Cristián Rojas M.

En el marco del debate sobre educación superior organizado por la Fundación Edmundo Eluchans y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que se llevó a cabo en el Salón de Honor de esa casa de estudios, los diputados Camila Vallejo (PC) y Jaime Bellolio, miembros de la Comisión de Educación de la Cámara, expusieron sus puntos de vista en torno a la reforma en curso y particularmente sobre la posibilidad que la oposición acuda al Tribunal Constitucional (TC) por la glosa de gratuidad.

Tras el debate, en el que además participaron el rector de la PUCV, Claudio Elórtegui, y su par de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, el diputado Bellolio explicó que "nosotros hemos hecho en la Cámara de Diputados una reserva de constitucionalidad por tres puntos: el primero de ellos tiene que ver con ese tratamiento desigual que todavía persiste entre universidades estatales y universidades no estatales, en donde se exige que tengan cuatro años de acreditación, pero hay cuatro universidades estatales que no tienen cuatro años de acreditación, tienen tres años pero pueden acceder a los beneficios sólo por el hecho de ser estatales, entonces hemos reclamado que no puede haber esa discriminación arbitraria".

El segundo punto dice relación con las becas en el sistema universitario, "en donde si hay dos gemelos y uno va a una universidad del Consejo de Rectores tiene una beca muy superior que si va a una universidad privada, aun cuando esa universidad tenga mucho mejor acreditación que alguna de esas universidades del CRUCh, y eso a todas luces es una condición de injusticia y discriminación arbitraria", afirmó Bellolio.

El tercer argumento, añadió el parlamentario, "tiene que ver con los centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP), que queremos que obviamente sea la calidad de las instituciones y la vulnerabilidad de los estudiantes lo que permita que ellos puedan acceder a la gratuidad y no otras condiciones que ya el Tribunal Constitucional en su fallo del año pasado, ha dicho que no eran propias".

En este sentido, Bellolio cree que "la única solución posible es decir que se va a equiparar la Beca Bicentenario con la Beca Nuevo Milenio, lo cual significaría un aumento importante en mejoría para muchos estudiantes que hoy día van a universidades privadas, inclusive algunas que no han adherido a la gratuidad, porque significaría mucho menor copago de los estudiantes. Yo ponía un ejemplo que en las universidades del CRUCh es cerca de $400.000 el copago, en cambio en las universidades privadas es cerca de $1.700.000, entonces queremos equipararlo".

Otra fórmula, agregó, "es que el Gobierno establezca un número máximo de cupos para becas, si es que dice que no hay más dinero, y que esos cupos sean determinados a través de vulnerabilidad y calidad de la institución, y no por otras vías".

Por ahora la oposición no ha recurrido al TC, porque, según explicó el diputado UDI, queda un trámite en el Senado y ahí esperan que "el Gobierno cambie esta condiciones, queda trámite legislativo, y por tanto, sólo si es que ellas no se cambian ahora, es que terminaríamos yendo al Tribunal en aquellas materias".

El eventual recurso ante el TC, a juicio del diputado, no pondría en riesgo la gratuidad, "porque aquellos que hoy día están la siguen manteniendo, y el Gobierno es el único que puede sacar o meter instituciones, igual que el año pasado, y yo lamento que el año pasado haya querido dejar afuera a los CFT e IP, diciendo que no había plata, y a mitad de año el Gobierno haya sacado 50 mil millones de pesos que le sobraron de la glosa de gratuidad, que habrían permitido 25 mil estudiantes gratuitos en CFT e IP".

Al respecto, recordó que "había otras vías, nosotros le propusimos muchas vías distintas para que nunca sea la plata lo que impida que un estudiante pueda ingresar a la educación superior, así que yo espero que el Gobierno no sea obtuso en esto, ya el año pasado le dijeron que no podía hacer trampa, que no podía hacer discriminación arbitraria, así que esperamos que este año haya aprendido la lección".

Por su parte, la diputada Camila Vallejo (PC), hizo notar que "no es que la gratuidad sea igual al derecho, la gratuidad es un mecanismo para garantizar un derecho que es el derecho a la educación, a una formación integral de excelencia, y eso implica requisitos institucionales más que simplemente entregar subsidio a la gratuidad, entonces ahí va a estar el debate, me parece que eso es lo central, hay muchas instituciones privadas que están, obviamente, deseosas, ahora con el debate de gratuidad, de recibir recursos del Estado, aumentar su nivel de ingresos, y la verdad es que nosotros no estamos simplemente para satisfacer los intereses de instituciones que requieren más recursos del Estado, sino que garantizar un derecho con ciertos parámetros para la población".

Por otra parte, la parlamentaria subrayó que "el derecho a la educación tiene que ser universal, es algo que tienen que resguardar todos los estados, y por lo tanto, garantizar la provisión de educación con el fin de que todos los habitantes del país puedan acceder a una educación inclusiva, que le garantice una buena formación integral y que obviamente cumpla con una visión estratégica de desarrollo no solamente de profesionales y técnicos, sino que de ciudadanos. Ese derecho el Estado lo tiene pendiente, tiene que consagrarlo".

No obstante ser una tarea estatal, la diputada planteó que "si el privado puede colaborar en la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar ese derecho, por cierto, lo ha hecho durante mucho tiempo, hay instituciones privadas dentro del Consejo de Rectores que cumplen esa misión estratégica, puede haber otras, pero no puede ser simplemente tratar de garantizar ese derecho vía gratuidad a cualquier costo o a cualquier institución sin que cumpla requisitos mínimos de probidad, de transparencia, de garantizar fines públicos, un rol público, democrática, en fin".

En relación con el momento actual del proyecto de reforma a la educación superior, recordó que está siendo discutido con "distintos organismos, estudiantes, rectores, en fin, y por lo tanto, está en un punto muerto, un proyecto de ley que al parecer no va a ser aprobado tal como está, va a requerir modificaciones profundas, y por lo tanto, nosotros por lo que tenemos que abogar es para que el diálogo se reactive, que participen las organizaciones, que participe la ciudadanía en este debate, con sentido de urgencia pero que nos pongamos las pilas para poder sacar un proyecto que realmente recupere la educación superior como derecho, no como mercancía, y que permita avanzar en el fortalecimiento del rol público de las instituciones del Estado".

"En los CFT e IP queremos que obviamente sea la calidad de las instituciones y la vulnerabilidad de los estudiantes lo que permita que ellos puedan acceder a la gratuidad y no otras condiciones"

Jaime Bellolio, Diputado UDI, miembro de Comisión de Educación"

"La gratuidad es un mecanismo para garantizar el derecho a la educación, a una formación integral de excelencia, y eso implica requisitos institucionales más que simplemente entregar subsidio a la gratuidad"

Camila Vallejo, Diputada PC, miembro de la Comisión de Educación"