Sergio Salas
Landeau Académico
Escuela de
Negocios y
Economía,
PUCV
El próximo martes 13 de diciembre, el Senado de Chile deberá votar el proyecto de ley que permite que adultos y adolescentes, entre los 14 y 18 años puedan pedir un cambio de sexo en materia registral, sin la necesidad de contar con la aprobación de sus padres.
El proyecto de ley ha sufrido modificaciones desde su inicio, pero se mantiene un principio polémico. Un niño o adolescente menor de 18 años, tiene la facultad de decidir sobre su género, por sobre objeción de sus padres. En casos en los cuales alguno de los padres esté en desacuerdo sobre la decisión del hijo o hija, será, en última instancia, un juez quien lo determine.
El tema es complejo. Muchos estudios en psicología -y el lector con hijos adolescentes probablemente estará de acuerdo- plantean que la madurez fisiológica y psicológica parece ser alcanzada incluso más allá de los dieciocho años.
En mi opinión, dar la autoridad a un tercero, en este caso un juez, sobre esta decisión, es un error. Los padres son los directos responsables y cargan con los costos, de toda índole, concernientes con sus hijos menores de edad. De hecho, la ley, virtualmente, elimina costos futuros al menor por su decisión, pues al cumplir los 18 años la puede revertir.
Sin embargo, mi mayor preocupación en torno al tema es que esta ley sea una paso más de una agenda más amplia, que bajo el pretexto de preservar "derechos fundamentales" de un individuo, enajene a los padres de la instrucción y tutela de sus propios hijos. Me parece que se debe objetar la idea de que un tercero -juez, tribunal o gobierno-, sea el que sepa lo que es mejor para nuestros propios hijos.
sergio.salas@pucv.cl
