Alexis Paredes R.

Un duro debate, que se extendió por casi dos horas, se desarrolló en el último pleno del Consejo Regional, luego que el Ejecutivo del Gore traspasara $ 4.500 millones contemplados para el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), instrumento que financia iniciativas de innovación e investigación al que postulan numerosas universidades y centros de estudios, para ser utilizados en proyectos tradicionales del FNDR.

El cambio en las asignaciones presupuestarias sin consulta al Core, generó molestia entre los consejeros, ya que cualquier decisión sobre reasignación de provisiones debe pasar por el cuerpo colegiado, según establece la Ley Orgánica de Gores y de Presupuesto. Ante la irregularidad administrativa se hará una presentación ante Contraloría y ameritaría sumarios y sanciones.

Discusión

La discusión se generó cuando el pleno debía aprobar una cartera de cinco proyectos priorizados en la Comisión de Ciencia y Tecnología, la que se debió votar en dos oportunidades para llegar a un acuerdo. Finalmente se adjudicaron recursos para cuatro iniciativas de la UTFS, Universidad Andrés Bello, Centro Regional de Estudios de Alimentos Saludables e Instituto Agropecuario, por un total que supera los $ 500 millones.

Críticas por reasignación

Al momento de tomar la decisión por parte del pleno, las críticas respecto a la reasignación de las partidas del FIC no tardaron en encender los ánimos. El consejero Manuel Millones (UDI), sostuvo que al ser un concurso público y normado por un proceso "claro y transparente", donde participó en todas las exposiciones de los proyectos, "nunca me había tocado ver tan mala calidad de los proyectos presentados, salvo algunas excepciones que se pudieron rescatar, muchos de ellos no tienen la calidad de innovación".

El consejero criticó que el ejecutivo del Gore "no nos consultó cuando transfirió al subtítulo 31 del FNDR los $ 4.500 millones que la ley fija en la glosa presupuestaria para gastar en Fondos de Innovación. La División de Análisis y Control de Gestión pasó a llevar los dictámenes y reasignó estos recursos. Eso significa que no hay concurso este año con cargo al presupuesto 2016, por tanto lo que aprobamos irá con cargo a la glosa 2017".

Millones insistió que "la ley obliga que las modificaciones presupuestarias tienen que pasar por la aprobación del Core, por lo que la transferencia fue inconsulta y discrecional".

Piden investigación

Por tal motivo se solicitó abrir una investigación sumaria y un pronunciamiento de Contraloría Regional, a objeto de salvaguardar las responsabilidades políticas.

El consejero Iván Reyes (RN) compartió los reparos, al igual que la core Tarita Alarcón (Ind.). Esa última insistió en las irregularidades por la reasignación de fondos FIC, "sin consulta a este órgano colegiado", solicitando un pronunciamiento de Contraloría.

El jefe de la Diplad, Miguel Toledo, explicó ante el pleno que las bases del concurso se aprobaron el 23 de febrero pasado y que, posteriormente, se modificó el calendario de postulación para recepcionar proyectos hasta el 23 de marzo, generándose un retraso en la calificación de las iniciativas.

Si bien reconoció que no se presentó el oficio para la modificación presupuestaria, "dada la dinámica de un concurso que se publicó el 23 de febrero, pero que a la fecha aún no se puede priorizar, se están transfiriendo recursos de esta provisión, que entiendo el Gore tiene que darle la explicación a la Dipres para transferir hacia el ítem 33 de inversión regular".

El personero subrayó que "acá no se ha incorporado ningún proyecto adicional desde el Ejecutivo para gastarse la plata del FIC, sino que se trata de proyectos priorizados por el propio Core y que se requiere darles continuidad".

Para recuperar los fondos FIC el 2017, se deberá pedir una modificación presupuestaria para reasignar recursos del FNDR y se incremente el FIC, situación que "nunca se ha hecho en la historia", por lo que fue puesto en duda por el core Millones. El procedimiento deberá ser zanjado por Contraloría.

"La ley obliga que las modificaciones presupuestarias tienen que pasar por la aprobación del Core; la transferencia fue inconsulta y discrecional"

Manuel Millones, Consejero regional"

millones del FIC se destinarán a iniciativas presentadas por universidades de la región y centros de estudio. 4

El Tribunal Constitucional (TC) tomó acuerdo esta semana tras los alegatos para decidir si acoge o no el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la defensa del diputado Christian Urízar (PS), luego que la Corte Suprema declaró admisible los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y el CDE, a objeto de revertir el rechazo a la solicitud de desafuero en contra del legislador, formalizado por fraude al Fisco.

A seis meses de presentado el recurso -que busca evitar que el máximo tribunal del país revise la causa-, en la sede del TC, ubicado en calle Huérfanos, se realizaron los alegatos donde participaron el defensor privado de Urízar, Andrés Benavides; la abogado de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, y la abogado consejera del CDE, María Inés Horvitz.

La defensa de Urízar basó sus alegatos en la impugnación al artículo 418 del Código Procesal Penal (CCP), ya que dicho precepto es contrario a lo dispuesto por la Constitución Política, respecto de las causales por las cuales se puede apelar a un fallo de desafuero de un parlamentario. "Según nuestra Constitución, sólo se puede apelar en aquel caso en que el pleno de una Corte de Apelaciones acoge la petición de desafuero, declarando haber lugar a formación de causa, no así en el evento que sea rechazada tal petición. En esa hipótesis no procede recurso alguno, tal como lo dispone el artículo 61 inciso segundo de la Carta Fundamental", aseveró el defensor.

Según enfatizó Benavides, tanto el Ministerio Público como el CDE, basaron sus apelaciones "en una norma de rango de ley y, de acuerdo a nuestro parecer, esa norma colisiona con el artículo de la Constitución. En virtud del principio de supremacía constitucional, lo que debiera primar es que, sobre la resolución del pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que rechazó la solicitud de desafuero en contra del diputado, no procede recurso alguno. Como consecuencia de ello, debe dictarse el sobreseimiento definitivo respecto del diputado".

El acuerdo (decisión) tras los alegatos sobre el recurso de inaplicabilidad ya fue adoptado por el TC y el fallo está en redacción por parte de uno de los ministros, a la espera que sean notificados los intervinientes.

"Los ministros que escucharon los alegatos ya se reunieron para decidir de qué manera resolverá el caso y estamos a la espera de la publicación del fallo una vez que sea notificado", sostuvo el profesional.

El 18 de abril pasado, a más de un año de haber sido formalizado, la Corte de Apelaciones rechazó la solicitud de desafuero por fraude al fisco en contra del diputado Urízar, por su presunta participación en la sobrevaloración de precios y desvío de fondos para campañas políticas, por un monto de $60 millones, a través de la presentación de proyectos concursables con cargo al 6% del FNDR. El voto de mayoría del tribunal de alzada calificó como "suposiciones carentes de sustento" los antecedentes presentados por Fiscalía y el CDE.