municipales, enfatizando que lo "importante es votar, porque las decisiones si uno no vota las toma otro".

"Estamos tratando, desde el Gobierno, el Ministerio del Interior está a cargo de eso, de buscar todas las facilidades para que las personas concurran a votar", concluyó Bachelet.

Suspender los comicios

Por su parte, la senadora de Amplitud, Lily Pérez, se unió a quienes han pedido que se suspendan las elecciones municipales del domingo, porque los resultados se podrían ver afectados por los errores en el padrón, que habrían afectado a casi medio millón de votantes.

"Lo correcto sería, sin cálculo electoral alguno, que se tomará la decisión por parte del Gobierno de suspender las elecciones de este domingo, hasta que el Servel limpie el padrón, cruce toda la información y logre habilitar a todos los chilenos y chilenas para que puedan votar", dijo la parlamentaria a Digital FM.

Carolina Collins

Con arraigo nacional y firma quincenal quedó el excandidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, tras ser formalizado en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por presuntos delitos tributarios en el marco del denominado caso SQM.

Junto a él, también fue formalizado su exjefe de campaña, Cristián Warner, ambos por la emisión y facilitación de facturas ideológicamente falsas a la minera no metálica por un total de $391 millones, por servicios que no habrían sido prestados entre 2011 y 2014.

Según el Ministerio Público, ME-O y Warner se habrían concertado para buscar financiamiento para la campaña presidencial del primero, emitiendo facturas que fueron incorporadas como gastos en la contabilidad de SQM Salar, permitiendo a esa firma reducir sus impuestos en un daño fiscal calculado en $130 millones.

Ambos fueron formalizados, luego de que el abogado que encabeza la defensa del ex diputado, Juan Carlos Manríquez, no se opusiera a la petición de medidas cautelares propuestas por la fiscal Paola Castiglioni.

El jurista manifestó que espera "un juicio oral pronto", que le despeje el camino a Enríquez-Ominami para buscar una nueva candidatura a La Moneda el próximo año.

Esto, porque esa ambición se vería frustrada en caso de que el Ministerio Público le formulara una acusación cuando concluya la investigación.

"Para nadie es un misterio que mi representado es candidato presidencial. Bajo ese punto de vista, nuestro principal norte es un juicio oral pronto, abierto, público y contradictorio, por el efecto del inciso segundo del artículo 16 de la Constitución: esto es que, presentada la acusación derechamente, se le suspenden sus derechos políticos y se achica la cancha presidencial", explicó Manríquez en la audiencia.

"Bajo ese punto de vista, lo que nosotros queremos es -por razones meramente tácticas y estratégicas- en este minuto, allanarnos a las medidas que ha propuesto el Ministerio Público, pura y simplemente teniendo en cuenta que nuestro interés está puesto allá (en el juicio) y no necesitamos ningún mayor detalle por ahora", agregó el abogado.

La presentación contra ME-O fue liderada por el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, quien dijo que el excandidato presidencial tenía "absoluto conocimiento", de la forma en que SQM le aportó el dinero a su campaña.

En el marco de las movilizaciones que fueron convocadas en Chile y en Argentina bajo la consigna "#NiUnaMenos", para protestar por la violencia contra las mujeres, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, enfatizó que es necesario un cambio cultural para enfrentar esa problemática.

"Necesitamos que el cambio cultural sea más rápido. El trabajo para erradicar la violencia en contra de las mujeres no sólo es una o dos campañas, es un trabajo constante. Hemos puesto el ojo también en generar una alianza con los y las dirigentes sociales a propósito de la prevención", dijo la secretaria de Estado en entrevista con Tele13 Radio.

Tolerancia cero

Pascual enfatizó que "no podemos permitirnos tener una sola mujer asesinada en el país producto de la violencia machista".

Fueron los más recientes casos de Florencia Aguirre (10), asesinada por su padrastro en Coyhaique, y de Lucía Pérez (16), quien fue violada y empalada por tres sujetos en Argentina, los que provocaron el repudio colectivo, que derivó en una convocatoria masiva a marchar contra la violencia de género.

La convocatoria a una marcha en Chile fue hecha para distintas ciudades del país, como Copiapó, Coquimbo, La Serena, San Felipe, Rancagua, Valparaíso, Concepción, Chillán, Temuco, Santiago y Puerto Montt.

La Presidenta Michelle Bachelet también se sumó a la campaña y en su cuenta de Twitter utilizó el hashtag de la campaña: "Por Florencia Aguirre de Coyhaique. Por Lucía Pérez de Mar del Plata. Por todas las mujeres, yo digo con fuerza #NiUnaMenos", publicó.

Por otro lado, la Corporación Humana dio a conocer ayer los resultados de una encuesta que reveló que un 85,8% de las mujeres cree que son discriminadas en el país.

El sondeo, además, mostró que un 92,9% de las consultadas afirma que Chile es un país machista. La ex ministra de Desarrollo Social, Clarisa Hardy, que asistió a la presentación del estudio, resaltó lo preocupante que es que las mujeres sigan percibiendo que sus derechos son vulnerados.

"Es alarmante que la percepción de discriminación se sostiene en el tiempo (...), una preponderancia del problema de la violencia", sostuvo según consignó Emol.

El sondeo además alertó que un 88% de las mujeres dice que ha sido acosadas sexualmente alguna vez.