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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó el viernes una nueva querella por presunto fraude al fisco en la investigación por el denominado caso Basura, que persigue supuestos actos de corrupción al interior de los municipios de Maipú, Cerro Navia, Colina y Ñuñoa. Según un informe de Emol, la acción penal va dirigida contra el reelecto alcalde de Colina, Mario Olavarría, y el ex edil de Ñuñoa, Pedro Sabat.

La presentación también incluye a la administradora municipal y al director de Desarrollo Comunitario de Cerro Navia, Marcela Morales y César Vidal, respectivamente; a la ex directora de Desarrollo Comunal de Colina, Isabel Margarita Valenzuela; y a la ex directora de SECPLA de la misma comuna, Jessica Lorena Severino.

De acuerdo a los antecedentes, todos ellos serán formalizados en la audiencia programada para el 21 de este mes ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago.

El documento -ingresado el viernes por la abogada del CDE, Irma Soto Rodríguez- apela que Olavarría, en su calidad de alcalde, junto a las funcionarias de su municipio Valenzuela y Severino, habrían suscrito un contrato con Morales con el supuesto objeto de desempeñar diferentes servicios a honorarios, específicamente labores de apoyo a SECPLAN.

Estos trabajos -de acuerdo a la investigación del Ministerio Público mencionada por ese portal- no habrían sido realizados ya que Morales, desde los años 2008 hasta 2014, se desempeñó como secretaria de Planificación Comunal de Cerro Navia, y posteriormente y hasta la fecha, como administradora de la misma comuna, defraudando al municipio de Colina en $ 48.555.546.

Lo mismo habría ocurrido, según la Fiscalía, respecto del funcionario César Vidal "con el supuesto objeto de desempeñar diferentes servicios a honorarios, los que consistían en la supuesta realización de labores de apoyo profesional a la DIDECO".

Ello significó para el municipio de Colina la defraudación de $ 35.666.656, debido a que Vidal, desde el año 2010, mantiene contrato con la Municipalidad de Cerro Navia como Director Comunitario.

La acción penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) también apunta a presuntos actos de cometidos en la Municipalidad de Ñuñoa, específicamente aquellos relacionados con la "Propuesta pública nacional e internacional para contratar los servicios de gestión integral de residuos sólidos generados en la comuna".

La investigación, de acuerdo al libelo, ha logrado determinar que habrían irregularidades en la licitación de la basura en 2012, la que fue adjudicada a la empresa KDM Demarco, cuyo subgerente -al momento de la negociación y renovación de contrato - era el hermano de Pedro Sabat, Claudio Sabat Pietracaprina.

Lo anterior, porque la oferta de KDM habría sido considerablemente más cara que el contrato vigente por recolección de basura y el barrido de calles (72%).

Lo anterior, según el texto, "significó que el municipio pasó de pagar $ 98 millones a $ 167 millones por la recolección de basura; y de $ 50 millones a $ 91 millones por el barrido de calles".