El fiscal regional metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, se refirió ayer a las diligencias que se han llevado a cabo en el marco de la investigación penal que lleva adelante el Ministerio Público en la causa por las irregularidades en pensiones de Gendarmería.

Luego de que el jueves se incautaran los computadores del Ministerio de Justicia, incluido el equipo de la extitular de la cartera, Javiera Blanco, el persecutor aseveró que esto dice relación con la obligación del Ministerio Público "de preservar siempre la evidencia" y no descartó citar a declarar a la exministra.

Declaración

"La fiscal que está a cargo del caso tiene que ir definiendo cuáles son las diligencias necesarias y adecuadas para continuar con la investigación y obviamente que siempre va a estar la posibilidad de citar a todas las personas que puedan estar vinculadas al hecho", dijo Montes, en referencia a la fiscal Tania Sironvalle, quien lleva la investigación y deberá definir si es o no necesario contar con la versión de la extitular de Justicia.

Pese a esto, el persecutor desdramatizó la incautación del equipo de Blanco, ocurrida sólo un día después de su salida del cargo, y enfatizó que "no hay una imputación" a la ex secretaria de Estado.

"No hay una imputación a la ministra, no está en calidad de imputada. Lo que se ha pedido es la entrega del computador en forma voluntaria con el objeto de que si es necesario más adelante contar con esa información, esté disponible", sostuvo.

Preservar evidencia

Blanco entregó de manera voluntaria su computador a la PDI de Antofagasta, luego de que efectivos de la Brigada de Delitos Funcionarios, no encontraran el equipo en las oficinas del ministerio.

El fiscal Montes explicó que la diligencia se realizó por "la necesidad de preservar la evidencia", explicando que esto se hizo porque "cuando hay cambio de autoridades muchas veces se procede a resetear los computadores o asignarlo a otra persona. Lo que se buscaba acá era tener disponible la información".

"Cada vez que ha habido cambio de autoridades -en estas y otras investigaciones- lo que se ha hecho es solicitar el respaldo del computador respectivo con el objeto de, si el día de mañana se requiere la información, ésta esté disponible para los fines de la investigación", agregó.

Con firma quincenal y arraigo nacional quedó el exsubsecretario de Minería Pablo Wagner, quien fue formalizado por el delito de falsificación de instrumento público, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en el fallido proceso de licitación del litio en 2012.

La licitación, que se realizó durante el Gobierno de Sebastián Piñera, fue adjudicada en una primera instancia a SQM, pero fue invalidada luego de que se detectara que la minera no metálica incumplía uno de los requisitos en las bases, que implicaba no tener causas pendientes con el Estado.

Según expuso en la audiencia el persecutor Carlos Gajardo, Wagner estuvo implicado con la información falsa entregada en un documento público, que aseguraba que SQM cumplía con los requisitos para la licitación, lo que no era tal.

Según el Ministerio Público, lo anterior constituye el delito de falsificación de instrumento público. Gajardo aseveró que existió fraude de carácter ideológico por parte de la exautoridad de Gobierno.

El tribunal determinó firma quincenal y arraigo nacional para Pablo Wagner.