Uno de los sectores más afectados por la paralización que afectó a los servicios públicos fue el comercio exterior, situación que tuvo uno de sus puntos más conflictivos en el Puerto Seco de Los Andes.

Esto a raíz del atoche de camiones, y sus respectivas mercancías, a la espera de que la carga fuera revisada por Aduanas, SAG y el Servicio de Salud, entidades que también estaban movilizadas.

Eso desembocó en que los transportistas debieran encarecer sus gastos por concepto de almacenaje, a la espera que se normalizara la situación.

En esa línea, la Cámara Aduanera revela que los costos totales de la movilización por el reajuste salarial -que se prolongó la de los 16 días- alcanzaron casi a los US$ 500 millones. "En una estimación consideramos que las pérdidas del sector por esta paralización alcanzó los US$ 492 millones para el comercio exterior y en específico para los importadores y exportadores", comentó el presidente de la entidad, Javier León.

El líder gremial también se refirió a las consecuencias que tendrá este conflicto desde el punto de vista económico pues, a su juicio, ese costo extra será cargado al consumidor final.

"Eso lo va a terminar pagando toda la comunidad porque van a subir los precios de la carne, los perecibles, los granos , sobre todo los provenientes del puerto terrestre de Los Andes donde se atochó una gran cantidad de carga", enfatizó León .

"A eso se suman otros insumos como vestuario y artículos electrónicos , algunos de los cuales venían por vía marítima", precisó el personero.

El timonel de la Cámara Aduanera también considera que eso, en un plazo de dos meses, va a provocar inflación en el país.

"Los precios deberían subir por un periodo que se va a prolongar entre uno y dos meses, y en que se estabilicen creo que podría llegar a seis meses más", advierte el personero.

"A eso hay que sumar el paro de Aduana que viene el 23 de noviembre", concluyó.

Alexis Paredes R.

El fin del paro del sector público está lejos de aquietar los ánimos en las distintas reparticiones. Al descontento por la aprobación de una ley de presupuesto en que el guarismo no se movió del 3.2%, muy lejos del 7% que originalmente pidieron los empleados fiscales al Gobierno, ahora se suma la incertidumbre ante eventuales descuentos por los días no trabajados de los funcionarios.

Durante esta semana, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, generó las primeras interrogantes, al señalar que "sería ilegal pagar las horas que no se trabajaron", subrayando que "existe jurisprudencia respecto a que se deben realizar los descuentos".

Tales aseveraciones fueron refrendadas por el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, respecto al instructivo a los jefes de servicio para aplicar los descuentos respectivos.

Sin embargo, tras el fin de la movilización, ninguna repartición regional ha entregado un pronunciamiento oficial sobre posibles descuentos en los sueldos.

De hecho desde el Serviu Valparaíso, cuya dirección regional envió al ministerio una nómina con los trabajadores que se plegaron a la huelga, la única repartición junto con Antofagasta que acogió la instrucción sectorial, fueron cautos en señalar que "se está a la espera de las instrucciones del ministerio", sin ánimo de ahondar en las consecuencias salariales que tendrá la huelga.

Un alto funcionario del Gobierno Regional, aseveró que "será muy difícil que se apliquen descuentos, ningún jefe está dispuesto a aplicarlos, ya que abandonar el lugar de trabajo es causal de despido y quedar fuera de la administración pública".

Las situaciones más complejas podrían registrarse en municipios y en los servicios de salud, ya que la Fenats estuvo movilizada desde el pasado 19 de octubre, fecha desde la cual mantuvo sólo turnos éticos, lo que generó un colapso en el cronograma de las cirugías electivas y atenciones médicas programadas.

En este ámbito, la ministra del ramo, Carmen Castillo, advirtió que "hay que considerar el descuento, es parte de las reglas del juego que uno establece. Cuando uno no trabaja no recibe sueldo".

Desde la ANEF regional, la presidenta regional, Mabel Zúñiga, fue categórica en manifestar que "estamos en alerta, se baja el paro y nos preparamos para funar a las jefaturas que tomen represalias". Por tal motivo la mesa del sector público se está asesorando jurídicamente para tomar las acciones pertinentes.

La dirigenta del sector público adelantó que "hemos recibido algunas denuncias de servicios públicos por amenazas. En Sernam, el alcalde Viñambres que ahora que ganó la elección está tratando de perseguir a los funcionarios municipales. Empiezan a mostrar la verdadera cara de inmediato".

Zúñiga insistió que "a todos ellos, si los tenemos que funar, lo vamos a hacer. Estamos armando los equipos jurídicos, creemos que tenemos todas las condiciones para ganar cualquier demanda contra aquellos que infrinjan descuentos o amenazas a los trabajadores. Nos estamos preparando desde lo jurídico".

Los pagos correspondientes al mes de noviembre comenzaron ayer para los funcionarios de planta y a contrata, pero se estima que los posibles descuentos podrían ocurrir en las liquidaciones de diciembre próximo, al existir un desfase desde que se emiten los informes para pago hasta el momento en que se entregan las liquidaciones a los trabajadores.

"Tenemos todas las condiciones para ganar cualquier demanda contra aquellos que infrinjan descuentos o amenazas a los trabajadores"

Mabel Zúñiga, Presidenta regional ANEF"