Era cerca de las 3.15 de la madrugada de ayer cuando la alarma de la sucursal del Banco Estado de Playa Ancha, ubicada en avenida Playa Ancha N° 150, comenzó a sonar, alertando de inmediato al personal de la Primera Comisaría Sur de Carabineros, ya que el dispositivo se encuentra conectado a la unidad policial.

Al concurrir al lugar, los efectivos no percibieron nada extraño desde el frontis del recinto bancario. Sin embargo, una vez que llegó el encargado de seguridad de la entidad bancaria para abrir las puertas de la sucursal, se encontraron con escenario distinto: una serie de cables cortados dieron cuenta primero del afán de los delincuentes por desactivar la alarma.

Además, pese al breve que permanecieron al interior del recinto tuvieron tiempo para llegar con tres bolsos y herramientas hasta la oficina donde se ubica una caja fuerte, portando incluso un tubo de oxígeno para aplicar la técnica del oxicorte.

Sin embargo, el fuerte sonido de la alarma frustró todos sus planes, huyendo rápidamente por donde ingresaron, dejando todos sus implementos botados, los cuales serán periciados, junto a los registros de las cámaras de seguridad, por personal del laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

Para mañana, la fiscal instructor de la Contraloría Regional, Paola Donoso Sandoval, agendó una serie entrevistas y toma de declaraciones a funcionarios del Gobierno Regional que aparecen en calidad de sumariados y como testigos en la investigación por graves irregularidades y faltas a la probidad en los procesos de adjudicación y ejecución de licitaciones y para una consultoría comunicacional por trato directo, que totalizan $ 172 millones.

Se espera que, tras los interrogatorios, la Contraloría resuelva eventuales sanciones o nuevas diligencias por las anomalías detectadas, tras un examen de cuenta del órgano contralor practicado en la División de Planificación y Desarrollo (Diplad), en el proceso de licitaciones públicas para la contratación de servicios para estudios territoriales en los valles de Cabildo y Petorca. El proceso, ejecutado entre julio y octubre de 2015, culminó con la adjudicación de ambos concursos a la empresa Haza Ingeniería, por 70 millones cada uno, por los cuales se cancelaron dos estados de pago por $30 millones.

La auditoría que realizó la Contraloría y cuyo informe final se conoció en septiembre pasado, compromete al exjefe de dicha división, ingeniero Alexis Bustos, actual secretario técnico de la Comisión Promovilidad y asesor directo del intendente Gabriel Aldoney. También se cuestiona la actuación de una colaboradora de Bustos en la Diplad, Nelda Garcés, quien habría cometido graves faltas a la probidad administrativa en los procesos de licitación, al tener un grado de parentesco con uno de los socios de las empresas beneficiadas y haber articulado una serie de acciones que le restaron imparcialidad a los procesos, al existir conflicto de intereses con los oferentes.

En el caso de la asesoría comunicacional por $32 millones y que se adjudicó por trato directo a la empresa Signo, uno de los socios era concuñado de Garcés. Además la empresa entregó un informe considerado "copy paste" de uno similar del año 2012 y por el cual se alcanzaron a cancelar $ 13 millones.

Cabe consignar que, en julio de este año, el Gore puso término anticipado a los contratos celebrados con la empresa Haza, por "incumplimiento grave de diversas obligaciones contractuales".

Origen de denuncia

El 12 de mayo, la consejera regional Evelyn Mansilla interpuso una denuncia ante la Fiscalía regional en base a los informes del exauditor del Gore, Osvaldo Maldonado, quien fue despedido luego de presentar un informe donde detectó una serie de anomalías en el proceso de contrataciones públicas en la Diplad, antecedentes que fueron expuestos al intendente Gabriel Aldoney en febrero pasado.

Luego que la Contraloría Regional recibiera los antecedentes, realizó un examen de cuenta en la Diplad, cuyo contenido se conoció en el Informe de Investigación Especial N° 592, evacuado el 16 de septiembre de este año, dando cuenta de diversas anomalías administrativas y faltas a la probidad.