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ENTREVISTA. José Valdivieso, presidente de Conapas, que pide prórroga en Ley de Inclusión Escolar:

"Hasta ahora no se sabe cómo se financiará la compra forzada de establecimientos educacionales"

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Rosa Zamora

"Como está redactada actualmente la norma, creemos que más de un 30% de los colegios particulares subvencionados de carácter privado, cerrarán o se harán pagados" sostiene el presidente de la Confederación de Asociaciones de la Educación Particular Subvencionada de Chile, Conapas, José Valdivieso, a propósito de la Ley de Inclusión Escolar, que elimina el lucro y el copago, y que entró en vigencia en marzo del presente año.

El dirigente del sector particular subvencionado, que también es presidente regional de la Corporación Nacional de Colegios Particulares, Conacep, afirma que eso se debe a que las principales decisiones relacionadas con la calidad de los servicios educativos dependen en gran medida de la mantención y crecimiento de los inmuebles donde funcionan los colegios.

"Y sin saber en cuánto y cómo se endeudarán las nuevas corporaciones (sin fines de lucro para acceder a recursos públicos) los sostenedores preferirán mantener un proyecto educativo sin subvención, privado y de calidad, antes que llevarlo a una corporación sumida en la incertidumbre".

Desinterés de la banca

- ¿Por qué sostienen que el traspaso de la propiedad de los colegios a las entidades sin fines de lucro no será fácil?

- Las nuevas entidades sin fines de lucro nacerán totalmente endeudadas con los bancos y ante una eventual baja de su matrícula, y por lo tanto de sus ingresos por subvención, peligrará su permanencia, puesto que el Estado a través del fondo Corfo, subastará esa corporación o se hará propietario de ella. Por eso la banca privada no está interesada en ser parte de este gran endeudamiento que afectará al sistema educativo más importante del país. Además, se prohíbe el arriendo entre relacionados, dejando fuera dependencias que hasta hoy se arriendan, como gimnasios, canchas de fútbol o estacionamientos.

- Conapas plantea que muchos planteles ya estaban endeudados por la Jornada Escolar Completa.

- El incumplimiento por parte de Ley de Inclusión respecto de los convenios firmados por los sostenedores y el Estado para la implementación de la Jornada Escolar Completa, agrava aún más el traspaso de las propiedades, debido a que éstas se encuentran hipotecadas a favor del Fisco y de bancos que acudieron a otorgar créditos para la construcción de nuevos locales escolares. Todo ello, se suma negativamente junto al término del copago que hará disminuir los ingresos reales de colegios que sustentan en gran parte sus servicios educativos en las colegiaturas, debilitando la estructura financiera de las nuevas corporaciones, afectando la reinversión para nuevas dependencias o ampliaciones.

Reglamentos atrasados

-¿Hasta dónde la tardanza del reglamento de tasaciones ha influido en la incertidumbre sobre el destino de los inmuebles y por ende del proyecto educativo de los colegios?

-Incide considerablemente para aquellos colegios que optarán por transformarse en corporaciones, por cuanto sólo restan meses para marzo del próximo año y por ende, para decidir el futuro de los proyectos educativos. Sin la claridad de los reglamentos, en especial el de tasaciones, que influye respecto a la disposición de los bancos para otorgar créditos, estamos tomando decisiones apresuradas y sin un conocimiento certero, que podrían afectar negativamente a toda la comunidad escolar, incluyendo a los profesores, asistentes de la educación y muy en especial a las familias.

- ¿Esta situación constituye un incentivo para que los colegios se transformen en particulares pagados o busquen otros usos para los edificios?

-No es un incentivo, por cuanto nosotros con plena convicción, somos ante todo instituciones privadas dispuestas para un servicio educativo público. Sin embargo, la Ley de Inclusión no nos reconoce como tales y tampoco otorga las condiciones suficientes a las nuevas futuras corporaciones, de tal modo que les permitan mantenerse con visión de futuro en el sistema. Lo que podría finalmente obligarnos a tomar decisiones forzadas, como hacernos particulares pagados o desprendernos de nuestros inmuebles para otros usos que no sean educativos. El costo para las familias es inmensurable, por cuanto afectará generaciones de estudiantes. No se trata de instituciones de servicios básicos, sino de personas y sobre todo del futuro formativo de ellas.

Mesa de trabajo

- ¿Cuál es el sentido de la prórroga en la aplicación de la ley que está pidiendo Conapas?

- Desde junio último, cuando se expuso en la Comisión de Educación de la Cámara, Conapas ha solicitado reiteradamente a parlamentarios y autoridades del Mineduc, aplazar la fecha de aviso a las familias -que debemos dar en marzo del próximo año- respecto a la continuidad de nuestros colegios, con la única finalidad de establecer mesas de trabajo en conjunto, que den solución real, amparada en la recuperación de las confianzas de la educación particular subvencionada, reconociendo nuestro real aporte al país y reorientándonos hacia la calidad, equidad y libertad que han escogido las familias.

- El 31 de diciembre de 2017 vence el plazo para transferir la administración de los colegios a personas sin fines de lucro. ¿Qué complejidades tiene esto?

- Cuando se aprobó la Ley de Inclusión, se establecieron fechas graduales para garantizar la entrega de los reglamentos de esta ley, que según el Mineduc estarían dispuestos el año 2015. Sin embargo los plazos no se cumplieron y recién en el segundo semestre de este año se entregaron reglamentos muy importantes, como el de la propiedad de los inmuebles. Hasta hoy no se sabe cómo se financiará la compra forzada de los colegios. Los contratos de arriendo impuestos por esta ley son prácticamente inviables y por lo tanto, existe más incertidumbre que antes. En definitiva, el plazo del 31 de diciembre del 2017 está obsoleto y se requiere de una profunda reingeniería.

Confederación pide aplazamiento

La Confederación de Asociaciones de la Educación Particular Subvencionada de Chile, Conapas, reúne a través de sus organizaciones regionales, a más de 1.300 establecimientos particulares subvencionados a lo largo del país. Su presidente dice que en conjunto con parlamentarios de distintos políticos, "solicitamos fehacientemente aplazar la fecha de aviso respecto de la continuidad de nuestros proyectos educativos, que por ley corresponde dar en marzo del 2017"

"Sin saber en cuánto y cómo se endeudarán las nuevas corporaciones, los sostenedores preferirán mantener un proyecto educativo sin subvención, privado y de calidad" "La banca privada no está interesada en ser parte de este gran endeudamiento que afectará al sistema educativo más importante del país""